El impacto del caso Loan Peña llegó al Congreso de la Nación e impulsó una reforma penal. Se espera su aprobación en la próxima sesión.
Buenos Aires.- La reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación terminó por dictaminar el proyecto sobre sustracción y/o comercialización de niños, que recibiría apoyo unánime cuando se trate en el recinto. La iniciativa fue presentada por primera vez en el 2022, pero el caso de Loan Peña terminó por reimpulsar el tratamiento de esta reforma.
El proyecto, de autoría de la santafesina Carolina Losada (UCR), establece concretamente condenas de 4 a 10 años de prisión «al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado».
Asimismo, contempla a los intermediarios: penas de 5 a 15 años para «quien facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare», con agravantes para funcionarios públicos, para los que se prevé un tercio más de la condena convencional y la inhabilitación perpetúa para el ejercicio de cualquier rol estatal
La propia Losada, al finalizar la comisión, detalló que la mayoría de los casos ocurren con fines adoptivos, que se contemplan situaciones de vulnerabilidad de los progenitores biológicos (habilitando la figura del arrepentido) y que este delito es de competencia federal y prescribe cuando el niño alcanza la mayoría de edad, cuando pasa a la órbita de la trata de personas. «En la próxima sesión esperemos que se pueda votar, porque es algo que acordamos entre todos para que esté inscripto en nuestro Código Penal», señaló la senadora.
El tratamiento previo del proyecto en el Senado
El 4 de julio, y en una sesión que incluía el tratamiento de la reforma jubilatoria, la Cámara alta había expresado su apoyo unánime al proyecto sobre sustracción y/o comercialización de niños. Sin embargo, José Luis Pagotto (La Libertad Avanza) -en su condición de miembro informante- inició la lectura del proyecto de ley original e introdujo reformas verbalmente. Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) expresó su descontento a las modificaciones que se proponían de forma enunciativa sin haber pasado por el debate de comisiones.
Alejandra Vigo (Unidad Federal) respaldó esa visión: «Los dictámenes no se tratan como se puedan o como se quieren. Tienen que tratarse como se debe». Guadalupe Tagliaferri (PRO) coincidió: «Acá se están modificando penas. Cuando uno toca el Código Penal tiene que haber mucha mirada sobre cómo cambia el andamiaje de las penas». Ambas senadoras remarcaron su apoyo al proyecto original.
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza) desestimó el pedido: «Le comento que lo que se va a votar es el dictamen con las modificaciones. Antes de pasarse a votar, se explicarán todas las sugerencias». Minutos después, se desdijo: aclaró que se votaría primero el proyecto original y luego las modificaciones enunciadas por Pagotto.
La situación fue tal que Luis Juez (PRO) respaldó a la peronista Di Tullio: «Tiene absolutamente toda la razón la senadora. Estamos modificando el Código Penal, estamos hablando de prescripciones, incorporando penas y tipificando conductas. No es lo que uno quiera o pretenda, es lo que se acordó». Finalmente, se votó en general la iniciativa y se estableció tratar las modificaciones en comisiones, pautando la mayor celeridad posible, situación que se resolvió este jueves.
