El Dr. Paulino Rossi dio detalles de la presentación realizada el viernes, por la cual plantean la inconstitucionalidad de la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional y además agregan un pedido de nulidad del decreto que convocó a elecciones para el 10 de noviembre. Piden que se corra traslado al Fiscal penal, entendiendo que hay delitos tipificados en el código vinculados con la falsedad de instrumento público, al haber sido presuntamente adulterada la fecha del decreto. También hay un pedido de investigación penal contra los legisladores Emanuel Trentino y Mónica Acosta, porque siendo legisladores aprobaron la creación de cargos que pasaron a ocupar en diciembre, lo que está vedado por la Constitución.
Río Grande.- El contador y abogado Paulino Rossi dio detalles de la presentación realizada el viernes contra el llamado a elecciones de convencionales constituyentes, que se suma al recurso de amparo y medida de inconstitucionalidad que había ingresado el legislador de Somos Fueguinos Jorge Lechman. En este caso se agrega una imputación penal por presunta falsedad de documento público y por perjuicio fiscal contra los ex legisladores Trentino y Acosta.
El escrito fue dirigido al Superior Tribunal de Justicia y no se trata de un recurso de amparo sino que desde el estudio jurídico apuntaron a la “cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad de la ley y la nulidad del decreto”, dijo Rossi.
Aclaró que “la medida cautelar fue ingresada por el legislador Lechman, que es la que actualmente ha surtido efecto y, de hecho, las elecciones se han suspendido. Para acreditar la legitimidad, usamos los mismos fundamentos que el legislador Lechman y hemos adherido en los mismos términos. Al igual que en el caso anterior, a partir de ayer se corrió traslado a la provincia, que tiene 30 días para contestar la presentación”, señaló, dando cuenta de la celeridad de la justicia.
Consideró que “la presentación del legislador Lechman es un punto de inflexión en la realidad política de Tierra del Fuego. Es una presentación valiente en lo político e impecable en lo técnico-jurídico. En base a esa presentación en el estudio del que formo parte decidimos presentarnos para aportar más elementos a la justicia, por distintas cuestiones que logramos detectar sobre una suma de desprolijidades, que son un verdadero mamarracho, porque son cuestiones muy groseras en las que incurrió la provincia”.
Aseguró que “este proceso de llamado a elecciones es insostenible tal cual fue llevado adelante. Nosotros presentamos una inconstitucionalidad de la ley que declara la necesidad de la reforma, porque la Constitución marca cuatro requisitos para poder llamar a la convención constituyente. De los cuatro, esa ley hay tres que no cumple. A su vez planteamos la nulidad absoluta del decreto de llamado, que es consecuencia de un proceso desastroso, porque todos sabemos que no fue firmado el día que dicen que lo firmaron. La provincia jugaba con la fecha límite, que era el 26 de julio, cuando hubo un apagón en Ushuaia que los agarró por sorpresa. No podían siquiera prender una máquina ni firmar el decreto por cuestiones obvias, entonces a algún genio iluminado se le ocurrió hacerlo con fecha del jueves 25, pero todo el mundo sabe que se firmó el martes que fue publicado. Eso se puede demostrar y, de hecho, hemos pedido la apertura a prueba para que se pueda verificar con los servidores del gobierno cuál es la fecha real en que firmó el gobernador”, subrayó.
Consultado sobre la posibilidad de demostrar la falsedad de la fecha del decreto, explicó que “se puede hacer una pericia sobre los servidores y sobre la impresora, porque queda una huella digital de cuál fue el momento real en que se firmó ese decreto, además de la certificación por parte del personal de planta. Una cosa es un ministro, que es una planta política, y otra el personal de planta, que puede acreditar cuál fue la fecha real en que se firmó el decreto”.
Ministra inhabilitada
A su vez señaló que el decreto fue refrendado por la Ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, que “no tiene facultades. La ley de ministerios es muy clara y dice que quien tiene facultad para firmar es el Jefe de Gabinete, no la Ministra de Obras Públicas”.
Remarcó que la norma “enuncia taxativamente las facultades de cada uno de los ministros. La Ministra de Obras Públicas se tiene que encargar de que la ciudad de Ushuaia tenga luz y agua, pero no tiene facultades para inmiscuirse en cuestiones electorales o en una reforma constitucional, que están en cabeza del Jefe de Gabinete y él es quien tiene que refrendar estos decretos. Si hubiera sido en subrogancia del Jefe de Gabinete, en el sello se hace la aclaración de que la ministra está cubriendo el cargo de otro. Por eso pedimos que se acredite en qué fechas estuvieron cada uno de los ministros, ante el hipotético caso de que quieran argumentar alguna subrogancia por ausencia de algún funcionario. Quien tendría que haber firmado es el Jefe de Gabinete, según lo dispone la ley 1511, por la que se aprueba la actual estructura ministerial de la provincia”, precisó.
Acción penal contra el gobernador y legisladores
Al margen de la acción civil, Rossi agregó una acción penal, con el pedido de traslado al fiscal mayor, para que investigue la conducta del gobernador y funcionarios involucrados en la firma del decreto, y además la conducta de los legisladores Emanuel Trentino y Mónica Acosta, que crearon cargos que luego pasaron a ocupar.
“Hay implicancias también de índole penal y hemos solicitado que se corra traslado al Fiscal Mayor para que investigue la falsificación ideológica de un instrumento público, como es un decreto, y a su vez también la motivación de algunos legisladores para aprobar ese mamarracho de ley, puntualmente en dos casos muy groseros, como el ex legislador Trentino y la ex legisladora Acosta. En el mismo contexto de la aprobación de esta ley, en paralelo aprobaron la creación de cargos en el Ejecutivo que ellos mismos están ocupando actualmente. La Constitución es muy clara y dice que todo legislador que crea un cargo durante su gestión no lo puede ocupar por el término de un año”, expresó.
Ratificó que fue simultánea la aprobación de los nuevos cargos políticos con la sanción de la ley que llama a la reforma, que luego “fueron ocupados al menos por dos ex legisladores. Fue en esos días que se aprobó la ley que generó cargos políticos para que después sean ocupados por estos dos legisladores mandato cumplido, en expreso incumplimiento de lo que norma la Constitución. Todos sabemos cuáles fueron las motivaciones de todos y cada uno, que no ha sido el bien común de la provincia ni mucho menos, pero en este caso fue muy evidente y han caído en una falta que tiene que ser investigada por la justicia. No es algo menor y acá hay perjuicio fiscal”, aseveró, en tanto “hay dos funcionarios del gobierno provincial que están cobrando indebidamente el sueldo desde el día que asumieron, en diciembre de 2023”.
Cabe recordar que se crearon cargos de viceministro y nuevas secretarías, una de las cuales ocupa Trentino. “En el último Boletín Oficial figuraba en el cargo, lo mismo la ex legisladora Acosta. Están incumpliendo la Constitución y, cuando un funcionario va en contra de lo que manda la Constitución, hay figuras tipificadas dentro del código penal que tienen que investigarse”, sentenció.
Fricciones en la coalición
Aparte de la explicación jurídica, el Dr. Rossi efectuó algunas consideraciones políticas vinculadas con la interna del gobierno, ante la postura del MPF en contrario a la reforma. “Hablan de sectores privilegiados que se resisten a la reforma, cuando la actual Corte fueguina fue ampliada por el actual gobernador y Agustín Tita es parte del Consejo de la Magistratura, y ellos mismos lo designaron. Cuando hablan de fuerzas oscuras que tratan de resistirse al cambio, son ellos mismos. Son sectores internos de la actual coalición de gobierno que advierten que este proceso no da desde lo político ni desde la realidad de la provincia. El que trata de poner algo de razonabilidad pasa a ser enemigo de la causa y hemos llegado a instancias de que referentes del partido del gobernador le pidieron la renuncia a la vicegobernadora (Mónica Urquiza). Esto fue claro, cuando Greve tuitea que renuncien los que no se sientan parte del gobierno, porque el único cargo que es parte de esta coalición que ellos no ven como propio es la vicegobernadora. No le puso nombre y apellido pero es obvio, porque el resto de los ministros están a tiro de decreto para dejar el cargo”, señaló.
Para sumar a su apreciación de que Urquiza habría sido invitada a renunciar, mencionó que estuvo participando “de un acto de la justicia al que no asistió Melella. En todos los actos de asunción estuvo el Jefe de Gabinete y también ha estado el gobernador. Ellos son coalición de gobierno aunque traten de explicar que ahora son oposición. Son los problemas propios de esta coalición que lleva adelante el Poder Ejecutivo”, concluyó.
