La arquitecta Laura Montes confirmó que, luego de la veda invernal, se van a terminar todas las obras de viviendas que estaban en ejecución, en función de los fondos FONAVI que están llegando al IPV y del convenio firmado por el gobernador con el gobierno nacional. El presupuesto para el año entrante prevé 10 mil millones en obras de vivienda y antes de fin de año se entregarían más de 250, entre Río Grande y Ushuaia. Paralelamente se sigue trabajando en la adjudicación de lotes con servicio, sobre todo en Tolhuin. Una vez finalizadas las obras, planteó la necesidad de “definir un nuevo ejido en Ushuaia, porque la falta de tierra es alarmante”.
Río Grande.- La arquitecta Laura Montes, presidente del IPV, dio cuenta de las expectativas por el reinicio de las obras luego de la veda invernal, y aseguró que se van a terminar todas las que estaban en ejecución.
Por Radio Provincia indicó al programa ‘Buscando el Equilibrio’ que “en el último trimestre ha mejorado mucho la situación, con los fondos nacionales de vivienda y con la firma del convenio. En principio los convenios que se iban a firmar eran de Obras Públicas, porque de vivienda no teníamos los fondos para afrontar la diferencia, pero con esta mejora del FONAVI y con un plan de trabajo un poco más extenso, el IPV puede cumplir con el avance de las obras. Fue un gran trabajo de la Ministra de Obras Públicas y estuvo la decisión política del gobernador de firmar todos los convenios, inclusive el de vivienda. Eso hace que nosotros tengamos firmado un convenio marco para todas las obras y lo que estamos haciendo ahora es recabar la información, hablar con todos los contratistas y juntar los papeles para hacer cada convenio específico de cada obra. Son diez obras en total a nivel provincial y estamos en tratativas con la Cámara y cada uno de los empresarios, para que elaboren sus planes de trabajo para poder avanzar con las viviendas que están con mayor porcentaje de avance de obra, y seguir trabajando con el resto”.
“Lo importante de esto es que vamos a reiniciar todas las obras. Cuando no teníamos este panorama, pensábamos que solamente íbamos a poder avanzar con las que estaban con un avance mayor, pero hoy tenemos otra proyección que nos alienta para terminar todas estas soluciones habitacionales”, destacó.
“Es un 30% aproximadamente lo que nos financia nación y todo es contra certificados. El inicio de las obras va a ser pagado por el IPV y, a medida que vayamos presentando los certificados, vamos a ir obteniendo la ayuda. Lo que tenemos como fondos propios no alcanzaría, por lo cual en esta primera etapa es muy conveniente recibir ese dinero, que es un monto tope no actualizable y en pesos. El financiamiento de nación es de 15 mil millones y ellos nos prestan 4.900 millones. De esos 4.900 millones ya tenemos deuda por certificados de 500 millones. El IPV puede afrontar esa deuda y recuperarla después, porque es contra certificados. La empresa reinicia la obra, certifica, lo rendimos y ahí recibimos el dinero”, detalló.
Respecto de las primeras entregas, adelantó que “estaríamos en condiciones de entregar antes del invierno que viene aproximadamente 200 viviendas. Los primeros dos meses la empresa no ve el dinero, porque tiene que empezar a trabajar, certificar y el certificado tiene un plazo de pago, por lo cual están viendo cómo van a empezar a invertir, obviamente tienen que cobrar los certificados adeudados para poder reiniciar. Una vez que tengamos los planes de trabajo vamos a ver qué cantidad de viviendas y en qué tiempo podríamos entregarlas. Paralelamente estamos con la operatoria de lotes con servicios”.
“En Río Grande tenemos 154 viviendas con fondos propios, que están para entregar antes de fin de año, después tenemos 84 viviendas que están a más del 70% en Chacra IX. Luego tenemos 208 viviendas en Ushuaia, de las cuales aproximadamente 100 podrían ser entregadas a partir del reinicio, a los tres meses, y están en un 75%”, precisó.
“En Tolhuin estamos trabajando con lotes con servicios, porque las licitaciones de 90 viviendas y de 100 viviendas quedaron sin efecto. En esos mismos lotes que son del IPV estamos viendo la posibilidad de entregar el lote y no hacer construcciones”, informó.
Pago de deudas
La arquitecta prevé saldar la deuda con el gobierno provincial, por la asistencia que tuvo que brindar al instituto, con la cesión de propiedades. “Ya no tenemos convenios de asistencia del gobierno y estamos trabajando para efectuar un convenio de contraprestación con inmuebles para poder saldar esa deuda que tenemos con el gobierno de la provincia. No estamos solicitando más dinero porque ya el IPV no es deficitario, porque se han destrabado los impuestos a los combustibles. Nuestra coparticipación del FONAVI está llegando a partir de junio. El primer trimestre fue malísimo pero hace tres o cuatro meses que venimos con otro horizonte para poder programar, lo cual nos trae mucho alivio. Esta transición ha sido muy larga, porque desde el año pasado veníamos así y estaba muy bajo el FONAVI para los gastos generales y de funcionamiento. Para el presupuesto del año que viene tenemos asignadas obras por 10 mil millones”, anticipó.
“Nosotros tenemos una cantidad de inmuebles a nombre del IPV que usa el Estado provincial, y con la transferencia de esos inmuebles nosotros podemos compensar nuestras deudas. Históricamente el IPV ha construido edificios, equipamiento, escuelas, gimnasios, que están en uso y estamos viendo esa posibilidad con Economía, y dentro del mismo Estado se compensan deudas. Si he pedido asistencia financiera como responsable del instituto, tengo que cerrar administrativamente esos convenios para que el IPV quede sin deuda”, explicó.
Recupero con cuotas indexadas
En cuanto al recupero y cancelación anticipada, dijo que pasaron de tener 8 mil adjudicatarios a tener 5 mil, “porque 3 mil personas abonaron la totalidad de su vivienda. Hemos entregado más de 400 escrituras y hemos hecho un trabajo administrativo interno en esta época que no hubo obras, para ordenar las cuentas. Dentro del recupero hay una nueva reglamentaria donde se indexan las cuotas. A medida que se vayan entregando viviendas, se va a poder ver esta diferencia. Hoy tenemos entre 80 y 100 millones de recupero y con eso hacemos una vivienda”.
También se refirió a las desadjudicaciones. “Hay mucha gente que declara que ha comprado una vivienda irregularmente y todas esas personas están con convenio. Paralelamente hay gente que vive irregularmente y no informa al IPV su situación. Cuando se detecta, se empieza un juicio y ya entra a la justicia el juicio de desalojo. Actualmente tenemos 20 juicios, no son muchos y, aunque a veces la justicia nos ordena desalojar, se ve la condición socioeconómica de las personas. Es difícil establecer equidad, porque la persona que entró irregularmente y no esperó lo que tenía que esperar, hay que desadjudicarla y esa casa que se recupera hay que llevarla a la demanda general. Pero a veces es difícil, porque esa persona que compró, lo hizo de buena fe, o tiene niños con discapacidad y una situación socioeconómica vulnerable. Cada caso es particular. Cuando nosotros detectamos que hay un negocio inmobiliario o una estafa, directamente se hace juicio y se accede a la vivienda. Obviamente recibimos denuncias, porque hay viviendas que se siguen pagando y nosotros no sabemos si se vendieron o no. Hay gente que se va de la isla y vende su vivienda del IPV o las alquila. Muchas veces los mismos vecinos hacen denuncias, que son anónimas, porque no estamos viendo si la familia vive o no, en tanto se pague la cuota. Hacemos un seguimiento el primer tiempo pero pasados los tres años no. Cuando la vivienda pasa a ser propiedad privada de la persona, puede hacer lo que quiera con su vivienda, siempre que la haya pagado. Si la vivienda no se terminó de cancelar, de ninguna manera se puede vender o alquilar”, advirtió.
“La cuota más alta que está pagando una vivienda en Ushuaia es de 200 mil pesos, que es una cuota indexada, y es menos de la mitad de un alquiler de una vivienda de dos dormitorios. El valor del metro cuadrado de construcción es de un millón trescientos mil pesos. Por el rol social del IPV la cuota no puede superar el 30% de lo que las personas establecen como ingreso”, apuntó.
Las próximas obras
Por otra parte, la arquitecta planteó que, una vez que todas las obras se finalicen, “hay que ver cómo seguimos, si el gobierno nacional va a dar la posibilidad de generar lotes con servicios, si van a financiar infraestructura. Todos esos interrogantes quedarán para más adelante, porque lo primero es finalizar las que estaban en ejecución”, priorizó.
“Todavía tenemos tierra en Ushuaia y a futuro va a tener que haber un trabajo en conjunto con el municipio y varios actores para definir un nuevo ejido, porque la falta de tierra es alarmante. El IPV ha comprado lotes con servicios en Río Grande pero en Ushuaia escasean muchísimo. La tierra que tiene el IPV tiene mucha roca, hay muchos desniveles, y se hace muchísimo más caro. En Ushuaia el metro cuadrado para comprar tierra es casi el doble de lo que vale en Río Grande”, comparó.
Sobre la posibilidad de crear nuevos fideicomisos, observó que “hoy hay miedo de invertir de parte del privado, porque las tierras están. Tenemos un proyecto de lotes con servicios en Ushuaia y un proyecto un público-privado para hacer un edificio con base de lotes comerciales. En algún momento, cuando salgamos de lo prioritario, vamos a sacar la licitación. Eso va a estar proyectado para el año que viene. Esto no va a ser financiamiento nacional sino con fondos propios. La demanda de vivienda de Ushuaia es mucho mayor que la de Río Grande y la mayoría de la gente se anota sola. Tendremos aproximadamente 3 mil familias y ha cambiado mucho la demografía, la sociedad en general, y hoy se entregan viviendas a personas que deciden vivir solas”, concluyó Montes.
