Desde la Cooperativa de Servicios Integrales de Ushuaia reclamaron que el Gobierno de la provincia les reconozca el valor que solicitan, por los trabajos que realizan. Se desempeñan en el área de educación y solicitaron que les abonen 3780 pesos por hora, pero les quieren pagar 2200. Destacaron la importancia del trabajo que realizan y piden una mejora.
Ushuaia.- Integrantes de la Cooperativa de Servicios Integrales de Ushuaia, manifestaron la problemática que atraviesan en declaraciones a Radio Provincia. Durante la emisión del programa “Cronista Urbano”. El secretario de la cooperativa, Héctor Martínez y Mariana Palavechino, al ser requeridos al respecto señalaron que “nosotros somos una cooperativa de trabajo, ofrecemos servicios de mantenimiento, maestranza, nos dedicamos a eso, nos constituimos en 2022 y comenzamos en 2023”.
Después comentó: “Comenzamos a buscar contrataciones, licitaciones, presentando presupuestos al privado, muchos fuimos agarrando, algunos los perdimos, hasta el día de hoy, por suerte, seguimos sumando bastantes clientes”. “De hecho, estamos en el CADIC, en el laboratorio Fueguino, en la Caja Previsional, en el hospital modular de Tolhuin, estamos en departamentos temporarios. Ahí hacemos también servicios, tenemos otros clientes particulares de alquileres, tenemos una carterita de clientes que vamos sumando también”, repasó.
Con la cooperativa, comentaron que también “En el verano aprovechamos mucho el corte de pasto, hacemos mucho ese trabajo, con nuestros compañeros que también tenemos en otros trabajos, en otros puestos. Aprovechamos para que se hagan unos manguitos más, y van a cortar el pasto. A los clientes que nosotros tenemos, lo que les ofrecemos es un bajo costo, ofrecemos un precio bajo, porque no pagamos ingresos brutos, tenemos estructura. Digamos que, al no ser empleadores ya que somos asociados, entonces no estamos dentro del convenio colectivo de trabajo, no pagamos ciertos aportes patronales, es una ventaja y una desventaja también al mismo tiempo. Porque hay un montón de cosas que no tenemos, que no las tenemos por la parte legal, pero es a nivel nacional algo histórico”, señaló.
En ese mismo sentido, indicaron los cooperativistas: “venimos trabajando así, venimos sumando muchos clientes, muchos compañeros, dando posibilidades, conociendo también a la gente. Porque también es un proceso, más allá de lo que es una cooperativa, también no es una empresa. Como toda organización socioeconómica tiene cuestiones que son similares, lo que tenemos diferente nosotros de otras empresas es el fin, legalmente, contablemente, no percibimos un lucro”, indicaron.
Igualmente señalaron que “cuando vos tenés un quiosquito es con un fin de lucro, abaratas costos a fin de poder tener más ganancias, que es lo obvio. Nosotros, en las cooperativas de trabajo, se invierte, tenemos que tener más costos, porque más costos son más compañeros que laburan, y cumplimos el objetivo de la cooperativa”.
Respecto de la cantidad de asociados, señalaron que “actualmente somos 224, a 200 los tenemos afectados a lo que es la parte del Ministerio de Educación. Después tenemos distribuidos en otros contratos, pero el fuerte lo tenemos ahí en el Ministerio de Educación. Y ahí es donde hemos venido teniendo el mayor grado de conflictos, porque pese a que nosotros no armamos esta cooperativa para agarrar el servicio de mantenimiento del Ministerio de Educación, lo hemos tomado primero porque nosotros conocíamos a los compañeros que ya estaban”.
“Ellos estaban en otra cooperativa de trabajo, a la cual nosotros también hacíamos asesoramientos. A esa cooperativa se le vence la licitación en junio de 2023 y nosotros absorbemos a todos los compañeros con la cooperativa. Nos presentábamos porque ya conocíamos los mecanismos, ya sabíamos cómo era el servicio, nos presentamos y comenzamos a trabajar bajo reconocimiento de gastos, que es un tipo de contratación. Porque vos tenés, dentro de la Ley 1015 que es la que da marco legal a las contrataciones dentro del Estado, tenés la licitación como una forma de contratación. Básicamente: yo tengo este servicio, quien lo ofrece, evaluando precio y conveniencia. El que pide menos y ofrece más es el que el Estado dice: yo a este le doy el servicio. Eso pasa en el municipio, en todos lados, son las contrataciones directas que son por 3 meses, que tienen que estar justificadas por 4 meses y después generalmente desde ahí es como un escalón para ir a una licitación. La licitación es como la parte macro, la más grande de todas, el objetivo esperado”, señaló el secretario de la cooperativa.
Más adelante señaló: “Nosotros comenzamos en junio del año pasado con la promesa de esa licitación, empezamos a armar todo el expediente, esperamos, comenzamos a trabajar, hicimos acuerdos con los compañeros, cómo ganar, cuánto cobrar, etcétera. El cobro siempre igual estuvo determinado por ellos, no es que nosotros les decíamos cuanto, porque el sistema de contratación con reconocimiento de gastos es que básicamente yo armo un presupuesto, te lo presento a vos Estado, vos lo aceptás, podés no aceptarlo. Me decís: no, este número yo quiero que sea así, trabajamos en el mes, terminamos el mes, te facturo, tanta cantidad de horas, porque se mide por horas, y ellos te pagan, así funciona el reconocimiento de gastos”, explicaron.
Pero después agregaron que “el problema es que mañana se pueden levantar enojados, dicen, che, sabes que no quiero que estés más acá, y como no hay contrato, no hay nada, no es como en una licitación, la licitación tiene eso, es un contrato. En una licitación dice: estos son tus derechos, estas son tus obligaciones, y está todo ahí, entonces te da un marco de previsibilidad, vos como empresa podés decir: acá un año tengo laburo”, indicaron.
En ese tramo de la entrevista, los integrantes de la cooperativa explicaron que se trata de un mecanismo para resolver situaciones de emergencia. Sin embargo, ellos llevan más de un año trabajando en esas condiciones y eso no les permite actualizar los costos y pedir un mayor reconocimiento por el trabajo. Señalaron que “en octubre (de 2023) nos permitieron actualizar. De 1.500, le dijimos que por favor era necesario actualizarlo, y nos dijeron que estábamos con el problema de (Javier) Milei. Era el abismo, la operación miedo, entonces todos te decían: mirá, esto se va a ir al demonio, no sé si el Estado va a seguir existiendo el año que viene”.
“Entonces, nos dejaron subir hasta 1.850, nos dijeron que no nos podían dejar subir más. Nosotros consensuamos con los compañeros, a regañadientes, esperando la licitación y pasamos, diciembre, enero, encima los procesos administrativos para el pago de reconocimiento de gastos, porque tenemos que pasar por muchos controles. La licitación pasa una sola vez por un control grande y después es un mecanismo, porque hay un fondo específico, y es más fácil, es más dinámico. Hemos pasado Navidad, por ejemplo, con 50.000 pesos cada uno. Los compañeros saben, hemos atravesado momentos feos, donde no nos pagaban y no es una cosa de voluntad del ministro o el gobernador, lo que te dicen ellos es que es el procedimiento”, señalaron.
Mencionaron que, finalmente, se presentaron en un llamado a licitación con apertura de sobres el pasado 14 de agosto y allí “presentamos nuestras ofertas, que las consensuamos con nuestros asociados, nos reunimos, éramos 154 y todos dijimos: no vamos a cobrar menos de 3.000 pesos, porque es inviable cobrar menos de 3.000 pesos la hora. Nosotros veníamos cobrando 1.850 y pagando 1.200 a los compañeros y pagábamos ahí presentismo, que era un plus, con eso se iba un poquito más, dos certificados, cubríamos en el mes, el seguro y el monotributo también lo pagamos nosotros. Esas son cosas importantes, porque mucha gente dice: le pagan dos certificados nomás a las personas. Pero es porque si vos te enfermás dos meses, ¿cómo hacemos para pagarte un sueldo completo en dos meses como te lo paga la ART? ¿Cómo hacemos?”, preguntó.
Martínez reiteró que “nosotros todos lo hemos consensuado con los compañeros y dijimos, el valor de la hora no puede ser menos de 3.000 pesos, y el gobierno nos quiere pagar hoy 2.200. Nosotros lo que le decimos es nosotros 3.780 es lo que necesitamos cobrar, eso es lo mínimo, y le vamos a pagar a los compañeros es 3.166. Nosotros en la licitación presentamos tres propuestas, 4.200, 3.850 y 3.780, que son todos valores de mercado”.
“3.780 es bajo, pero ¿por qué lo hicimos nosotros?, porque queremos laburar para el Estado. Y aparte trabajamos bien y a nosotros, como cooperativa, como empresa, laburar bien y ser eficientes y eficaces nos lleva a tener más clientes. Y más clientes no es que significa más plata para el consejo de administración, que se compra camionetas, no, es más trabajo para los compas”, concluyó.
