El legislador de FORJA Federico Greve interpretó que la medida cautelar no tiene alcance sobre el cronograma, que está en marcha y “estaba generando derechos adquiridos a los partidos políticos de la Tierra del Fuego en una elección de convencionales constituyentes”. Aseguró que se cumplió “con los requisitos formales”, y no pudo precisar si el gobierno se tomará los 30 días para responder. Apuntó a que parte de la justicia, en este caso el Juzgado Electoral, “más allá de los formalismos había emitido un cronograma, con lo cual ya tenía todo un principio de ejecución y había una legalidad de esos actos”. Será parte de la defensa para tratar de torcer el fallo del Superior Tribunal y la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad de la ley que declaró la necesidad de la reforma. Habló de “presiones” de parte de “ámbitos judiciales y no tan judiciales”.
Río Grande.- El legislador de FORJA Federico Greve analizó en el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia el fallo del Superior Tribunal e interpretó que no suspende las elecciones, sino la fecha del 10 de noviembre, por lo cual el cronograma seguiría en marcha.
“Nosotros recibimos la notificación sobre la suspensión del cronograma electoral y veremos cómo lo cuestionamos, porque entendemos que la medida cautelar lo único que hace es suspender el día de la elección, pero no está suspendiendo la elección en sí y el cronograma podría servir si la cautelar no prospera. Hay elementos para poder cuestionar esa decisión de la justicia y estamos trabajando en muchos frentes, tratando de ver jurídicamente cómo respondemos a cada una de las presiones que están sucediendo en cada uno de los ámbitos judiciales y no tan judiciales”, dijo.
“La verdad es que no tomamos bien el fallo, porque hay una ley sancionada por la mayoría de los legisladores, hay un Poder Ejecutivo que llamó a elecciones y fijó una fecha y, más allá de los formalismos que se puedan plantear en esta medida cautelar, el Poder Judicial, a través del Juzgado Electoral, había emitido un cronograma electoral, con lo cual ya tenía todo un principio de ejecución y había una legalidad de esos actos. Los miembros del Superior Tribunal entendieron que no era así y plantean hacer lugar a esta medida cautelar. Veremos qué sucede con el fondo de este asunto y con la medida cautelar, que es algo que puede durar uno, dos, cinco o veinte días, porque las medidas cautelares siempre son por un tiempo determinado porque no hacen al fondo del asunto”, manifestó.
“Nos llamó mucho la velocidad con que el Superior Tribunal tomó la decisión, porque tardó solamente 29 horas desde la presentación hasta la notificación a cada una de las partes. Nosotros somos hombres de la política y, aquellos que no estuvieron de acuerdo con la reforma desde un principio, que no pudieron derogar la ley a través de las mayorías en la Legislatura, judicializaron la política e hicieron una acción judicial para suspender la fecha de elecciones. Esto puede tener un tinte político y no lo descarto. Sin cargar las tintas sobre ninguna persona en particular, uno sospecha por la celeridad de los actos, que no es lo que caracteriza a la justicia. Esto nos llena de dudas más que de certezas”, sostuvo.
Consultado acerca de si el Ejecutivo va a utilizar los 30 días de plazo para responder, señaló que “es una buena pregunta porque hay toda una dicotomía, porque si se presenta rápido pero sin la debida fundamentación, se corre el riesgo de que la justicia diga que no es suficiente, y si se tarda mucho tiempo, se dilata el transcurso de las elecciones. Va a ser una decisión de la estrategia jurídica que tome el Ejecutivo de la provincia y nosotros le daremos una mano en lo que podamos, porque se va a tener que contestar y no sé en qué tiempos. El Ejecutivo va a hacer lo necesario para ver si se puede modificar esa voluntad”, aseguró.
También se le preguntó si fue un error no debatir la ley que declaró la necesidad de la reforma, y explicó que “hubo pormenores que nos hicieron llevar el proyecto el último día, pero se charló antes de ese proyecto. Nosotros venimos hablando de la reforma de la Constitución hace más de ocho años, no es que lo planteamos 15 días antes, y eran más de 70 artículos. La resolución fue conforme a derecho, con la mayoría necesaria. Se podría haber discutido más y ahora es el momento para discutirlo con la sociedad. Nosotros no vendemos un enlatado, sino una discusión, le decimos sí al debate y cualquier profesional del derecho que quiera venir a discutir, puede traer las incorporaciones y, si no hay consenso para modificar algunos artículos, quedarán como están. No sé cuál es el problema en discutir. La solución no es no discutirlo e ir a la justicia para que resuelva el tema. Las cuestiones políticas no judicializables se tienen que resolver por la política, no por la justicia”, sentenció.
“Siempre dijimos que tenemos cuatro sistemas electorales y que íbamos a discutir el sistema electoral para unificarlo y no ir tantas veces a las urnas; queremos terminar de discutir la coparticipación y el goteo, y hay dos proyectos de goteo en la Legislatura que se pueden discutir en la convención; lo mismo las incumbencias del municipio y la provincia; y la incorporación de la palabra Malvinas. Hay gente que nació en la provincia y tiene la oportunidad histórica de poder votar y discutir qué Constitución queremos para los próximos 30 ó 40 años. Eso es lo que queremos discutir y no queremos cerrar la discusión, porque pareciera ser que hay un libro cerrado y, si no, no se hace. Nuestra opinión es abrir la discusión, no estamos diciendo que tenemos la verdad”, expresó, siempre en el marco de un debate dentro de la convención.
Comunicado de Magistrados
Asimismo, marcó su disidencia con el comunicado difundido ayer por la tarde por parte de la Asociación de Magistrados, por el cual piden al gobernador Melella que aclare sus dichos, porque entienden que agravia y descalifica a los jueces del Superior Tribunal de Justicia y a quienes integran el Poder Judicial en general, de un modo “que trasciende el marco lógico y sano de la crítica propia de la vigencia de la Constitución”. “Nosotros también sacamos un comunicado desde el partido político, desmintiendo el comunicado de la Asociación de Magistrados, porque entendemos que no es así y que no tiene razón de ser, porque el gobernador de ninguna manera está tergiversando ni instando a pararnos con la paz social. Nosotros estamos haciendo saber que esto no es así y apoyamos los dichos del gobernador, que de ninguna manera son descalificatorios con los tribunos. Entendemos que el arco político debiera manifestarse ante esto, porque no opinamos que sea como lo manifiestan desde la Asociación de Magistrados. Hay que sentar mesas de trabajo y ver cómo se puede discutir este tema, pero me parece que la solución no es hacer comunicados y expresarse sobre una cosa o sobre la otra, sino ponernos a trabajar en los consensos. Si tenemos disensos, que no obstaculicen el progreso de la Tierra del Fuego y los derechos democráticos. La paz social tiene que ver con la democracia, la igualdad, la equidad y la justicia, y justamente eso es lo que se tergiversó al sacar un fallo en un tiempo récord, no dejando votar a los vecinos el 10 de noviembre”, cuestionó.
Derechos adquiridos
Para Greve, una vez conocido el cronograma, hay “derechos adquiridos” de los partidos políticos que competirían en la elección de convencionales. “Hay que ver qué sucede con la medida cautelar y con la cuestión de fondo. No estamos en posición de afirmar que ya está todo dicho. Me parece que hay que ver qué sucede en estos 30 días, que son fundamentales para la contestación del traslado, y ver qué pasa con esta medida cautelar. Veremos si se tiene que reconfigurar el cronograma y se tiene que seguir adelante. Acaban de notificarnos como partido político que se suspendió el cronograma electoral, y nosotros entendemos que la suspensión de la fecha de ninguna manera puede dejar sin efecto el cronograma electoral, que ya estaba generando derechos adquiridos a los partidos políticos de la Tierra del Fuego en una elección de convencionales constituyentes. Nosotros entendemos que se había cumplido con los requisitos formales, por lo cual me parece que hay mucha tela para cortar todavía y habrá que ver cuál es la definición al respecto. No creo que sea taxativo que se pueda hacer una cosa o la otra”, expresó.
Adhesión al RIGI
Por otra parte, se le pidió opinión sobre el proyecto de Republicanos Unidos que plantea la adhesión al RIGI. “No tengo estudiado el RIGI, porque es una de las herramientas que ha salido en la ley de bases del gobierno nacional. Nosotros estamos analizando cómo es el régimen y cómo aplicaría en Tierra del Fuego, pero entendemos que tendríamos que ver cuáles son los beneficios reales y cómo se llevan a la práctica. Tenemos que ver si el RIGI cuenta con beneficios para poder ser ratificado por la Legislatura. Nosotros tenemos un régimen especial, distinto que el nacional, y será motivo de análisis. Todo lo que tenga que ver con más derechos y más inversiones en Tierra del Fuego, yo no tengo dudas de que tenemos que acompañarlo. Vamos a discutir este tema y ver si podemos ponernos de acuerdo en que es una herramienta válida para Tierra del Fuego o no”, concluyó.
