“Se trata de niños y niñas y lamentablemente ya encontró algún eco favorable aquí dentro del Poder Judicial de la provincia, como el juez Ernesto Löffler, quien no ve mal esta posibilidad de que niños sean encarcelados, en una provincia en la que tampoco es un tema grave el tema delictual en torno a menores de edad”, planteó José Piñeiro, integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos y en ese sentido aseguró que desde la ONG “rechazamos de plano este proyecto”.
Río Grande.- El periodista José Piñeiro e integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos se refirió con respecto a la jura de representantes de las ONGs en el Comité Contra la Tortura este martes en la Comisión 6 de la Legislatura provincial.
“Ayer se juró por un nuevo periodo. Hay que recordar que el Comité contra la Tortura tiene dos años de recorrido, de una ley que estuvo bastante tiempo sin ponerse en vigencia. Finalmente, hace un par de años, se concretó la conformación de este Comité de Prevención contra la Tortura. Se cumplió el primer periodo, porque son dos años”, explicó el entrevistado.
Agregó que “el mandato tiene una duración de dos años. Había que renovar a quienes representamos a las organizaciones no gubernamentales, así que hubo una selección. Se presentaron cinco ONGs. Finalmente tres fueron seleccionadas por la Comisión de Seguridad, Número 6 de la Legislatura y entre esas tres está la Multisectorial de Derechos Humanos de nuestra ciudad”.
En primer lugar, Pablo Villegas tomó juramento a los integrantes de las ONG que tendrán representación de la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande, propio José Piñeiro (titular) y Yolanda Dips (suplente); la Asociación Mujeres e hijos Familiares de Detenidos Soledad Carnebale (titular) y Gisela Fernández (suplente). Por la Asociación Civil Unión por los Derechos Humanos Javier Mastrocolo (suplente). En representación del Poder Judicial la Dra. Manuela Palacios Murphy (titular).
Cabe señalar que la Comisión de Justicia y Seguridad N° 6, presidida por la legisladora Natalia Gracianía, junto a integrantes de ese espacio de debate fueron los encargados de llevar adelante la convocatoria y las entrevistas previstas para los postulantes a integrar el Comité, según dicta el artículo 4° de la Ley provincial N° 857.
En esta sesión, el Comité aprobó el acta de la sesión ordinaria N° 19 de mayo pasado. Además, actualizaron la agenda de temas pendientes.
“Lo importante, que me parece también significativo destacar, es que asumió la Asociación de Mujeres e Hijos de Familiares de Personas Detenidas, son familiares de personas que están privadas de su libertad, Soledad Carnebale, como titular, y Gisela Fernández como suplente asumieron. Así que ahora, en el Comité de Prevención contra la Tortura, también habrá representación de las personas que son familiares de quienes están privados de su libertad. Esto es, creo yo, particularmente un salto en la calidad de los debates que vamos a tener por el testimonio directo de las personas, de estas dos compañeras, que con la que venimos ya recorriendo y transitando esta actividad en conjunto”, agregó el periodista.
En ese sentido valoró que “ellas van a tener representación efectiva en el Comité por dos años, que va a ser la duración que tenga este nuevo mandato que comenzó en el día de ayer”.
José Piñeiro comentó que “a partir de la conformación del Comité, la situación de hacinamiento carcelario tomó mayor Estado Público, se instaló en la agenda de debate y en la discusión con los tres poderes del Estado, que en definitiva son los responsables de buscar las soluciones para esta situación, que no es ajena al contexto nacional y al resto del país, pero que, creemos nosotros, desde la Multisectorial de Derechos Humanos se podría resolver o, por lo menos, empezar a resolver en alguna medida en la provincia, donde no nos diferenciamos en cuanto a la superpoblación carcelaria, a las condiciones de hacinamiento, sobre todo en la ciudad de Ushuaia, donde esto es más crítico, donde hace falta evidentemente un edificio y en condiciones y no cualquier edificio, no un depósito de personas, sino un lugar donde puedan estar las personas privadas de libertad como deben estar, porque el único derecho que perdieron es al tránsito, a circular libremente, pero tienen derecho a una alimentación digna, a la atención en salud, a educación, a recreación, no perdieron estos derechos y son personas que están a cargo del Estado, por lo tanto el Estado debe ser el responsable de la atención de estas personas”, recordó.
El integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos reveló que “hay deficiencias realmente importantes, más allá de que la población carcelaria que tiene este marco es, en comparación con otras provincias, mucho menor. Estamos hablando de algo más de 300 personas en toda la provincia que están privadas de su libertad, entre hombres y mujeres, y debería agudizarse el ingenio o buscar respuestas quizás alternativas, hasta tanto que logren las soluciones de fondo como para mejorar la situación, descomprimir los lugares de encierro, fundamentalmente la Alcaldía de la calle Deloqui en Ushuaia, que está en una situación crítica, incluso esto motiva una presentación, una reacción por parte del Comité de Prevención contra la Tortura, que se está tratando a nivel fiscal, porque entendemos que en ese lugar no puede haber un ingreso más, y hay que descomprimirlo rápidamente, esto fue advertido y reconocido no solo por las personas que tienen familias privadas de su libertad, sino por el propio personal penitenciario, que está preocupado porque está en un edificio antiguo que puede colapsar en cualquier momento, y allí están desempeñando sus funciones, con una sobrepoblación realmente muy importante”.
Situación de las mujeres detenidas
Por otra parte se lo consultó sobre la situación de las mujeres privadas de su libertad. “Las mujeres están alojadas en una alcaidía para mujeres allí en Ushuaia también. Es menor la población de mujeres, significativamente menor, pero no es mejor la situación en cuanto a las necesidades, a los inconvenientes que tienen, algunos sin atención a la salud, en el comité se intervino en esto también, el tema de los controles ginecológicos y demás, era todo un tema, porque en algún momento había un profesional que les brindaba la atención adecuada y respetuosa que se deben las mujeres. Por lo general, en algún momento una de las mujeres me decía, como en todos lados, las mujeres siempre nos pasamos un poco peor, y es así, más allá de que es una población menor, también está todo el tema de qué pasa cuando una mujer que sostiene muchas veces la familia, en la cual el hogar gira y la familia en torno a esta mujer, es privada de su libertad, separada de sus hijos, hay mucho prejuicio en ese sentido también desde la sociedad, y realmente, más allá de que en cuanto al edificio quizás no haya condiciones todavía de hacinamiento en ese lugar, habría que prestar una atención especial al tema de las mujeres que están privadas de su libertad, como en el caso de quienes son familiares de hombres que están detenidos, y después tienen que sostener no solo a su compañero que está privado de la libertad, sino a la familia, a los hijos, garantizar todo absolutamente, y en ese sentido también es importante la incorporación de la asociación de familiares, que se integra fundamentalmente o mayoritariamente por mujeres, y nos reflejan toda esta situación, sus circunstancias”.
Piñeiro recomendó que “hay que prestarle una atención especial porque hay cuestiones puntuales que atender, y no es mejor que la situación de los hombres, quizás no en cuanto al hacinamiento, pero sí en cuanto al tema de salud y de otras cuestiones que están demandando algún tipo de respuesta”.
Proporcionalidad de las penas y baja en la edad de imputabilidad a los 13 años
Consultado sobre el polémico proyecto del Ejecutivo nacional de bajar la imputabilidad a 13 años, Piñeiro lamentó que “se trata de niños y niñas y lamentablemente ya encontró algún eco favorable aquí dentro del Poder Judicial de la provincia, como el juez Ernesto Löffler, quien no ve mal esta posibilidad de que niños sean encarcelados, en una provincia en la que tampoco es un tema grave el tema delictual en torno a menores de edad, no es ni grande en cuanto al número, ni en cuanto a la gravedad de hechos delictivos que puedan cometer menores, que ya de por sí son imputables, pero no son punibles, o sea, no se los permite ir presos, pero le pueden imputar un delito, el tema es cómo se resuelve esta situación, estamos hablando de niños y creemos que la solución de fondo pasa porque atiendan o entiendan en estos casos otros sectores del Estado, otras áreas del Estado, no decimos que no hay que hacer nada con estos menores, por lo menos desde la Multisectorial, si hay que hacer algo, pero qué es lo que hay que hacer, tiene que intervenir el área de acción social, el área de salud, el área de educación, porque esos menores pueden llegar a cometer algún tipo de delito, qué pasa con esas familias, si son víctimas de alguna circunstancia particular”, apeló.
El entrevistado entendió que “no pasa por el encierro, como no pasa incluso con muchos mayores, la solución o el resolver estas situaciones puntuales, pero en el caso de los menores, mucho menos pasa por encerrar a niños en lugares que ya están sobrepoblados, en lugares donde no se va a estar dando respuesta, creemos que pasa por activar otras áreas que precisamente este Estado nacional está aplicando, porque no tiene un problema en agrandar la parte del Estado que se dedica a la cuestión represiva, a la cuestión justicia, pero sí están recortando recursos en todo lo que tiene que ver con la cuestión social, con la educación, con la salud, etcétera, que son, creemos, áreas que deben intervenir, sobre todo en el caso de los menores”.
En ese sentido, José Piñeiro planteó “nuestro absoluto rechazo desde la Multisectorial de Derechos Humanos ante la posibilidad de avanzar con la punibilidad para niños, para niñas, e insisto, en una provincia en la que esto no es una problemática tampoco que esté instalada”.
Preguntado sobre la reunión de este martes, Piñeiro contó que “ayer avanzamos en algunos temas, pero creemos que probablemente a principio de agosto, va a haber una nueva reunión del Comité para avanzar en todos estos temas más profundamente, hay que elegir las autoridades también del Comité para el nuevo periodo, así que, bueno, vamos a estar resolviendo todas estas cuestiones y ya dando continuidad a estos temas que venimos tratando, pero con la incorporación de nuevos miembros, tratando de avanzar en soluciones o en buscar, en realidad la función del comité fundamentalmente es lo de sugerir algún tipo de alternativa para empezar a resolver y atender estas cuestiones de los tres poderes del Estado que son los responsables de buscar cuáles son las alternativas para empezar a mejorar esta situación”.
Recordó que las decisiones de este Comité contra la Tortura no son vinculantes, “pero por lo general puede hacer sugerencias, elevar informes, visibilizar la situación, pero también puede avanzar -de hecho lo hemos concretado-, en denuncias concretas, eso sí. El Comité puede impulsar denuncias sobre distintas situaciones donde existan violaciones a los derechos humanos, situaciones de tortura, de padecimiento, que es lo que nos compete”.
Consultado sobre las actividades para las personas privadas de su libertad, José Piñeiro recordó que “eso depende ya del Servicio Penitenciario que tiene la responsabilidad de la organización de talleres y demás, pero hay varios talleres, siempre se generan o aparecen nuevas propuestas, nuevos proyectos, talleres incluso desde lo educativo, hay un taller de la educación emocional, pero hay talleres de auspicio también, y están funcionando, y realmente es muy necesario desarrollar todos estos temas, en esto participan también organizaciones no gubernamentales, hay mucho aporte desde el exterior, en cuanto a lo educativo, no solo en los niveles de educación formal, digamos, sino también en talleres que tienen que ver con esto, con los oficios y con otros temas que aportan y mucho y que son necesarios para esta cosa, así totalmente, es muy necesario”.
El aporte de los presos a la sociedad
Por otra parte valoró el trabajo y el servicio público que prestan los privados de libertad en actividades y obras que poco se conoce por la sociedad, como las estructuras del alcantarillado del puente en Radman que la elaboraron los presos. “Ayer alguien me decía, las personas que cumplen algún tipo de condena, a veces son exhibidas, mostradas en los medios, nombradas, demás, y cuando se hace este tipo de actividad, no aparece, no se publica, no se lo hace conocer, una compañera me planteaba esto. Hay predisposición y hay necesidad y hay muchas veces planes e iniciativas que surgen de las propias personas privadas de libertad para aportar, para colaborar, para sumar a la comunidad y creemos que en esto la justicia restaurativa y otras miradas de lo que tiene que ver con este tema deben ser desarrolladas e incorporadas porque propenden a buscar otras soluciones que no sea sólo el encierro, el punitivismo, hay que buscar otras alternativas que ayuden a sumar desde otro lado para, precisamente, avanzar en soluciones de fondo”, concluyó.
