Así lo entendió Moisés Solorza, integrante de la multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande, luego de conocerse la decisión de la jueza Borruto de suspender el tarifazo del gas en Tierra del Fuego durante los próximos tres meses. Además, concibió que “debemos darle un blindaje legal declarando en Tierra del Fuego los servicios esenciales con rango de derechos humanos con la posibilidad de la ininterrupción por ninguna causa del suministro, esto le daría esa fortaleza por la que todos peleamos pero que pocos lamentablemente en la política hacen, que es darle un marco legal en Tierra del Fuego para que podamos tener garantizado el suministro más allá de la cuestión económica, es un derecho humano, no una mercancía”.
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