La presidente de la comisión de seguridad de la Legislatura provincial dio detalles de las conversaciones mantenidas con funcionarios de la provincia y adelantó que se prevé invitar al Ministro de Economía y a representantes del Poder Judicial, para seguir avanzando en el proyecto del legislador Pablo Villegas. De acuerdo a la información recibida, tras el anuncio de Jorge Macri y Patricia Bullrich sobre las cárceles modulares, aparecieron los inversores. Esta situación todavía no se da en la provincia, pero falta que se sancione la herramienta y se estimó un costo de 19 mil millones de pesos para la construcción de una cárcel nueva. Hasta el momento no hay objeciones a la operatoria público-privada y los requerimientos pasan por soluciones a corto, mediano y largo plazo.
Río Grande.- La legisladora Natalia Gracianía, presidente de la comisión de seguridad, informó sobre las actividades de esta semana vinculadas con el proyecto de emergencia carcelaria presentado por el legislador Pablo Villegas, que abriría la puerta a una operatoria público-privada.
Dijo que este martes participó de la inspección ocular que determinó la Justicia en la unidad de detención de Río Grande y la alcaidía de Ushuaia. “Pudimos ingresar a todos los pabellones y ver la situación de cada uno. En los próximos días va a haber un informe técnico sobre la situación de la estructura del edificio que se comparte junto con la Jefatura de Policía en Ushuaia, donde actualmente hay una población carcelaria importante. En el pabellón 1 hay 70 personas que comparten un espacio, hay un SUM que de día se usa para visitas, y por la noche se acomoda para que puedan dormir esas 70 personas todas juntas. Hablamos con los detenidos y algunos de ellos duermen sobre las mesas que hay en el espacio. Hay buena predisposición de quienes ocupan este pabellón para acomodarse de la mejor manera posible. La mayoría de las personas de este pabellón son condenados por delitos de integridad sexual. Ese es el pabellón más poblado y es el que recibe a los ingresantes”, describió.
“La alcaidía no debería ser un lugar de detención permanente, sino un lugar de paso. El viceministro de gabinete Jorge Canals y el director del servicio penitenciario, trajeron información detallada de la cantidad de internos en cada lugar de detención y todos están superpoblados. La unidad de detención en Río Grande estaba planteada para 64 personas y ahora hay más de 100 detenidos. Actualmente la población es un total de 348 personas. La unidad de detención de Río Grande cuenta con un anexo, y en Ushuaia tenemos la alcaidía y los anexos. De ese total de reclusos hay 103 que están procesados por distintos delitos, y el resto está con condena. Lo preocupante es que están conviviendo procesados con condenados, porque no hay espacio para separarlos”, dijo.
Como dato, aportó que “en el último año la población privada de la libertad creció más del 20% y la proyección es de un 30% de aumento, por eso abrimos la discusión para escuchar a los actores involucrados. Hubo oportunidad de resolver problemas de infraestructura pero no se tomaron esas oportunidades, porque hace dos años se contaba con el dinero para construir una nueva cárcel”, recordó.
“Además de los reclusos nos preocupa seriamente el personal penitenciario, que cumple su función en esos lugares y debería poder realizar su tarea en mejores condiciones laborales”, reclamó.
“Estamos analizando la posibilidad de declarar la emergencia del sistema penitenciario y esto está basado en un proyecto del legislador Pablo Villegas. Los legisladores hemos coincidido en incluir en la declaración de emergencia posibles alternativas, como la operatoria público-privada para construir una cárcel, para ver si hay algún interesado en hacer la inversión. Dejamos a salvo que la seguridad es indelegable y va a quedar en manos del Estado provincial”, anticipó de la postura favorable de sus pares a este tipo de inversión privada.
“Los funcionarios de gobierno presentaron las soluciones que plantean para corto, mediano y largo plazo. El viceministro Jorge Canals nos informó de la apertura de un nuevo anexo que va a poder alojar 30 personas. En Río Grande también va a haber un nuevo anexo, para alojar a 70 personas. Esto a corto plazo descomprime la situación que hoy tenemos, pero no la soluciona por la proyección de crecimiento que hay de la población carcelaria. Como dijo el viceministro, esto es un parche ante el requerimiento que tenemos hoy en la provincia”, señaló.
“Para mediano plazo estuvieron conociendo los proyectos de cárceles modulares y es una posibilidad que están evaluando. A largo plazo nos hablaron de la construcción de una nueva cárcel, pero todavía no tiene financiamiento. El costo aproximado sería de 19 mil millones de pesos”, indicó.
“Fueron puestos sobre la mesa todos los reclamos que nos hicieron tanto desde el servicio penitenciario como de parte de los internos, pero entendemos que es necesario invitar al Poder Judicial, para que nos dé su visión sobre el tema. Esto no se trata solamente de mejorar la infraestructura y las condiciones de habitabilidad, sino que buscamos que todos los actores involucrados encuentren alguna solución a corto y mediano plazo. Desde mi punto de vista, entiendo que podemos hablar con el Poder Judicial sobre los procesados, para ver qué herramienta legislativa necesita para resolver sobre delitos menores, con el fin de bajar la cantidad que hay sin condena”, planteó.
“Desde la Legislatura estamos dispuestos a trabajar cualquier herramienta legislativa que pueda aportar soluciones”, aseguró.
Inversiones posibles
La legisladora no descartó la posibilidad de que surjan inversores privados interesados en construir la cárcel. “Le preguntamos al viceministro sobre la posibilidad de atraer un inversionista que quiera construir una cárcel en la provincia. Dados los anuncios que hicieron Jorge Macri y Patricia Bullrich sobre las cárceles modulares, inmediatamente aparecieron inversores interesados en este proyecto. Hoy la provincia no tiene nadie interesado, pero tampoco existe la herramienta concreta para hacerlo”, dijo.
“Somos optimistas porque vemos predisposición de parte de cada uno de los actores y también está previsto convocar al Ministerio de Economía, para conocer los cambios que se necesitarían al proyecto original”, apuntó.
Personal del servicio penitenciario
Asimismo, destinó buena parte de su discurso a poner de relevancia la necesidad de atender la situación del personal del servicio penitenciario, que “no es suficiente y a diario debe lidiar con los detenidos. Para mí es sumamente importante la contención psicológica que no tiene el personal del servicio penitenciario. Luego hay personas que tienen que realizar tratamientos que están condenados, y ese es otro problema que no está resuelto. No hay profesionales que quieran trabajar dentro del servicio penitenciario y el personal no tiene contención psicológica. Pasan gran cantidad de horas con personas privadas de la libertad, con situaciones de mucha tensión, trabajando en lugares sumamente pequeños, con muchas deficiencias edilicias. Son muchas las cosas que no están siendo resueltas. El director del servicio penitenciario nos informó que han contactado psicólogos de manera particular. Tenemos que cuidar a quienes cuidan de nosotros, que están viviendo situaciones tan críticas, con conflictos permanentes. El personal además está cobrando bajos sueldos”, observó.
Las reuniones continuarán con el objetivo de enriquecer el proyecto de Villegas, porque “nosotros no queremos generar una ley que no sirva para nada, por eso estamos trabajando”, señaló la referente de Republicanos Unidos.
Convocatoria a elecciones
Por otra parte ratificó la postura en contra del llamado a reforma constitucional pero, de concretarse, presentarán un proyecto de “Constitución liberal”.
“Por supuesto que Republicanos va a presentarse en caso de que haya una convocatoria y vamos a presentar nuestro proyecto de Constitución para Tierra del Fuego. Nosotros nos manifestamos antes de ser electos y teníamos una postura contraria a la reforma constitucional, por el gasto que implica. Sería interesante que el gobierno de la provincia pudiera transparentar cuánto nos va a costar esta reforma. Hablamos de dinero público muy importante para esta reforma, porque tenemos que ir a un proceso de elecciones, elegir a 15 convencionales constituyentes, que en 60 ó 90 días van a estar recibiendo un sueldo idéntico al de un legislador provincial. Hay un gasto muy importante que se va a hacer y hay necesidades mucho más urgentes para invertir ese dinero. Esa fue nuestra postura desde el inicio y la seguimos manteniendo. En una de las sesiones se planteó la derogación de la ley que declaró la necesidad de la reforma y votamos a favor pero los votos no alcanzaron”, repasó.
“Frente a esta decisión que es ley, siendo respetuosos de las mayoría, vamos a participar como La Libertad Avanza y vamos a presentar nuestro proyecto de Constitución liberal para Tierra del Fuego”, concluyó.
