El legislador Matías Lapadula se abstuvo de votar a favor la prórroga por seis meses del auxilio presupuestario a la OSEF, que no ha rendido todavía en qué se utilizaron los fondos. “Si durante cinco meses enviamos el 30% más de ingresos a la OSEF, lo mínimo que debemos saber es en qué se usó ese dinero”, reclamó. Planteó objeciones a la boleta única en papel presentada por La Libertad Avanza, que requeriría de una enmienda constitucional. Explicó el alcance de la iniciativa público-privada aprobada en la sesión y rechazó la quita a los municipios del 20% según el proyecto de presupuesto 2025.
Río Grande.- El legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, visitó el programa ‘Buscando el Equilibrio’ en los estudios de Radio Provincia para referirse a los principales temas que se trataron en la sesión ordinaria del jueves.
“Fue muy larga la sesión, con muchos temas para tratar y se avanzó con nuevas leyes. La ley 1540 sancionada en marzo posibilitó enviar fondos a la OSEF para solucionar los problemas que tenía, esa ley fue por seis meses y se prorrogó por seis meses más. Hay informes que debían presentar que no se presentaron y me abstuve de votar a favor porque no consideré un tema que se pudiera tratar sobre tablas sin la información necesaria y sin contestar los requerimientos de información que hizo la Legislatura”, dijo.
“El martes llegó un informe, cuando ya sesionábamos el jueves y no pudimos analizarlo en comisión como corresponde para tener dictamen. Ese informe no decía nada, la mayor parte es información que uno googlea y baja de internet, porque hablaban de los problemas de la salud a nivel mundial y nacional. Lo único que informaron sobre la OSEF fue el dinero que se envió por esta herramienta que sancionamos en su momento, para que no queden miles de afiliados sin cobertura médica”, aseguró.
“Se volvió a pedir un informe y creo que no lo van a cumplir tampoco. Creo que dentro de seis meses van a volver a incumplir. Por esta ley que se sancionó en marzo se habían remitido a la OSEF más de 5 mil millones de pesos, a razón de mil millones por mes, que es un 30% más de los ingresos ordinarios. Si durante cinco meses enviamos el 30% más de ingresos a la OSEF, lo mínimo que debemos saber es en qué se usó ese dinero, que estaba destinado a la caja de previsión y lo sacamos de ahí para enviarlo a la OSEF con la idea de regularizar y solucionar el problema estructural. No fue para meter la plata en un barril sin fondo. No sabemos si se está solucionando el problema o si se siguen dilapidando los fondos de la OSEF en vaya a saber qué. Yo pedí un informe que como mínimo diga cuál es la deuda consolidada con todos los efectores y qué pagaron con esos cinco mil millones adicionales. Hubo un compromiso en marzo de remitir información y de hacer un plan estratégico para solucionar el problema estructural de la OSEF. Si no, seguimos poniendo plata en algo que no funciona y es deficitario”, cuestionó.
“Una de las cosas que plantearon otros bloques fue modificar la prórroga y que en vez de seis meses fuera por tres, que coincide con el cierre del ejercicio. En estos tres meses vamos a analizar el presupuesto de la provincia y se podría incluir una reestructuración de la OSEF, para terminar con el déficit estructural, pero se consiguieron los votos para tratarlo sobre tablas, sin ningún tipo de análisis, para el proyecto del Ejecutivo. El PJ hizo sus observaciones cuando tomó la palabra, pero acompañó el proyecto”, detalló.
“Cinco meses después de esta herramienta tienen cortados los servicios y piden auxilio al Poder Ejecutivo. Evidentemente el agujero es mucho más grande de lo que nos contaron”, agregó.
Boleta única en papel
Respecto del proyecto presentado por La Libertad Avanza y girado a comisión, dijo que “yo desconozco totalmente el proyecto, porque ingresó fuera de reglamento en el boletín de asuntos entrados para enviarlo a comisión. Yo creo que es bastante complejo implementar algo así en Tierra del Fuego porque implicaría una enmienda constitucional. Todos los sistemas son mejorables, pero nadie puede decir que el sistema que tenemos en Argentina funciona mal, porque ganó Milei y tenemos un presidente que tenía cero estructura partidaria, que le ganó a estructuras como el PRO, el radicalismo, a al peronismo gobernando. Si un outsider como Milei, sin fiscales, le ganó a las demás estructuras, nadie puede decir que el sistema no es transparente y que se puede hacer trampa. Seguramente podemos simplificarle las cosas a la gente, y se tendrá que debatir y buscar los consensos”, sostuvo.
“Un problema que tenemos hoy es la aparición de tantos partidos, porque se han empezado a desintegrar los partidos tradicionales. Obviamente el costo de las elecciones es importante, pero es un tema menor”, consideró.
Moratoria para comerciantes y autónomos
Con el apoyo unánime de los legisladores se aprobó finalmente la moratoria. “Ese proyecto se trabajó mucho en las comisiones y fue enriquecido con el aporte de todos los bloques. En mi caso sugerí modificaciones importantes de nivel técnico, porque pasados 120 días de no haber pagado las cuotas se producía la caducidad del plan, con todos los beneficios; pero si había quedado una cuota sin pagar, la caducidad era a los 30 días. Me parecía un despropósito y propuse incrementar ese plazo para que sea razonable. En el tema de los abogados, que defendieron sus honorarios, lo que dije desde lo práctico es que no tenía ningún sentido el pago en cuotas porque casi no existen ejecuciones fiscales de abogados de parte. Eso no quedó dentro del plan de pago. Lo que se paga generalmente son honorarios administrativos, que van a una cuenta de la AREF. Lo importante es que se abre la posibilidad de que todos los contribuyentes, en esta difícil situación, tengan una herramienta para ponerse al día. Hoy no hay ejecuciones porque hace un tiempo la Legislatura suspendió las ejecuciones fiscales”, apuntó.
Iniciativa público-privada
En cuanto a la iniciativa público-privada, deseó que “ojalá que puedan aparecer proyectos que interesen a la provincia. Esta es una ley que tiene que ver con la contratación por parte del Estado. En una contratación común el Estado tiene que proyectar la obra, hacer los planos, gastar dinero en técnicos y profesionales, y después licitar la obra. En este caso deja todo en manos de un privado que propone el proyecto. Si para el Estado es de interés, así se lo declara y le da derecho al autor del proyecto a tener preferencia en la ejecución de la obra, siempre que sea el oferente más barato. De no serlo, tiene la posibilidad de igualar la mejor oferta. Otro beneficio que se le da por ser autor del proyecto es que, si esa obra la gana otra empresa, tiene derecho a que esa persona le pague hasta el 5% del valor de la obra como autor del proyecto. Eso no lo paga el Estado”, indicó.
“Este proyecto prevé una publicación de parte de la provincia de cuáles son los sectores de interés y hay un agregado que yo hice a los requisitos, para que quien haga el proyecto acredite la capacidad técnica y financiera para realizarlo. Si no, lo que estábamos haciendo era una fábrica de proyectos para que después se negocien ese 5%”, planteó.
Debate del presupuesto y quita de recursos
Finalmente se refirió al recorte de recursos a los municipios. “El único que no mintió en su momento fue el Ministro de Economía, que dijo que esto era un punto de partida para negociar, pero la quita está redactada en el artículo 23 y lleva la firma del gobernador. El proyecto reconducido habla del 7% y el proyecto enviado para 2025 habla del 20%. Es multiplicar por tres el descuento que se le hace a los municipios. La mayor parte de las conexiones de gas corresponden a vecinos de Ushuaia, a los cuales también represento como legislador y es importantísimo que el Estado les dé una solución, pero no sé por qué el esfuerzo lo tienen que hacer los vecinos de Río Grande. Ahí tenemos un problema que indica una arbitrariedad enorme en cómo cada uno contribuye a esto. El municipio de Río Grande viene contribuyendo a este fondo desde hace dos años y más también, no es que no lo hace. No puede ser que por propias incapacidades del gobierno de la provincia, que no ejecutó las obras que tenía que hacer, como el plan Llegó el Gas, hoy tengan que cargar sobre las espaldas de los municipios”, criticó.
“No es defender la plata del municipio de Río Grande, sino que es defender la plata de los vecinos que reciben todos los servicios de un municipio que está bien administrado. Son obras que le corresponden a la provincia, no a los municipios. Hay vecinos que tienen la red de gas en la puerta de la casa y no pueden conectarse por lo que cuesta la instalación domiciliaria”, advirtió.
“Una de las alternativas fue compensar esta quita de fondos municipales con un convenio de obra pública y yo presenté un pedido de informes con el convenio que se hizo en abril del año pasado, de obras entre el municipio y el gobierno para compensar la quita del año pasado y no se transfirió un solo peso. Hoy vienen a proponer lo mismo y no cumplieron lo del año pasado”, concluyó.
