El contador Ramón Gallardo agradeció a los legisladores de la comisión de presupuesto que dictaminaron a favor de la moratoria provincial, con el fin de que los comerciantes puedan regularizar su situación. Planteó las consecuencias de la recesión a nivel nacional, que golpean a la provincia y han derivado en cierre de comercios y despidos de personal. El jueves se convertiría en ley y hay una reducción de intereses y punitorios escalonada, de acuerdo al plan de pago por el que se vaya a optar. Con la reglamentación del RIGI que se conoció el pasado jueves, instó al gobierno y a los municipios a adherir, para no perder posibles inversiones en la provincia que no están alcanzadas por los beneficios de la 19640.
Río Grande.- El contador Ramón Gallardo dialogó con el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia sobre el dictamen de la Legislatura a favor de la nueva moratoria de AREF, que se convertiría en ley en la sesión de este jueves. Indicó que “el 23 de julio, teniendo en cuenta que a nivel nacional había salido la ley 27.743 de la moratoria previsional por deudas hasta el 31 de marzo de 2024, elevamos una nota al presidente de la comisión de presupuesto, por la caída de las ventas, el aumento de los servicios y de los alquileres. El dirigente del Centro de Empleados de Comercio había manifestado que en Río Grande existían 347 despidos, como consecuencia de la recesión”.
“Pedimos una moratoria impositiva provincial y el jueves se dictaminó a favor. Ya existía un proyecto presentado por el bloque del MPF con características similares a las que presentamos. Es importante agradecer al legislador Sciurano, porque siempre estuvo predispuesto. Fue más de una cámara la que estuvo solicitando esto, porque fue la Cámara de la Madera, la Metalmecánica entre ellas, porque no vivimos en un planeta distinto y nos está pegando toda la recesión que existe a nivel nacional. Esto ya tiene dictamen, el proyecto original sufrió pocos cambios, y se darían de una a tres cuotas con un 100% de reducción de los recargos por intereses. Sobre el saldo que queda se aplicaría un interés del 2%. También hay posibilidad de pago de cuatro a doce cuotas, con la condonación de intereses del 80% y la tasa de interés sobre saldo del 12.5%. Otro plan es de trece a veinticuatro cuotas, la reducción de intereses sería del 60% y la tasa de interés sobre saldo sería del 3.5%. El último tramo sería de veinticinco a sesenta cuotas, con una reducción de intereses del 40% y una tasa de interés sobre saldo del 4%”, detalló.
“En el proyecto original se hablaba de deudas hasta el 31 de mayo de 2024 y habíamos pedido que sea una fecha más cercana, así que va a abarcar deudas hasta el 31 de julio de 2024 y va a haber un plazo de sesenta días para acogerse al beneficio. Si hay un plan de pago que haya caducado, pueden reestructurar esa deuda con estas bonificaciones”, apuntó.
Con respecto a las deudas posteriores a esa fecha, recordó que “existía un plan permanente en AREF e imagino que eso seguirá vigente. Lo que hemos logrado es importantísimo porque es una manera de aliviar al comercio. Hoy cayeron muchos comercios porque, ante esta recesión, o cierran o mantienen la fuente de trabajo y lo primero que dejan de pagar son las cargas sociales. Además la ley 27743 invitaba a los gobiernos provinciales o municipales a hacer algo al respecto. La Municipalidad había salido con un plan de pago con condonación de intereses, y faltaba el gobierno provincial. El jueves va a sesionar la Legislatura y ahí se transformará en ley esta moratoria, que abarca todos los impuestos que están a cargo de la AREF”.
Agentes de retención
Por otra parte se le pidió opinión sobre la intención del gobierno de que los comercios sean agentes de retención. “Esto se ha hablado en la cámara pero no se hizo ningún planteo. Yo soy asesor de la CAME y presidente de la Cámara de la Madera y en ese rol puedo dar mi opinión, que es bastante crítica con respecto al impuesto a los Ingresos Brutos. Cuando se habla de la coparticipación, que se tiene que rever, uno de los temas es ver este impuesto que va en cascada y es uno de los impuestos más recesivos que encarece todo tipo de artículo que uno quiere vender”, aseguró.
Y dio un ejemplo concreto: “Si yo quiero hacer un baño y tengo que comprar los bloques, se los voy a comprar al que los fabrica, pero esa persona a su vez le va a comprar la arena a una cantera. Seguramente la persona que tiene cantera tiene máquinas trabajando para mover la arena y camiones que la cargan. Cuando le factura la máquina que mueve la arena, dentro de su precio le cobra Ingresos Brutos. El camión que carga la arena para el que va a hacer el bloque, cobra Ingresos Brutos para hacer esa carga, así que el dueño de la cantera ya tiene dos veces el pago de Ingresos Brutos; el que hace el bloque paga Ingresos Brutos por la bolsa de cemento y cuando lo vende le aplica Ingresos Brutos. Es decir que de una alícuota que puede ser del 3.5% en la cantera, en el bloque se está pagando cerca de un 20% de Ingresos Brutos. Es un impuesto totalmente recesivo y es uno de los factores que encarece todo tipo de producto. Ojalá esto se elimine y se busque un sistema de recaudación similar al IVA, donde quien compra paga el impuesto y, cuando vende, lo deduce de lo que pagó en la cadena anterior. Con esto se elimina esta cascada tan perjudicial para todos los que tributamos este tipo de impuesto”, explicó.
“Con respecto a la retención que quieren hacer, es tanta la ansiedad que tiene el Estado por recaudar, que cobra anticipadamente las retenciones y hace este tipo de cosas para sobrellevar el exceso de gastos que tiene. Termina pagando un comerciante, al que le están reteniendo anticipadamente en sus cuentas, a cuenta de un Ingreso Bruto que todavía no está en fecha de pagar”, cuestionó.
Reglamentación del RIGI
El contador remarcó la necesidad de adherir al RIGI, que ya fue reglamentado. “Salió el jueves a la noche, se reglamentaron todos los artículos y ahora hay que analizarlo. Una reglamentación no puede cambiar la ley y lo más importante es que, ante un litigio que tenga el inversor con el Estado por los beneficios que le otorga por 30 años, tiene 60 días para llegar a un acuerdo con la autoridad de aplicación y, si no llegaran a un acuerdo, se va a un arbitraje internacional, para que le mantengan los derechos. Eso para mí es fundamental y hay una gran diferencia con la ley 19640. Muchos dicen que con esto se está vendiendo soberanía, pero yo creo que lo que se está haciendo es dar seguridad jurídica a quienes quieran hacer una inversión, sean capitales nacionales o extranjeros”, señaló.
“La UIA está planteando un proyecto que también se está tratando con CAME, que es un RIGI para las pymes. Ese RIGI para las pymes pide ciertos beneficios para un capital que no sea tan alto como los 200 millones de dólares que se han establecido. Eso se está discutiendo con el gobierno y con el Congreso. En principio los beneficios serían una disminución en las cargas sociales y en algunos impuestos, más una devolución más rápida del IVA, pero todo está en discusión”, aclaró.
Destacó que “el RIGI tiene garantías, porque el 20% de la inversión tiene que ser con proveedores locales y esto fue hecho por las provincias. Se incluyó la palabra ‘locales’ para el desarrollo de proveedores de materiales e insumos que requiera esa inversión, y es una obligación. Al hablar de locales, se habla del lugar donde se está haciendo la inversión, no de toda la Argentina. Este régimen exige la presentación de todo un proyecto, con detalle del capital a aportar, dónde se va a hacer, qué insumos van a importar y si tienen que ser exclusivos para ese proyecto, porque no se puede importar una máquina que se hace en Argentina; tienen que respetar el cuidado del medio ambiente con los permisos correspondientes; tienen que indicar la cantidad de personas que van a tomar; es decir que hay varios requisitos para cumplir para que le den el visto bueno. El Estado nacional tiene un plazo de 45 días para expedirse por sí o por no”.
Consultado acerca de si estos beneficios bastan para atraer inversiones extranjeras, advirtió que “en primer lugar las provincias tienen que adherir y las municipalidades también. En segundo lugar, hay que hacer conocer estas bondades en el mundo. Hay una gran riqueza en la Argentina y por temas ecológicos o porque no somos creíbles, nadie va a invertir porque le prohíben sacar los dividendos después de que hacen las inversiones. Este régimen da esa seguridad de no estar a merced de los funcionarios de turno, con un arbitraje internacional. Por ejemplo, el gobernador de Buenos Aires dijo que iba a hacer su propio RIGI, pero ya está hecho por ley nacional y con impuestos nacionales, así que es ridículo lo que dijo porque puede sacar solamente los impuestos provinciales o las tasas”, opinó.
“Ni la provincia ni los municipios han adherido hasta hoy, con lo cual no existe la posibilidad del RIGI en Tierra del Fuego. Suponiendo que adhieran, el régimen apunta a los recursos naturales, en lo que somos ricos. Dentro de eso está el petróleo, el gas, donde puede surgir una petroquímica; la siderurgia, el turismo, el bosque. Nosotros tenemos los recursos pero necesitamos la herramienta. El gobierno de la provincia tiene el hidrógeno verde como caballito de batalla y tenemos las condiciones, pero la única norma que puede abarcar esa inversión es la resolución 47 de la Secretaría de Industria, que dice que a la materia prima se le puede poner valor agregado. Eso es una resolución y nadie que tenga sensatez va a venir invertir cuando se trata de la resolución de un secretario que no tiene ningún grado de estabilidad. Teniendo vigente esta resolución, nadie le puso valor agregado por ejemplo a la pesca, porque tienen el beneficio de la 19640 para exportarlo en su estado natural. La resolución que permite agregar valor, enlatarlo o hacer otro tipo de producto, no da garantías, por eso se exporta el pescado en estado natural. Yo prefiero que estemos adheridos al RIGI, que sobren las alternativas, y no esperar a que se vayan las inversiones a otro lugar, porque no somos los únicos que tenemos los recursos y hay otras provincias que están en iguales condiciones que nosotros”, sostuvo.
Por último se refirió a la necesidad de rever la coparticipación y puso como ejemplo la provincia de Río Negro, donde “se va a hacer una inversión de 30 mil millones de dólares para la licuefacción de gas, pero el 97% de lo que produzcan se lo lleva la nación y las otras provincias, y a la provincia le vuelve 0,08 centavos por dólar. Una provincia se rompe el lomo trayendo inversiones por 30 mil millones de dólares, para que se lo lleven en coparticipación la nación en un 47% y el resto se reparta entre provincias que no han hecho nada, más que crecer en empleados públicos. Por eso es fundamental que se discuta la coparticipación. Por supuesto tiene que haber un mínimo para las provincias que tengan menos posibilidad de desarrollar sus economías provinciales. Hace una década que no crecemos en empleo privado y es necesario que las provincias, más que otorgar subsidios, creen fuentes de trabajo y tengan una infraestructura básica, como un puerto, energía, caminos, que son bases que nuestra provincia no tiene. También es importante que la provincia se adhiera al blanqueo, porque hoy si alguien blanquea hasta 100 mil dólares y mañana la AREF hace una inspección, va a preguntar de dónde salió la plata y exigir el pago de Ingresos Brutos. Con eso vamos a tener un costo adicional, por eso es importante que la Legislatura adhiera al blanqueo que se aprobó a nivel nacional”, concluyó.
