El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Grande aclaró que la gestión de Martín Pérez no tiene “ningún contrato” con la empresa Martínez Sosa, investigada por la justicia nacional. Tampoco lo tuvo en la primera gestión, ya que le dieron continuidad a las contrataciones que existían y en ningún caso hubo “intermediarios” ni pago de comisiones. La firma investigada “no es proveedora dentro de nuestra gestión, no hemos contratado ningún tipo de seguro a través de esa productora, ni tampoco hemos abonado ningún tipo de comisión, que es lo que está investigando la justicia”, dijo. También sentó postura ante el amparo que frenó las elecciones de convencionales constituyentes: “Nosotros vamos a ser respetuosos de la decisión del Poder Judicial, como lo fuimos con el Poder Legislativo cuando aprobó la ley y con la decisión del Poder Ejecutivo cuando firmó el decreto. Los tres poderes de la provincia se están manifestando y como espacio político, más que como municipio, vamos a respetar esa decisión”.
Río Grande.- El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Grande, Dr. Gastón Díaz, negó taxativamente toda vinculación con la empresa Martínez Sosa, tras conocerse los chats de la ex secretaria del presidente Alberto Fernández, en los que se menciona al intendente Martín Pérez.
“Nosotros vimos la noticia el fin de semana y también vimos portales que no tienen nombre ni firma, promocionando esta información. Lo cierto es que la Municipalidad de Río Grande no tiene ningún tipo de contrato ni ha hecho ninguna contratación a través de la productora de seguros Martínez Sosa. Tampoco se ha pagado desde el Municipio de Río Grande ningún tipo de comisión, que es lo que está investigado. Tal es así que no se ha pagado ningún tipo de comisión, que esa productora de seguros ni siquiera es proveedora del Municipio. No lo es ahora ni lo ha sido antes, por lo que nosotros hemos podido observar”, dijo por Radio Provincia.
“No es proveedora dentro de nuestra gestión, no hemos contratado ningún tipo de seguro a través de esa productora, ni tampoco hemos abonado ningún tipo de comisión, que es lo que está investigando la justicia. Obviamente va a ser una investigación larga y tendrá muchas aristas a lo largo y ancho del país, pero no es un tema que vaya a involucrar al Municipio de Río Grande, aunque algunos portales intentan instalarlo de esa manera”, cuestionó.
Consultado acerca de si la empresa se contactó con la Municipalidad o el intendente Martín Pérez en algún momento, para oficiar de intermediaria en las contrataciones, aseguró que “nosotros no tuvimos ese tipo de sugerencias. Cuando nosotros asumimos, los contratos de la aseguradora ya estaban suscriptos y firmados, y se continuaron esos contratos. Evidentemente eso ha tenido que ver con que no hemos recibido ningún tipo de pedido al respecto”, barajó.
Agregó que los seguros contratados fueron previa licitación. “Cuando tuvimos que llevar adelante el proceso de contratación, se hizo a través del mecanismo de contratación interadministrativa, con una licitación, y esos contratos interadministrativos impiden la participación de intermediarios. Eso zanja cualquier tipo de duda. (Martínez Sosa) ni siquiera es proveedor, y por ende no se ha pagado ningún tipo de comisión en ese sentido”, reiteró el funcionario.
Reforma judicializada
Respecto del fallo del Superior Tribunal que suspende las elecciones de convencionales constituyentes, expresó que “desde el primer momento hemos sido claros respecto de nuestra postura con relación a la reforma de la Constitución. El intendente lo ha dicho públicamente ya antes de que se vote la ley, en el mes de diciembre. Nosotros hicimos conocer nuestra opinión respecto de lo que se venía, que es lo que terminó sucediendo, y es esta gran recesión económica que nos tiene a todos los funcionarios públicos muy ocupados en atender las necesidades de los vecinos”.
“Lo hicimos saber en aquel momento, fuimos respetuosos de la decisión de la Legislatura cuando aprobó la ley y, cuando se produjo el decreto de convocatoria, fuimos respetuosos del mismo y el intendente hizo saber que, a pesar de no haber estado de acuerdo con la reforma, íbamos a participar de ese proceso electoral. Incluso el intendente marcó postura respecto de algunos temas, como lo que tiene que ver con la toma de empréstitos para gastos corrientes, porque no está de acuerdo con eso; o de cuidar mucho los recursos de los municipios. De la misma manera que respetamos la decisión de la Legislatura, respetamos la decisión del Ejecutivo y del Poder Judicial. Los tres poderes de la provincia se han manifestado y nosotros vamos a seguir siendo respetuosos de eso”, sostuvo.
En cuanto a la politización de la justicia, aclaró que “todas las decisiones judiciales tienen connotaciones políticas, lo que sería preocupante es si tuviera connotaciones político-partidarias, que es otra cuestión, y eso no lo estamos observando al menos desde nuestro espacio político. Claramente todas las decisiones judiciales, cuando se ordena que haya clases en el sistema educativo, o cuando se nos ordena a los municipios la posibilidad de entregar un terreno fiscal a una persona que lo necesita, tienen connotaciones políticas, que es distinto de una connotación político-partidaria”, diferenció.
Cabe recordar que el gobernador Melella dijo que la misma mano escribió la denuncia y el fallo, pero para el Dr. Díaz “no es clara la acusación porque no se ha puesto nombre. Nosotros vamos a ser respetuosos de la decisión del Poder Judicial, como lo fuimos con el Poder Legislativo provincial y respecto de la decisión del Poder Ejecutivo. Los tres poderes de la provincia se están manifestando y como espacio político, más que como municipio, vamos a respetar esa decisión”, subrayó.
Sin infracciones a taxistas de Uber
Por otra parte, Gastón Díaz explicó los motivos por los cuales se decidió no labrar más infracciones a los que prestan el servicio de Uber y están habilitados, a raíz de un fallo judicial. “Lo que estableció el Juzgado es la inconstitucionalidad de pedir a un vecino que se vincule con un transporte de una determinada manera. Lo que quiso decir es que uno no puede meterse en la forma en que uno elige contratar un servicio de transporte. De parte de los taxis y remises se nos planteó que estaban usando esa plataforma y, en función del fallo, a aquellos transportes habilitados, como son los taxis y remises que utilicen la plataforma, no les estamos labrando actas de infracción”, explicó.
“Como dice el fallo, no nos estamos involucrando y no estamos controlando la forma en que el vecino elige vincularse con un transporte habilitado. Distinto es si no se trata de un taxi o un remise, y en ese caso labramos actas de infracción. El Juzgado anuló las actas de infracción que habíamos labrado y sólo vamos atrás de aquellos que transportan personas sin tener las condiciones de seguridad para el transporte, como la licencia de conducir categoría 1, la RTO, el seguro, la antigüedad, es decir todas las condiciones que tiene que tener un vehículo para transportar un pasajero. Si lo hace una persona que no cuenta con una licencia de taxi o remise, por más que use la plataforma que use, incurre en una infracción”, concluyó.
