El ex secretario de Energía Moisés Solorza reclamó acciones del gobierno ante los nuevos cuadros tarifarios que se están aplicando, y la perspectiva de un aumento adicional por el recupero de los meses en los que no se actualizaron. Aseguró que el gobierno puede presentar un nuevo amparo, teniendo en cuenta que la Corte Suprema ha dicho que los aumentos deben guardar razonabilidad y gradualidad. Al aumento del gas, se suman facturas de 46 mil pesos por el servicio de luz residencial y “la gente está dejando de comer” para poder hacer frente. Consideró que estos valores son “confiscatorios” y recordó que por ley no pueden superar el 25% de los ingresos familiares.
Río Grande.- El ex secretario de Energía Moisés Solorza reclamó acciones al gobierno y a la Legislatura provincial, en defensa de los usuarios de gas natural, que están recibiendo facturas “confiscatorias”.
“Están llegando las nuevas tarifas con valores exponenciales y lo que es alarmante es la falta de previsión que existe respecto a esto, a partir del proceso judicial que estuvo en marcha y que el gobierno provincial prácticamente abandonó. El que debiera estar dando explicaciones hoy es el ministro de Energía Alejandro Aguirre, que es quien encabezó junto con el gobernador y el Fiscal de Estado esa famosa reunión en la que se juntaron todos para firmar la propuesta colectiva”, dijo al programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia.
“Nada de eso sucedió y cuando las papas queman no me asombra que se escondan. El Ministro de Energía debería dar explicaciones de cómo vamos a hacer para pagar las tarifas que están llegando, porque el que pagaba 12 mil está recibiendo 280 mil pesos. Estoy recibiendo una catarata de facturaciones de mucha gente que no va a poder pagar y la pregunta es qué está haciendo la provincia para subsanar este gravísimo error”, reclamó.
“El representante de Camuzzi ha dicho barbaridades en las últimas horas, porque ahora están haciendo una actualización de todos los cuadros tarifarios y no sé si alguien le va a poner un freno a los abusivos aumentos de la prestadora de servicios. Sin ningún tipo de miramientos aplican los nuevos cuadros y tienen el tupé de decir que no tienen nada que ver, porque solamente representan el 20% de la tarifa. Hay una cuestión urgente por revisar por parte del gobierno provincial, los legisladores, los intendentes, que no pueden dejar pasar las barbaridades que ha dicho el representante de Camuzzi Gas del Sur por diferentes medios. Ojalá los usuarios tuvieran alguien que los defienda frente a estos tarifazos. Espinosa dice que no le debe nada a nadie y que el gobierno de la provincia miente cuando dice que le deben 46 millones de dólares. Ha dicho que las tarifas hay que pagarlas porque estaban muy baratas y son personas insensibles que tratan a los servicios públicos como una mercancía”, cuestionó.
“Claramente tienen una mirada poco solidaria y no les importa el usuario. Él dijo abiertamente que ellos están para recaudar, no para hacer beneficencia. Dice que si los gobiernos tiran líneas de gas natural por los barrios, ellos no tienen ninguna obligación de devolverle a quien lo realizó, porque los gobiernos y municipalidades les ceden esa infraestructura para que ellos la mantengan. Ellos no son culpables de nada. Toman la distribución del gas natural como un negocio y no se hacen responsables de nada. Parece que tenemos que agradecer que no se cortara el suministro de gas natural en Tierra del Fuego. La verdad es que Espinosa es un irresponsable y pocas veces he visto caradurez semejante en las declaraciones públicas de alguien que tiene la responsabilidad de brindar el suministro”, manifestó.
Por un nuevo amparo
Solorza aseguró que el gobierno está en condiciones de presentar un nuevo amparo e incluso de quitarle la concesión a Camuzzi. “El gobierno no hace absolutamente nada para frenar este tipo de abusos y de incongruencias. Los legisladores no llaman a dar explicaciones a los que nos metieron en un problema. Muchas familias no están en condiciones de afrontar una tarifa semejante de 200 mil pesos, cuando ganan 400 mil. Esto va a venir de forma mensual y falta aplicar el retroactivo a las facturaciones. No lo veo al Ministro de Energía con la operatividad suficiente para salir de este atolladero. Los vecinos necesitan soluciones y queremos saber cuál es el plan que tiene elaborado el Ministro de Energía para solucionar este problema”, reclamó.
“El representante de Camuzzi habla de actualización de tarifas, no de tarifazos. Pareciera ser que en medio hay diferencias semánticas, porque nosotros somos los negros subsidiados y ellos son los que actualizan tarifas. Están aplicando las actualizaciones de los cuadros tarifarios que la justicia suspendió, es decir los posteriores al fallo de la jueza Borruto, y a partir de ahí Camuzzi va a proponer un plan de recupero de todo lo que no se pudo pagar en el primer tarifazo. Lo que está llegando ahora es simplemente el punto de partida de los cuadros posteriores y falta recuperar el primer tarifazo. Es decir que vamos a acumular entre el 1.200 y el 1.300% después del fallo judicial. Van a ver multiplicada por cinco una tarifa en los distintos segmentos. El que estaba pagando 7 mil pesos empieza a pagar 27 mil; el que pagaba 17 mil va a empezar a pagar 50 mil, y el que pagaba 20 mil va a empezar a pagar 130 mil”, estimó.
“En enero de este año dije que estábamos en el umbral de una tragedia en la Argentina, porque si la provincia no elaboraba una estrategia respecto a esto, íbamos a pasarla muy mal los fueguinos. Deberían haber impugnado la audiencia pública y no convalidar los aumentos, y además pedir la quita de la concesión de Camuzzi, porque son unos irresponsables a la hora de brindar el servicio. Por los medios públicos el gobierno de la provincia ha dicho que le deben 46 millones de dólares y esto es causal de la quita de la concesión. Estamos más cerca de la complicidad por parte del gobierno que de la búsqueda de una solución”, advirtió.
“La provincia no puede quedarse de brazos cruzados y los legisladores no pueden escuchar decir por los medios que Camuzzi no le debe un peso a nadie sin hacer nada. Hay un listado de obras que tiene el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, que son todas las ampliaciones de los gasoductos troncales que administran tanto TGS como Camuzzi Gas del Sur. Están los tendidos de caños troncales que son obras que van hasta los barrios, y las redes de ampliaciones de los gasoductos. Además para alimentar algunos barrios el gobierno ha puesto plantas reductoras de presión, ha hecho tendido de redes domiciliarias. Es decir que el Estado le ha sumado alrededor de siete mil usuarios a Camuzzi Gas del Sur, pero Camuzzi está diciendo que eso no le corresponde pagarlo a ellos, porque nadie obligó a la provincia a hacerlo, que fue una decisión de la provincia y que la provincia se los cedió. Esa es una gran mentira y el representante de Camuzzi es un hábil mentiroso, porque está estipulado por la ley de concesiones que tiene que haber una contraprestación en base a las obras que un tercero realiza y que se le ceden para que ellos administren”, aseguró.
“La provincia debe avanzar en un pedido formal de auditoría a todo este tipo de obras que Camuzzi no ha realizado, para que se le quite la concesión y se haga cargo la provincia. La provincia no puede quedarse de brazos cruzados frente a semejante atropello de una concesionaria de gas natural. Dejar hacer también es estar de acuerdo”, sostuvo.
“Más allá de la presentación del amparo, no hay ninguna otra actuación que se haya hecho pública. El gobierno dijo que se iba a reservar el derecho a reclamar, pero formalmente no ha hecho ningún tipo de presentación. La provincia tranquilamente podría generar un nuevo amparo con estas facturas que han llegado y demostrarle a la justicia que se equivocó al darle la facultad a Camuzzi de que aplique estos cuadros tarifarios. La Corte Suprema de la Nación le dio la razón a los usuarios y consumidores y dijo que esto no guarda razonabilidad, gradualidad y tampoco relación con los salarios. La provincia está en un grave problema si no se pone los pantalones largos para defender a todos los usuarios y consumidores. La situación de abuso está demostrada y el Ministro de Energía debería ir a la justicia con las facturas de los vecinos, en un nuevo amparo colectivo, para demostrar que los aumentos son desmedidos y no son razonables. Me animo a decir que la Dra. Borruto volvería a dictar una medida cautelar para que esto no suceda, pero se deja hacer a Camuzzi lo que quiera. No hay defensa posible frente a la inacción manifiesta del gobierno”, lamentó Solorza.
Respecto del rol de los legisladores, consideró que “deberían interpelar al Ministro de Energía para ver qué está haciendo, e interpelar a la Ministra de Obras Públicas para ver por qué no se están defendiendo los intereses de Tierra del Fuego, cuando el propio gobernador dijo que la empresa debía 46 millones de dólares. La provincia amaga pero en definitiva deja hacer, por eso la Legislatura debería reclamar al gobierno provincial que presente una estrategia y un rumbo para que no corten el gas por falta de pago y para que haga las presentaciones judiciales”.
Ratificó que “Camuzzi Gas del Sur merece la quita de la concesión y Terra Ignis tiene una gran oportunidad de quedarse con la distribución del servicio. La Legislatura debiera convocar a las petroleras y marcar una estrategia. Primero tienen que comprar gas en origen a costo de Tierra del Fuego, que debe rondar en 1.20 dólares. La pregunta es por qué no lo están haciendo y cuál es la excusa que va a poner el Ministro de Energía a los vecinos, que le van a tirar las facturas por la cabeza. Es angustiante para muchas familias que cobran 400 mil pesos y tienen una factura de gas de 120 mil”, planteó.
Aumentos internos
También se refirió a los tarifazos de luz que estableció la DPE: “Hay otra incongruencia, porque el gobierno de la provincia judicializó la tarifa de gas natural, pero a la gente le está llegando una tarifa de luz de 47 mil pesos en un residencial y resulta que eso está bien. Eso es confiscatorio de los salarios de los vecinos. Está estipulado por ley que no se puede confiscar más del 25% del salario. Hay muchas familias que están destinando casi el 40% de su salario para pagar servicios públicos. Esto es confiscatorio de los ingresos familiares y pone en riesgo la estabilidad económica, la alimentación domiciliaria. Hay una serie de argumentos para nuevamente judicializar a través de un amparo. Está muy bien lo del hidrógeno verde, pero para pagar la tarifa de luz y de gas la gente está dejando de comer, y eso lamentablemente está fuera de la mirada política de quienes son los responsables de solucionar esto”, fustigó.
“El gobierno provincial es el principal responsable de ponerse a la altura de las circunstancias, porque el pueblo hoy lo está reclamando. Tiene que haber un rumbo y un plan de trabajo. La arrogancia y la falta de criterio no puede ser política de Estado. La política de Estado tiene que ser resolver este problema para los que les han confiado el voto popular”, concluyó.
