El presidente de la Cámara de Turismo, Ángel Brisighelli, analizó el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la ecotasa de Bariloche, y aseguró que la misma suerte va a correr la ecotasa de Ushuaia, teniendo este antecedente. Consideró que la imposición en la capital fueguina para los turistas es peor que en la ciudad rionegrina, que destinaba los fondos recaudados a inversiones en turismo. En el caso de Ushuaia el 90% va a Rentas Generales y solamente el 10% se destina al Ushuaia Bureau. Además opinó sobre la polémica que abrió el empresario Rubén Cherñajovsky, interesado en una explotación a gran escala de salmónidos. Defendió la ley vigente y recordó que la salmonicultura no está prohibida, siempre que se realice en tierra y con las condiciones que fija la ley para que no impacte en el medio ambiente.
Río Grande.- El presidente de la Cámara de Turismo, Ángel Brisighelli, analizó el fallo de la Corte que rechazó la ecotasa en Bariloche, por inconstitucional. Por Radio Provincia, indicó que la Corte “solamente tomó intervención en la ecotasa de Bariloche, pero todas las demás ciudades que tienen una copia de esa ordenanza, si deciden judicializar, ya tienen jurisprudencia con una sentencia de mucho peso, porque es de la Corte Suprema de Justicia. No tienen muchas opciones los tribunales inferiores de sacar algo diferente porque, si eso escala, va a llegar a la Corte Suprema, que va a volver a determinar lo mismo que determinó para Bariloche, que es la inconstitucionalidad de este modo de cobro de la ecotasa”, expresó, anticipando la suerte que va a correr la ecotasa de Ushuaia, de ponerse en funcionamiento.
“Lo que dice la sentencia es lo mismo que nosotros argumentamos, para sostener que no correspondía cobrar esta tasa. Más allá de que le pongan el nombre que quieran, el fallo dice que no es una tasa sino que es un impuesto. Dice que una tasa debe ser una retribución por un servicio que presta la municipalidad, y ese servicio tiene que estar muy determinado. También dice que lo tienen que pagar todos aquellos que son usuarios de ese servicio, y que el monto de la tasa tiene que ir en función del costo de prestación del servicio”, detalló.
“Cuando la Corte hace el análisis de la tasa, dice que es extremadamente difusa la explicación de cuál es el servicio que se va a contraprestar, porque se habla de mejorar la infraestructura, de hacer reparaciones, mantenimiento, que no son una cuestión específica. Claramente no hay una definición de la contraprestación que se le está dando al turista. Además da un par de ejemplos, como recoger residuos, mantener las calles, reparar las veredas, y dice que son tareas usuales de la municipalidad, no son servicios extraordinarios para el turista. La Corte plantea que se le está cobrando a los turistas por hacer algo que ya vienen haciendo y le cobran al resto de la gente”, agregó Brisighelli sobre el fallo.
“Otra cuestión que plantea el fallo es que la tasa, para que sea justa, tienen que pagarla todos los que reciben el servicio que tiene la tasa y que, planteado así como está en esta explicación tan difusa, los ciudadanos de Bariloche también tendrían que pagar la tasa, porque también estarían recibiendo la contraprestación. Si se aceptara que hacer un mirador es una contraprestación válida, todos aquellos que van al mirador tendrían que pagar la ecotasa, independientemente de si son turistas o ciudadanos locales”, planteó.
“A esto hay que agregarle que la ley de coparticipación federal determina cuáles son los impuestos que se pueden cobrar en Argentina. En Argentina no se pueden inventar impuestos, porque ya están determinados, y los cobran la nación o las provincias. La Corte dice que esto no es una tasa, sino un impuesto, y en función de la ley de coparticipación y de la Constitución, dice que las municipalidades no tienen atribuciones constitucionales para cobrar este impuesto. De ahí sale la inconstitucionalidad de la famosa ecotasa de Bariloche”, cerró.
El fin de la polémica tasa
Con este antecedente, se le consultó cuál será la suerte de la ecotasa de Ushuaia. “Tuvimos un par de reuniones a principios de año, y hubo una reunión de comisión donde planteamos junto a algunos concejales el punto de vista que planteó la Corte Suprema. Después de eso hubo algunas reuniones menos masivas. Esta sentencia de la Corte Suprema es un hecho relevante y a todo el mundo lo obliga a mirar de nuevo el tema de la ecotasa. Así como está planteada, que es una copia de la ordenanza de Bariloche, si alguien presenta un amparo por inconstitucionalidad, ya se sabe el resultado. Hay un agravante, porque la ordenanza de Bariloche es extremadamente difusa al decir cuál va a ser la contraprestación, pero por lo menos todos los fondos que se juntan por la ecotasa van a esa función. En Bariloche hay una especie de comisión que decide las obras que se van a hacer con ese dinero. En el caso de la ordenanza de Ushuaia, el 90% de lo recaudado va a Rentas Generales. No solamente es difusa la contraprestación al turista, sino que casi todo lo que paga no se aplica para eso. Solamente el 10% de la ecotasa va al Ushuaia Bureau para que utilicen los fondos en promoción y cosas por el estilo. La recaudación se puede terminar utilizando para el pago de sueldos o lo que fuera”, afirmó.
En este escenario, se espera que la municipalidad dé marcha atrás. “No hemos tenido una reunión con la municipalidad desde que salió la sentencia. Suponemos que por lo menos tiene que haber una reingeniería de la idea. Si van a sacar algún tipo de contribución al turista, tienen que plantearla de una forma completamente diferente, porque la Corte Suprema ya determinó que esto es inconstitucional”, subrayó.
Salmoneras en discusión
Por otra parte emitió opinión sobre la posibilidad de revisar la prohibición de las salmoneras, a partir de la intención del empresario Rubén Cherñajovsky de dar inicio a una explotación a gran escala. “La única información con la que contamos es la que hemos leído en los portales. La opinión nuestra es la misma que tuvimos en su momento. Leí declaraciones de Adrián Schiavini me parecieron muy acertadas, porque habló de números y porcentajes, para concluir que se va a destruir el Canal de Beagle para crear nada más que 75 puestos de trabajo. Tendrían que preguntar cuántos puestos de trabajo genera cada cama en el turismo de Tierra del Fuego. Creo que esa declaración es el resumen perfecto de la situación”, dijo.
“Además la salmonicultura en Tierra del Fuego no está prohibida. Lo que está prohibido es poner estas jaulas flotantes, con el modelo de cría que tienen en Chile, por el impacto que tienen en el medio ambiente. Se pueden hacer instalaciones de salmonicultura en Tierra del Fuego, como las que ya existen en Punta Paraná, con los criaderos de trucha, que tienen instalaciones en tierra, en piletones, con todos los cuidados, y nadie dice que esas instalaciones sean malas. Lo que se planteó cuando salió la ley sigue siendo absolutamente válido ahora. Se dijo que si los noruegos, que son los grandes inversores mundiales en el negocio de la salmonicultura, quieren instalarse, lo pueden hacer, pero como lo hacen en Noruega. Los noruegos prohibieron la salmonicultura en diques flotantes y obligaron a que toda la cría se haga en instalaciones en tierra, con procesamiento del agua, quitado de impurezas, filtrado, y minimizaron el impacto ecológico. Eso se puede hacer, pero obviamente es mucho más caro. Ante el incremento de los costos, el capital noruego se mudó a otros sitios, como por ejemplo Chile, para seguir con la cría con el mecanismo que tenían. Encontraron en Chile un lugar geográficamente apto, y ahora Chile tiene las consecuencias de la instalación de las salmoneras con ese mecanismo”, expuso.
“En Tierra del Fuego no se pueden instalar jaulas flotantes. Se tienen que hacer las instalaciones en tierra, con bajo impacto ecológico, como se hace en Noruega. Si los números cierran o no de esta manera, es harina de otro costal”, concluyó.
