La justicia dispuso ayer el allanamiento de la Casa de Gobierno con personal de Gendarmería Nacional, con el fin de secuestrar elementos probatorios de la ilegalidad del decreto que llamó a elecciones de convencionales para el 10 de diciembre. Se enmarca en las denuncias presentadas por el legislador Jorge Lechman y el Dr. Paulino Rossi, quien planteó la comisión del delito de falsedad de documento público y afirmó que se alteró la fecha. Aseguró que este allanamiento apunta a “peritar los registros de los equipos informáticos y esto hay que complementarlo con las declaraciones testimoniales del personal de planta”. Paralelamente avanza la causa vinculada con la acción de inconstitucionalidad de la ley que declaró la necesidad de la reforma.
Río Grande.- La justicia dispuso ayer el allanamiento de la Casa de Gobierno con el fin de recolectar elementos probatorios de la presunta comisión del delito de falsedad de documento público, de acuerdo a las declaraciones que realizó por Radio Provincia el Dr. Paulino Rossi. Aseguró que la falsificación de la fecha del decreto se puede probar mediante pericias informáticas y también a través de la declaración de los empleados de planta.
Recordó que “hubo dos presentaciones, la más importante es la del legislador Lechman, que fue valiente desde lo político e impecable desde lo jurídico. Nos pareció oportuno aportar más elementos, con una línea de investigación paralela, porque acá no solamente estamos hablando de errores administrativos y de constitucionalidad, sino de la comisión de delitos, que va por un canal separado”
“Ahora estamos viendo los resultados, porque al momento de aprobarse la convocatoria hubo dos legisladores que, de manera impune y grosera, negociaron la aprobación de la ley a cambio de crearse dos cargos que ocupan actualmente, como es el caso de los ex legisladores Acosta y Trentino. Esto va en contradicción clara de la Constitución, que dice que ningún legislador puede ocupar un cargo que haya creado por el término de un año. Nosotros pedimos que se investigue este accionar porque este incumplimiento de la Constitución puede tener implicancias penales”, advirtió.
En cuanto a las demandas ante el Superior Tribunal, dijo que “la presentación que hicimos se tramita en conjunto con la presentación del legislador Lechman. Los dos expedientes se van a llevar en conjunto y en realidad lo que hicimos fue un aporte a la presentación del legislador. El punto de inflexión fue su presentación y la justicia está trabajando con la premura del caso, porque es un tema muy sensible. Sé que la causa está avanzando y nosotros hemos aportado elementos probatorios a la justicia para que pueda dilucidar esta situación”.
“En paralelo hubo otro hecho bochornoso que fue la firma del decreto de llamado a elecciones. La fecha límite para el llamado a elecciones era el 26 de julio y ya se tenía organizado un acto público, pero en medio tuvieron un apagón que lo impidió, porque no hubo luz en todo el día. El día martes siguiente aparece un decreto en el Boletín Oficial, firmado supuestamente el día jueves. Manipularon los registros para hacerlo figurar con fecha anterior al apagón, pero todos saben que no fue esa la fecha y existe la posibilidad de probarlo a través de pericias informáticas. La justicia avanzó a través de Gendarmería nacional para peritar los registros de los equipos informáticos y esto hay que complementarlo con las declaraciones testimoniales del personal de planta. De este peritaje puede surgir que el decreto no se firmó en la fecha que le insertaron. También denunciamos que la Ministra de Obras Públicas no tenía autoridad para refrendar el decreto. A ese instrumento público se le introdujo una fecha falsa para justificar que se dictó dentro de los plazos que la ley establecía”, aseguró.
También hizo referencia al silencio del oficialismo frente a estos hechos, que todavía no ha respondido al Superior Tribunal. “El oficialismo está fingiendo demencia con este silencio ensordecedor. Nosotros hemos denunciado penalmente a dos legisladores que se han caracterizado por su verborragia y están llamados al silencio, cobrando un sueldo de manera indebida y generando un perjuicio fiscal. Ningún representante del gobierno ha tenido ningún tipo de expresión, porque saben que lo que se plantea es real”, sostuvo.
“En este contexto no va a haber llamado a elecciones y cambia mucho el panorama político, porque lo único que le interesaba al gobierno provincial con la convocatoria a reformar la Constitución era la re reelección, y por otro lado sacarle fondos a los municipios. Esa era la intencionalidad de fondo, porque el resto de los argumentos no se lo creen ni ellos mismos. No hay ningún proyecto y no sabemos qué reforma querían hacer. Fue todo muy improvisado, con la impunidad que les dio la mayoría que tenían en la Legislatura anterior. En el marco de esa improvisación, se han cometido atropellos institucionales y posible comisión de delitos, que es lo que está investigando la justicia”, manifestó.
Se mostró esperanzado en el accionar de la justicia, viendo también lo que ocurre en el escenario nacional. “Yo tengo esperanza porque a nivel nacional se ven aires de cambio. El contexto social obliga a las instituciones a avanzar firmemente y en Tierra del Fuego tenemos a un gobernador que era amigo de Alberto Fernández, siempre lo expresó y estaba de acuerdo con esa lógica. Tenemos un punto de inflexión”, consideró.
Citybus “impune”
Por otra parte, como abogado de los trabajadores de Citybus, estimó que prontamente van a comenzar a salir los fallos de los juicios iniciados contra la empresa, que mantiene una “actitud impune”, con presiones a los trabajadores para que no adhieran a medidas de fuerza como las dispuestas para esta semana. “Los trabajadores que participaron de la actividad sindical han sido echados sin indemnización, tuvimos amparos que se han dilatado en el tiempo y ahora tenemos los juicios por las condiciones laborales. Vamos a empezar a tener ahora los primeros fallos porque la situación es insostenible y esperemos que la situación se empiece a revertir”, señaló.
“La empresa es totalmente impune, no solamente por las actitudes anti sindicales, sino porque tenemos personas que han tenido accidentes laborales, han quedado condicionados en su motricidad y los han echado sin pagarles indemnización, con cargas de familia. Ya tenemos alrededor de 30 ó 40 juicios contra la empresa y el personal tiene miedo fundado, porque los echan sin ningún tipo de indemnización. Los tiempos de la justicia son lentos, porque un juicio laboral son dos o tres años, como rápido, y no todos están dispuestos a esperar ese tiempo para poder cobrar la indemnización correspondiente”, planteó.
“Hay incontables reclamos sobre condiciones laborales, ropa de trabajo, no se publican los diagramas, el convenio colectivo no lo aplican para nada. Lo único bueno es que el Ministerio de Trabajo ha tomado una actitud más proactiva, después de no tener respuestas. El Ministerio ha acreditado que los sueldos los liquidan incorrectamente, porque la empresa paga como quiere y cuando quiere. Hay incumplimientos en lo que respecta a ropa de trabajo, los diagramas que tienen que publicarse para que la gente pueda programar su mes y el Ministerio ha intimado a la empresa. Se hace muy difícil prestar el servicio a la comunidad porque las unidades están todas destruidas, son viejas, tienen problemas de seguridad, problemas de neumáticos. Es realmente difícil la situación del transporte público en Río Grande”, aseveró.
Ante la medida de fuerza, la empresa habría dicho que “al que se adhería al paro lo echaban”, por eso “el servicio está prácticamente normal, solamente tres o cuatro choferes se han adherido y no se dejaron amedrentar ante este apriete que ha hecho la empresa. A nivel nacional hay medida de fuerza, salvo en Río Grande que tiene un servicio prácticamente normal. No es que les descuentan los días, sino que los echan y en muchos casos sin indemnización”, ratificó.
Con respecto al rol del municipio como contralor, dijo que “paga fortunas mensualmente en subsidios para prestar el servicio y podría tomar una actitud un poco más proactiva, pero acota su responsabilidad. El responsable primero es la empresa, si bien la municipalidad podría hacer un poco más”, concluyó.
