Desde la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande cuestionaron el proyecto que impulsa el Gobierno nacional, para bajar a 13 años la edad de punibilidad de las y los menores. También se refirieron a la postura del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Löffler, quien se manifestó a favor de tal iniciativa. Pidieron que las y los legisladores se pronuncien al respecto y señalaron que hay un estado que se corre de áreas como la educación y lo social, mientras se refuerza la cuestión represiva.
Río Grande – José Piñeiro, integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande, se refirió en declaraciones por Radio Provincia al proyecto de Ley que impulsa el Gobierno nacional, a través de los Ministerios de Seguridad y Justicia, para bajar la edad de punibilidad de las y los menores a 13 años. En ese sentido, indicó que “desde la Multisectorial estamos muy preocupados por este tema, porque ya ingresó este proyecto a nivel nacional, pero acá a nivel provincial esta iniciativa fue bien vista por el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Löffler, en la oportunidad que vino a Tierra del Fuego el ministro de Justicia de la nación, (Mariano) Cúneo Libarona”.
Recordó que, en ese momento, Löffler “declaró que veía bien esto de bajar la edad de punibilidad, porque en realidad hay que decir que se habla de bajar la imputabilidad, pero los menores pueden ser imputados porque se les puede imputar un delito, lo que hoy por hoy no puede suceder es que ese delito después sea punible, que tengan que ir presos. Ahora se quiere bajar de 16 a 13 años la edad y nos parece que eso, no ataca al fondo de la cuestión”.
“A ver, ¿qué se hace con esos menores que están delinquiendo? A quienes, incluso, muchas veces se dice que: los mandan a robar. Bueno, si los mandan a robar, mal remedio puede ser para esa cuestión meterlos presos. Hay que ver quién los manda a robar, cuál es la situación, cuál es la circunstancia, ¿porque ese menor, ese niño -porque estamos hablando de 13 años- está robando, o está cometiendo algún tipo de delito? ¿Por qué son utilizados para la venta de drogas, o para la distribución de drogas, o el delito que fuere?”, se preguntó el integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande.
En ese mismo sentido, manifestó Piñeiro: “Nos parece que la cuestión pasa por que intervengan otras áreas del Estado, que deberían ser las áreas sociales, el área educativa, hay que ver por qué ese chico o esa chica no está en la escuela, por qué está en la calle, qué pasa con la familia, si la familia lo puede contener, qué pasa en la casa, si es maltratado, o por qué está en esa situación. Entonces son otras áreas del Estado, de ese Estado que precisamente, y lamentablemente, este gobierno nacional en algunas cuestiones pretende achicar o destruir, como dice el propio presidente, cuando señala que es un topo que viene a destruir el Estado”, repasó.
Después, como contrapartida, señaló que el mismo Gobierno nacional “en otras áreas, como son las que tienen que ver con la cuestión de las cárceles, de las represión y demás, está poniendo mucho esfuerzo, ponen fondos, y apuestan a hacer crecer el Estado en esas áreas que tienen que ver con eso, con la seguridad, con la represión en realidad, o con la construcción de cárceles, se está hablando de cuestiones tan delirantes como una cárcel en la Antártida, se está apostando mucho a eso. Mientras tanto, se está tratando de destruir otras áreas del Estado que tienen que ver, precisamente, con los problemas que hacen que esos pibes y pibas estén en la calle delinquiendo”, subrayó.
Volviendo sobre la figura del presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y sobre el rol de los legisladores y legisladoras, Piñeiro reiteró que “preocupa que en Tierra del Fuego esto sea bien visto, como ya lo declaró el juez Löffler, y veremos si este tema es abordado en la Comisión de Seguridad de la Legislatura Provincial. En esto, también, hay que ver qué dicen los legisladores, porque por lo menos pareciera que uno de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia no ve con malos ojos que niños y niñas vayan presos; en una provincia que por otro lado tiene índices bajísimos de hechos delictivos cometidos por menores”, remarcó.
En el tramo final de la entrevista, comentó el integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos riograndense que “precisamente, son esos mismos sectores políticos o incluso desde el ámbito de lo que es el Poder Judicial, que dicen que la cárcel es una escuela de delincuencia, quienes están planteando mandar a esos pibes más temprano a esa escuela de la delincuencia de la que hablan. Están planteando mandar a nenes y nenas de 13, 14, 15 años a esas escuelas de la delincuencia, que también es otro tema y da para mucho hablar, por la situación de las cárceles y por qué son una escuela de la delincuencia y no el lugar que deberían ser y para el objetivo que deberían tener. Que es de seguridad y no para castigo y en las condiciones que deberían tener de habitabilidad y respeto de los derechos humanos”.
“Pero, volviendo al tema de los menores, es muy preocupante que esto esté avanzando, y esperamos escuchar voces desde la provincia, tanto desde el ámbito político como de los integrantes del Poder Judicial, porque hasta ahora lo que aquí escuchamos deja más preocupaciones que tranquilidad, sobre esta cuestión. Veremos qué es lo que pasa, pero es uno de los tantos debates en estos tiempos en los que se pretende dinamitar el Estado en lo que tiene que ver con la contención, con la prevención, con el cuidado de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y se quiere agrandarlo en materia represiva, tanto en las calles como también en las cárceles. Ahí sí apuestan al crecimiento del Estado, ponen fondos y nadie se espanta de que ahora se esté hablando de esto, de meter a niños y niñas en las cárceles de la Argentina.”, concluyó José Piñeiro.
