El contador Ramón Gallardo explicó los beneficios del RIGI por sobre el subrégimen industrial vigente y aseguró que ambos pueden convivir sin inconvenientes. En caso de que la provincia no adhiera, pueden hacerlo los municipios para contar con nuevos inversores. Recordó que el subrégimen está cerrado a unas 40 empresas y cualquiera que se quiera instalar tiene que pagar IVA y Ganancias para exportar al continente. Frente a los niveles de desocupación y pobreza, consideró fundamental aprovechar las bondades de este régimen de incentivo a la inversión privada.
Río Grande.- El contador Ramón Gallardo dio detalles al programa ‘Buscando el Equilibrio por Radio Provincia de los beneficios del régimen de incentivo a la inversión privada –RIGI-, que puede convivir perfectamente con el subrégimen industrial.
“Estamos mal en situación de empleo y proyecciones de crecimiento. Aumentó la pobreza y la indigencia. El INDEC dice que acá existe un 5% de población desocupada, sobre 170 mil habitantes. Es decir que más de 5 mil habitantes están sin trabajo pero yo creo que la cifra es superior a esa”, señaló sobre el panorama provincial.
“Desde el punto de vista de infraestructura estamos mal para encarar el desarrollo. No existe un puerto y tampoco existe energía suficiente, por eso debemos adherirnos al RIGI. En el subrégimen industrial coexisten unas 40 empresas que están en el ramo textil, plástico, químico y electrónico. Fue prorrogado por 15 años, con posibilidad de otros 15 años. Para las textiles la prórroga es por 5 años, con posibilidad de otros 5 años, pero se trata de prórrogas que fueron a las empresas que tenían proyectos aprobados o que habían iniciado actividades antes al 23 de octubre de 2021. Hace 21 años que no se puede instalar ninguna empresa bajo los beneficios promocionales de la 19640”, planteó.
“Es una industria que está concentrada en el mercado local, porque exporta poco. El INDEC sacó un informe que dice que Tierra del Fuego exportó 329 millones en 2023, el 68% de eso es gas y petróleo, un 21% pesca y mariscos, y solamente un 9% es materia prima plástica, que es Río Chico. El resto de las empresas no exportaron, es decir que su producción está atada al mercado local nacional”, señaló.
“Otra de las características de nuestra industria es que depende de insumos importados, y está sujeta a los vaivenes de lo que sucede con el dólar. Además de que no se instalan industrias hace rato, el 77% de la facturación, según el informe de FUNDAR, está concentrado en tres productos: televisores, aire acondicionado y celulares, que son los que absorben el 75% de la mano de obra. Ahora se abre la importación, con lo cual en mayor o menor medida nos va a afectar”, advirtió.
“El crecimiento de las empresas electrónicas y textiles va a depender de que se reactive el mercado nacional, porque la exportación no existe, salvo el caso de Río Chico, así que vemos complicado el panorama. Nos queda el sector de los recursos naturales, y la ley 19640 habla de la exportación de recursos en su estado natural, luego tenemos una resolución de la Secretaría de Industria que permite poner valor agregado a los recursos. Con esto se hizo muy poco, se sacaron algunas puertas, el agua Khami, porque es una simple resolución y un secretario puede eliminarla de un plumazo, por eso no hay inversión. Si hubiera seguridad jurídica, como la que establece el RIGI a 30 años, las empresas que pescan podrían poner valor agregado, hacer plantas en tierra para la elaboración de todo lo que traen del mar, y exportar al mundo. Acá no existe el valor agregado de la pesca”, manifestó.
“Tierra del Fuego es totalmente atractiva para invertir, pero muchos de los gobernadores han puesto el piloto automático como administradores y no se dedicaron al desarrollo, porque ni siquiera tenemos la infraestructura básica. El decreto 1049 de 2018 permite la extracción de gas y petróleo, que es el 68% de lo que se exporta. Esto está dando un aumento de las reservas y se está exportando, pero los decretos anteriores no tienen la seguridad jurídica que tiene el RIGI”, comparó.
“Las ventajas del RIGI son la seguridad jurídica, aduanera y cambiaria y tiene beneficios similares a la 19640, pero además esa seguridad jurídica por 30 años dice que ante un litigio de un inversor con el Estado nacional se puede buscar un arbitraje internacional, y esto nunca sucedió. No depende del Congreso que haya un problema con los inversores y no se les quiera reconocer determinado derecho. La ley 19640 no tiene ese arbitraje internacional”, sostuvo.
“Otro punto importante del RIGI es que no es incompatible con otros regímenes promocionales. Lo único que dice es que no se pueden acumular beneficios. Se pueden usar los beneficios que no se superpongan con los que tiene la provincia”, explicó.
Adhesión municipal
Aseguró que “si no adhiere la provincia, pueden hacerlo los municipios, pero lo ideal es que adhiera la provincia. El RIGI invita a las provincias y a los municipios a adherir, por esto están Bahía Blanca y San Isidro adheridos, y no la provincia de Buenos Aires. La ventaja es que quien adhiere, acepta lo que está escrito en la ley, sin condiciones. La ley del RIGI dice que los que adhieran tienen que tener las tasas y los conceptos vigentes al 31 de diciembre de 2023, no pueden crear un nuevo impuesto para aprovechar la inversión que pueda hacer una empresa. Los municipios no pueden aumentar las tasas y tienen que estar relacionadas con un beneficio acorde a lo que se está pagando”.
“En el caso de Tolhuin, puede adherir aunque no adhiera la provincia. Uno de los objetivos del RIGI es el turismo y es el ideal para Tolhuin, para crecer en esta industria, y no necesita de la provincia. La diferencia es que, si la provincia no adhiere, Tolhuin puede aplicar impuestos a un emprendimiento, pero tiene que respetar las tasas municipales. Si viene un inversor y aprovecha las termas, ese emprendimiento tiene los beneficios del RIGI por 30 años y, si la empresa no cumple, puede buscar un arbitraje internacional, no va a depender de la provincia. Si una empresa se desarrolla en Tolhuin, ya tiene la exención de IVA y Ganancias, porque lo establece la 19640, pero lo que no tiene la ley es que esa empresa puede mandar los dividendos de los inversores libremente al exterior”, indicó.
Hidrógeno sin beneficios
El contador aseveró que sin la adhesión al RIGI, la producción de hidrógeno verde no tendría beneficios. “En el caso del hidrógeno verde, no afecta el medioambiente, se separa el hidrógeno del agua por un procedimiento de electrólisis, y se usa para energía, para baterías, para fertilizantes, para combustible de aviones, y es inclusive mejor que el litio, porque no es contaminante. Se utiliza la energía eólica o solar. Hace rato es caballito de batalla del gobernador de Tierra del Fuego. El CFI determinó que la capacidad de producir hidrógeno verde acá supera los 30 mil millones de dólares. Dentro de las normas que nos rigen, no hay ninguna donde calce ese proyecto, porque si se va a producir hidrógeno verde no es para abastecernos a nosotros sino para exportar. Si se exporta al continente, la única manera de tener beneficios es a través del RIGI”, expresó.
Consultado sobre la oposición de los ecologistas a la producción de hidrógeno verde, planteó la necesidad de generar fuentes de trabajo “con una pobreza en Argentina de más del 51% y una década que no se crea trabajo privado. La universidad de San Andrés hizo una encuesta y la prioridad era el empleo, luego la seguridad y en el puesto 20, con un 2%, estaba la ecología”.
Reiteró que “si la provincia no adhiere, pueden adherir los municipios y, si no adhieren, la verdad es una pena porque es por egoísmo y por ideología que no se está accediendo a beneficios. En el subrégimen industrial estamos limitados y en más de una oportunidad se plantea la eliminación de los beneficios, por eso en estas condiciones es muy difícil que crezca la industria radicada. El subrégimen industrial quedó acotado a unas 40 empresas y hace 21 años no se puede instalar ninguna industria, porque se requiere un proyecto aprobado por nación. Para recursos naturales no se necesita un proyecto aprobado por nación y los pueden sacar libremente. El único crecimiento que tuvieron algunas electrónicas fueron algunos proyectos que andaban boyando por ahí, que no estaban activos, pero eran proyectos ya vigentes al 23 de octubre de 2021. La última vez que se permitió la instalación de nuevas empresas fue en 2012, por el decreto 490, cuando se instaló Brightstar. Si alguien quiere venir a hacer televisores, lo puede hacer, pero cuando quiera sacarlos al continente tiene que pagar IVA y Ganancias, porque no está bajo la promoción”, dijo.
“Los dos regímenes pueden convivir perfectamente, pero el RIGI es fundamental para nosotros, como también es fundamental que podamos construir un puerto y tener la infraestructura básica para el desarrollo, como es la energía”, concluyó el contador.
