El senador de Juntos por el Cambio Pablo Blanco aseguró que, de acuerdo a las conversaciones que mantuvo con la AFIP, Tierra del Fuego quedaría alcanzada por el impuesto a las Ganancias. Resta la reglamentación y para lograr la excepción se necesita “una gestión política” que debería realizar el gobernador. Instó a Melella a “reflexionar” y buscar los canales de diálogo, más allá de las diferencias políticas, y consideró un error que no participe del Pacto de Julio, al que fueron invitados todos los gobernadores. Respecto de los plazos para convocar a elecciones para la reforma constitucional, indicó que por Constitución son días hábiles, si la ley que declaró la necesidad de la reforma no explicita lo contrario.
Río Grande.- El senador de Juntos por el Cambio Pablo Blanco visitó el programa ‘Buscando el Equilibrio’ en los estudios de Radio Provincia y aseguró que Tierra de Fuego está en riesgo de empezar a pagar el impuesto a las Ganancias, a partir de la votación en Diputados del paquete fiscal. También encendió el alerta por el rol que tendrá el nuevo Ministro de Desregulación y Transformación del Estado. “Estoy preocupado por la designación del ministro Sturzenegger y las funciones que va a tener, porque es el encargado de revisar los regímenes promocionales. Sturzenegger es un enemigo marcado de Tierra del Fuego, y va a estudiar la transformación del Estado. Nosotros logramos que no se incluyera el artículo 111 pero el ministro va a revisar los regímenes promocionales”, dijo.
Con respecto al impuesto a las Ganancias, capítulo que se había quitado en el Senado pero fue restituido en Diputados, puntualizó las posibilidades que se abren con la reinstauración del artículo 88. “Algunos decían que Tierra del Fuego estaba alcanzada por el impuesto a las Ganancias, otros decían que no, el diputado Tito Stefani decía que bajo ningún punto de vista era así, pero seguimos averiguando sobre el tema. En una reunión de comisión concurrió el Secretario de Hacienda y yo le hice la consulta. Él dijo que no era intención del gobierno nacional aplicar el impuesto a las Ganancias a la provincia pero reconoció que la interpretación abría la posibilidad. A raíz de eso planteó modificar el artículo para que no quedara ningún tipo de duda, lo modificamos en el Senado pero el texto modificado no se trató porque se rechazó todo el capítulo. Diputados reimplantó ese artículo 88, con la redacción original. Ahí quedó fuera la excepción de Tierra del Fuego”, explicó.
“La semana pasada tuve reunión con la gente de AFIP y gente que trabaja en el área de Hacienda, y ellos manifestaron que de acuerdo a cómo salió la ley, legalmente desde AFIP, a Tierra del Fuego le corresponde pagar el impuesto, salvo que en la reglamentación el Ejecutivo nacional exceptúe a la provincia. Hace falta una gestión política y yo hablé con el gobernador de la provincia para manifestar la preocupación. Lo que tengo en claro luego de consultar a varios, de acuerdo a todos los análisis jurídicos, lamentablemente Tierra del Fuego puede estar incorporada. Va a haber que hacer gestiones para que esto no sea así y que se haga realidad la voluntad del Secretario de Hacienda. Esto tiene que quedar claro y no puede estar sujeto a la interpretación del funcionario de turno, que mañana puede no estar”, reclamó.
Observó que “llegaríamos a una incongruencia, porque las empresas están exceptuadas del impuesto a las Ganancias y van a seguir exceptuadas, porque se está implementando el impuesto para la cuarta categoría, que son los empleados. Es decir que los empleados de una empresa tributarían el impuesto y la empresa no”.
“Yo no quiero alarmar a nadie, pero es la realidad. Según la interpretaciones de sectores jurídicos de la AFIP, la provincia está alcanzada, y según la manifestación del Secretario de Hacienda, no están alcanzados. En el artículo 86 hay un apartado que le da la facultad al Ejecutivo nacional para la reglamentación y para que haga las excepciones, y para eso hay que hacer una gestión política”, insistió.
Reflexión de Melella
El senador fue consultado sobre quién debe llevar adelante esa gestión política. “La gestión la tiene que hacer el gobierno de la provincia y de mi parte estoy haciendo gestiones a efectos de lograr esto, pero no tengo el peso político que tiene el gobernador. Creo que el gobernador debe modificar algunas actitudes, más allá de las diferencias políticas. Los intereses de la provincia están por sobre todo y hay obligaciones que cumplir. El gobernador debe solicitar las reuniones correspondientes con el gobierno nacional para buscar una solución”, sentenció.
Además tuvo en cuenta que “en la ley bases se dispuso la continuidad de las obras, de acuerdo a un porcentaje de ejecución, dentro de lo cual están todas las provincias. El gobierno nacional está convocando a todos los gobernadores y se juntó con el gobernador de La Rioja, que es muy opositor, y sin embargo avanzaron en la continuidad de las obras. Yo no creo que haya dificultades para que el gobernador de Tierra del Fuego actúe en idéntico sentido, teniendo en cuenta que en el FAMPF hay un montón de proyectos presentados de temas que son importantes para la provincia. También está pendiente de aprobación la autorización del crédito para el parque energético de Ushuaia y Tolhuin, además del proyecto para Río Grande. Por cuestiones políticas los proyectos están parados. Hay obras que es imprescindible que se lleven adelante, porque hay viviendas con un avance importante y están paradas”.
Volviendo sobre el subrégimen, con Sturzenegger como ministro, optó por “confiar en la palabra del presidente al respecto, porque dijo que hay derechos adquiridos y que hasta el 2038 no se puede modificar. No obstante eso, tenemos muchos detractores en todos los espacios, incluido mi propio espacio político, empezando por el presidente del bloque”.
Ausencia en el Pacto de Julio
En el marco de la necesidad de diálogo político, Blanco instó al gobernador a participar del Pacto de Julio. “Todos los gobernadores están invitados y, por lo que he leído, Tierra del Fuego no va a estar representada. Más allá de las diferencias políticas, me parece que hay intereses por encima de eso y Tierra del Fuego debería estar sentada para plantear las cosas que hay que plantear. Todavía tiene tiempo el gobernador para pensar un poco más. Él me manifestó que la intención era no participar por las diferencias que hay, pero me parece que las diferencias se pueden arreglar conversando, no negándose al diálogo tanto de un lado como del otro”, argumentó.
Sesión especial
Con respecto a la sesión de la semana pasada, mencionó que fue convocada “para tratar exclusivamente los acuerdos de las fuerzas armadas y servicio penitenciario, para la declaración del 19 de julio día de duelo nacional por los hechos de la AMIA, y un proyecto de la senadora Losada que tipifica el delito de compra-venta de chicos, en coincidencia con el caso Loan. El justicialismo trató de incorporar a la sesión el tema jubilatorio, pero ya se había comenzado a tratar en comisión. Nosotros solicitamos una sesión especial para tratar el tema, con dictamen de comisión. El ajuste de la fórmula jubilatoria se va a tratar en la próxima sesión”, adelantó.
Plazos para la reforma
Finalmente se lo consultó sobre las diferencias de criterio al momento de definir cuándo vence el plazo para que el gobernador convoque a elecciones para la reforma constitucional, dado que se habla de 210 diez días, pero no se especifica si son hábiles o corridos. “En la Constitución hay una cláusula que habla de cómo se consideran los días hábiles y corridos. Si no me falla la memoria, dice que cuando esto no se aclara, son días hábiles. Hay que ver qué dice la ley de convocatoria, pero según la Constitución son días hábiles y tendría plazo hasta octubre para hacer la convocatoria. Yo no voy a decir que estoy en contra de reformar la Constitución cuando la mayoría de los temas que se plantean eran artículos que nosotros proponíamos en los proyectos que presentamos. Lo que me llama la atención es que esta ley se haya aprobado sin ningún tipo de discusión, sobre tablas y sin fundamentos. No es la manera más seria de hacerlo, pero la ley está vigente”, concluyó.