La Ministra de Obras Públicas dio detalles sobre el contenido de los convenios firmados ayer con autoridades del gobierno nacional para dar continuidad a la obra pública financiada por nación. Destacó el primer paso que se dio y entendió que, si hay un convenio firmado, implica un compromiso del gobierno nacional de llevar adelante las obras. Restan las adecuaciones administrativas para actualizar los valores y se espera que luego de los dos meses que restan de veda invernal lleguen los fondos para poder empezar con la reactivación.
Río Grande.- La ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo dio detalles al programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia sobre la reunión con el jefe de gabinete Guillermo Francos desarrollada ayer, en la que se llevó adelante la firma de tres convenios para dar continuidad a la obra pública con financiamiento nacional.
“En el cambio de gestión pasamos por un montón de idas y vueltas discursivas, con diferencias de posturas del gobierno nacional, y esta es la primera foto de compromiso de trabajo para resolver las obras públicas que teníamos pendientes. Al inicio de la gestión se pararon 33 obras, 30 estaban en proceso de licitación o con firmas para la adjudicación y había 20 proyectos con objeción técnica. En los últimos cuatro meses ha sido muy complejo trabajar con Obras Públicas para llegar a un modelo de acuerdo. Cada provincia se ha ido sentando en este ida y vuelta para poder acordar cuáles obras no eran posible de hacer sin el financiamiento nacional, cuáles podíamos llegar a absorber, porque una obra no puede quedar a la mitad. Fuimos haciendo ese esquema y hemos logrado tener un detalle de obras que continuarían siendo financiadas. Después de eso vino la cuestión legal, porque algunas provincias plantearon que no iban a aceptar que les den las obras de los municipios que firmaron con la nación. En el acuerdo hay un anexo que expresamente determina las obras que ejecuta la provincia y las que ejecuta la nación, como el mantenimiento de rutas. También dice que continuará el diálogo con los municipios para determinar el destino de las obras. Es importante que nuestros municipios tengan la posibilidad de tener voz respecto de la defensa de sus obras a nivel nacional”, dijo.
“Ese fue el primer acuerdo, que nos llevó bastante tiempo. Ahí se incorporó en el financiamiento la ruta 1 de la bajada del lago Fagnano, la ruta 3 al parque nacional, los 12 kilómetros de acueducto de Ushuaia, la planta de agua del Pipo, la planta de tratamiento del macizo 154 en Tolhuin y la planta de procesamiento de efluentes de Tolhuin. También se incorpora la planta de tratamiento y emisario submarino de Río Grande en la circunvalación, el arroyo grande a través de recursos hídricos en Ushuaia, y la provincia se hace cargo con fondos propios de la continuidad de las obras que involucran políticas de género y cuidados de la infancia. Por eso vamos a continuar con fondos propios el centro de desarrollo infantil de Río Grande, el centro de Tolhuin y el centro del Barrio Escondido en Ushuaia; además la comisaría de género y familia en Río Grande, el colector de Maipú y Malvinas de Ushuaia”, detalló.
“Luego de esto vino el análisis con Educación y se firmó ayer un convenio con el Secretario de Educación de la nación que garantiza el financiamiento del gimnasio del colegio Soberanía Nacional, de la escuela 40 de Ushuaia, la ampliación del colegio Guevara en Río Grande, el centro de formación de Tolhuin y el EDEI en Ushuaia. La provincia se hace cargo de dos saldos de obra que quedan de la escuela 42 y de la escuela 46, que son obras finalizadas pero restan pagos y trámites administrativos”, agregó la funcionaria.
“Además cerramos el acuerdo con viviendas, luego de bastantes idas y vueltas, porque son 500 viviendas las que tenemos paradas. Hemos acordado un financiamiento mixto entre la nación y la provincia con el compromiso de que se restablezca la totalidad de obras y no un grupo, como estaba planteado originalmente”, destacó.
“Tenemos pendientes las obras de SISU –Secretaría de Integración Socio Urbana- porque no han definido cuál va a ser la continuidad. Darían continuidad a toda obra en la que hayan hecho algún desembolso pero no está establecido cómo van a restablecer los pagos ni hacer las redeterminaciones. La semana que viene veremos qué respuesta tenemos. En ese programa tenemos las conexiones domiciliarias de gas de la margen sur, que son 700; las conexiones del barrio Colombo de Ushuaia, tenemos un centro comunitario que lleva adelante el IPV y todavía no tenemos definido cómo se llevaría adelante”, aclaró.
Consultada acerca de cuándo llegarían los fondos para reanudar las obras, indicó que “tenemos que pagar lo que debemos a las empresas y establecer precios nuevos de las obras a valor redeterminado, si no, ninguna empresa va a continuar. Tenemos los dos meses de veda invernal para llevar adelante ese proceso. Hemos cerrado una etapa de negociación para poder concretar el acuerdo y ahora comienza la etapa de empujar para que cada una de esas obras sea una realidad. Si el gobierno nacional llegó a esta instancia de firmar con la provincia, está asumiendo un compromiso real de financiar las obras que figuran en cada uno de los anexos. Es una necesidad que esto se cumpla en lo inmediato para poder garantizar la reactivación de las obras”, subrayó.
La ministra informó que de la reunión participó “el ministro Francos, el Secretario de Obras Públicas, el Secretario de Vivienda y Hábitat, el Secretario de Educación, el Subsecretario de Vivienda, el administrador de ENOHSA, el Secretario de Provincias, un funcionario del Ministerio del Interior, y por la provincia estuvo el gobernador Melella, el licenciado D’Alessio y yo”.
En cuanto a la deuda que mantienen con las empresas, dado que se habla de un monto de 25 mil millones, dijo que “hay una parte de certificados básicos y hay certificados redeterminados. Si tomamos la proyección del porcentaje de ejecución de obra y lo que debería cobrarse en esa regularización antes de levantar la veda, es probable que estemos en un monto cercano, pero no porque tengamos certificados por esa cantidad. Hay 500 millones de viviendas, 600 millones de ENOHSA, hay 2 mil millones en certificados y cuando hagamos el cálculo es probable que lleguemos a un número cercano a los 20 mil millones, pero estamos haciendo futurología. Mientras no tengamos aprobados los cálculos, no sabemos el número real. Las empresas plantean la necesidad de actualizar los montos pero tampoco está hecho el análisis de cuál es el desfasaje real y concreto en cada una de las obras”, señaló.
Respecto de qué va a suceder con las obras que no fueron incluidas en los convenios, informó que “las obras que no garantiza la nación las hemos incorporado en el convenio a través de financiamiento provincial. Solamente quedan por fuera las obras de SISU, todas las demás obras están continuando en tanto tengan avance de ejecución. Lo que nos queda pendiente son las 30 obras que teníamos en instancia de contrato que no va a financiar la nación, como las escuelas técnicas, las redes de servicios en los barrios, las redes eléctricas en Ushuaia. Hay un montón de obras pautadas para llevar adelante que hoy no van a continuar en este esquema, lo mismo con las obras que tenían objeción técnica y todavía no tenían el financiamiento”.
Energía en Ushuaia
Por otra parte, se le preguntó sobre las obras energéticas que están pendientes para dar solución a la crisis en Ushuaia. “Seguimos en una situación complicada hasta que se puedan hacer las obras definitivas. El financiamiento para la construcción de la nueva usina en Ushuaia estaba aprobado por el banco CAF pero falta la aprobación del Ministro de Economía. Esperamos que prontamente se resuelva y son 70 millones de dólares. En la actual usina necesitamos arreglar los equipos y tenemos presentado un proyecto en el FAMPF por 28 millones de dólares. En este momento hay nombradas dos autoridades y falta la tercera. Esperamos que prontamente se nombre para poder darle curso a todos los proyectos presentados. Hay otro proyecto que también está en el Ministerio de Economía, aprobado por el Banco Asiático en octubre del año pasado, para el parque de generación eólica para Río Grande, que son 75 millones de dólares”, mencionó.
“En el FAMPF tenemos un representante por Tierra del Fuego y uno colocado por el gobierno nacional. Está faltando la tercera persona que también la nombra el gobierno nacional. Esperamos que eso se destrabe, porque las empresas están aportando al fideicomiso de este fondo, que en este momento está inactivo. Hay obras presentadas por el gobierno provincial y por las distintas empresas”, concluyó Castillo.
