El presidente de CAFIN, licenciado Alberto Garófalo, aseguró que las empresas que quedaron excluidas del subrégimen son precisamente las más grandes y las que más mano de obra ocupan. Según datos de julio, “todo el sector textil y confeccionista tenía 687 empleados y si se mantiene firme la decisión de excluir a las cuatro compañías, estamos perdiendo 470 puestos”, dijo. Las empresas que judicializaron sabían que iban a quedar fuera del régimen y podrían seguir trabajando si consiguen un recurso de amparo. También la vía judicial podría ser una opción para Fabrisur y Australtex, mientras se tramita el recurso de reconsideración ya que, de lo contrario, tendrán que pagar la garantía y devolver los beneficios.
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