Unión por la Patria y la UCR impusieron su número. La ley establece un ajuste mensual por IPC, un plus de un 8,1% para recuperar la suba de precios de enero y que el haber mínimo tiene que ser equivalente al 1,09% de la canasta alimentaria, Por otro lado los senadores anularon la última suba de sus sueldos y congelaron sus dietas hasta el 31 de diciembre en una votación que fue unánime.
Buenos Aires.- El Gobierno cierra una semana en el Congreso de la Nación en la que la oposición hizo valer su mayoría y se impuso tanto en Diputados como en el Senado. Luego de que los primeros rechazaran el DNU que otorga USD 100 millones de gastos reservados a la SIDE, la Cámara Alta aprobó la ley de movilidad jubilatoria por 61 votos a favor y ocho en contra, lo que significa que se aprobó por dos tercios y se establecieron estableciendo cambios al modelo que propuso el Ejecutivo por DNU.
En una votación en la que el bloque de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical lograron un acuerdo para avanzar con el proyecto que llegó de Diputados con media sanción —ahí también votaron en conjunto— se impusieron con el acompañamiento del bloque del PRO, y miembros de los bloques provinciales, lo que significó que se aprobó con los dos tercios.
El rol de miembro informante fue compartido entre Mariano Recalde, de UP, y Martín Lousteau, de la UCR. El senador K se refirió a que “el sistema previsional argentino está en crisis, producto de la crisis económica del país. El Estado tiene que hacerse cargo”, sostuvo Recalde.
Y agregó: “Aprobar esta ley es un acto de justicia y de reparación. En 2015, un jubilado compraba 49 kilos de asado, hoy 29. Es urgente que reparemos esta pérdida y este retroceso, porque los jubilados se lo merecen”.Por su parte, el radical señaló que “el proyecto ajusta las jubilaciones mensualmente por inflación para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo” y “esto es importante porque desde 2017 las jubilaciones y pensiones perdieron un 45% de sus ingresos”.
Aunque hubo acuerdo en el proyecto en general, el radical señaló que coincidía en que la privatización de las jubilaciones “fue uno de los problemas principales que desarticuló nuestro sistema, pero debo decir que fue su partido el que hizo esto y que una de las voces públicas para defender la privatización de los fondos de pensiones está sentada a su derecha y es de su propio partido, entonces, enhorabuena que piense distinto, pero el descalabro ocurrió cuando el peronismo gobernaba y esa década liberal es enteramente del peronismo. La privatización de los fondos de pensiones y de YPF es del peronismo”.
Hubo senadores que propusieron modificaciones, en especial en lo que se refiere al artículo que crea una cláusula gatillo anual que se aplicará automáticamente siempre que los salarios hayan subido más que la inflación y será del 50% de esta diferencia. Los senadores Vischi y Zimmerman propusieron que fuera del 25%, pero no fue aceptado por el miembro informante.
Pero no contaban con el apoyo suficiente y eso quedó en claro a la hora de la votación en particular de cada uno de los artículos. La norma tiene 13 artículos, y no solo que el oficialismo perdió en cada una de las votaciones sino que en los claves, los que los senadores más cercanos a la Casa Rosada de la oposición intentaron modificar, perdieron por los dos tercios.
Todas las votaciones en particular que terninaron con alguna de las partes -positivo o negativo- con más de 48 votos significa que se consiguó los dos tercios. El art 1 la votación quedó 69 a 0, el artículo 2 por el que se pidieron modificaciones se aprobó 49 a 20 -dos tercios; artículo 3 fue 61 a 8, el cuarto 49 a 20; el quinto 67 a 2; los artículos 6, 7, 8 y 9 se aprobaron 68 a favor y 1 negativo; el art 10 se aprobó 54 positivos, 11 negativos, y 4 abstenciones y por último los Art 11, 12 y 13 se aprobaron por 68 a 0. En todo este proceso, la Presidenta del Senado, Victoria Villarruel no estuvo presente.
El proyecto que se aprobó y que ahora pasará al Ejecutivo nacional —que amenaza con vetarlo— establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.
Además, incorpora una compensación extra —o “empalme”— del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Con este mecanismo, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. El Ejecutivo insistió en que esto fuera a partir de julio y la oposición lo quiere retroactivo desde febrero. Esto último es lo que se impuso.
Para evitar que la actualización de la canasta básica —que se efectiviza después del pago de los haberes— no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09. Tampoco fue avalado por la Casa Rosada, aunque varios dialoguistas consideran que a Diputados “se le fue la mano”. No obstante, tampoco se aceptó modificarlo y se aprobó como llegó de la Cámara Baja.Además, la Cámara Baja agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE —promedio de los salarios— y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Bajo este precepto, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes. Otro punto que el Gobierno no tolera y que quedó sancionado.
Durante el debate en Diputados, una prenda de cambio entre opositores fue priorizar el pago de los juicios sobre reajuste de haberes y de las deudas con las cajas previsionales provinciales —que 13 distritos no transfirieron a Nación— con fondos de la ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por ende, se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA. Para el Ejecutivo, esto significa el final del déficit cero. Por otra parte, durante la sesión ordinaria se aprobó y giró a Diputados el proyecto que impone “prisión de 5 a 15 años al que reciba y a quien entregue ilegítimamente a una persona menor de edad mediando o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
Los senadores anularon la última suba de sus sueldos y congelaron sus dietas hasta el 31 de diciembre
Se aprobó ayer por la tarde en la Cámara alta de manera unánime, con 65 votos. Harán un puente del cuestionado mecanismo que se autogestionaron en abril pasado. Desde 2025 se reactivará
Tras la polémica generada por el último aumento otorgado a empleados legislativos atada a senadores, del 6,6% para julio y agosto, el pleno de la Cámara alta anuló la suba en cuestión y congeló sus dietas hasta el 31 de diciembre, en una votación unánime, con 65 adhesiones. A pesar de este puente, en enero seguirá vigente el cuestionado mecanismo que legisladores se autogestionaron en abril pasado, con sueldos en la actualidad de más de $7 millones en bruto.
En concreto, el proyecto de resolución a aprobarse de manera inminente suspende “para las señoras y señores senadores toda la actualización que se realice en el valor del módulo” establecido en la resolución de abril pasado, que fue la que generó el escándalo, “a partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2024″. Por ende, no gozarán del vigente aumento del lunes último a favor de los empleados legislativos de 3,5% para julio y de 3% -acumulativo- para el corriente mes.
Si de números se trata, el sistema de dietas de los senadores pasó a estar conformado desde abril por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre este último punto, sólo cuatro no lo cobran en la actualidad. Además, los legisladores se agregaron una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Esto representa, en la actualidad, más de $7 millones en bruto.
La única integrante de la Cámara alta que no goza de este mecanismo es la santacruceña y ex gobernadora Alicia Kirchner, del Frente de Todos. Antes de ingresar como legisladora y, como suele ocurrir en el Estado, tuvo que llenar un formulario obligatorio, donde eligió mantener su jubilación y no percibir el sueldo de parlamentaria.
“No debería ser una tarea de la Presidencia -de la Cámara alta- ni del Ejecutivo indicar cuáles deben ser los ingresos de los señores senadores”, aseguró el experimentado peronista disidente Juan Carlos Romero, quien dejó en claro que lo votado representa una “transición hasta encontrar hacia fin de año una verdadera solución”. El salteño luego apuntó a las críticas recibidas y recordó que, en varias zonas del Estado, es un “misterio”, como el valor de sueldos de directores de empresas públicas.
“La gente merece una explicación”, opinó el jefe del kirchnerismo, José Mayans, quien manifestó que “hay mucha distorsión sobre la percepción de un legislador que tiene que venir a cumplir obligaciones”. Adhirió a ambos el titular del oficialismo, Ezequiel Atauche, que pidió un gesto para mostrar “ejemplaridad”.
Tras lo ocurrido, oficialismo y oposición comenzaron la discusión -en sesión especial- de un proyecto de Mayans que impone que el Presidente de la Nación tiene que tener un haber establecido en 20 salarios mínimo vital y móvil. Ése será el máximo que se aplicará a los miembros de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, y empresas y sociedades del Estado. Como el mínimo hoy está en 262.432,93 pesos, el del primer mandatario quedaría en 5.248.658,6 pesos.
Sobre autoridades superiores y jerárquicas como ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios y cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en los incisos a), b), c), y d) del artículo 8º de la Ley 24.156, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo, sus remuneraciones no podrán superar 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo concepto. Es decir, 3.936.493,95 pesos.
Por otra parte, a partir de Secretarios de Estado, la cifra baja a 10 salarios, mientras que para Directores/as Ejecutivos de las Empresas y Sociedades del Estado -YPF por ejemplo- será de nueve haberes mínimos. Si el proyecto obtuviera la aprobación del Senado y la sanción de Diputados -hoy, lejano-, no sólo implicará que el Presidente tenga fijado su sueldo, sino que también impactará en la Corte Suprema de Justicia: magistrados del máximo tribunal pasarían a percibir casi $4 millones, ya que en la escala quedarían con 15 Salarios Mínimo Vital y Móvil.
Hubo otro texto en la agenda del jefe del macrismo, Luis Juez, junto a otros miembros de dicha bancada, para desactivar la criticada resolución de abril pasado. La mayoría de los bloques apuntó al cordobés en los últimos días debido a que la semana pasada, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, anticipó a los legisladores que se venía el aumento a empleados y, por ende, la actualización automática de las dietas. Nadie abrió la boca.
Mayans, Romero y Juez opinaron sobre la iniciativa del kirchnerista y se decidió que todo lo relacionado con este tema volviera a analizarse en las comisiones correspondientes. El objetivo de despejar el foco de los sueldos de senadores por cuatro meses ya estaba cumplido. Distinto caso ocurre en Diputados, con un Martín Menem que acrecentó el sueldo a los legisladores por tramos y en una resolución oculta, como la mayoría de los documentos de la Cámara baja. Tendrían que ser públicos, como en la Cámara alta. Javier Milei, al parecer, aún no se enteró de ello.
