Una multitud se expresó en defensa del financiamiento para las casas de altos estudios. La manifestación también se repitió en distintos puntos del país. Hubo acompañamiento de organizaciones políticas, sociales y sindicales. Se endurece la negociación entre Milei y las universidades, el diálogo no se cortó, pero la administración de Milei se plantó en una oferta ya rechazada. El Presupuesto 2025 se convierte en un eje central.
Buenos Aires.- Por segunda vez en el mandato de Javier Milei se llevó adelante una Marcha Federal Universitaria. Estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, junto a organizaciones políticas y sindicales reclamaron al Congreso Nacional que insista con la Ley de Financiamiento para las casas de estudio, que será vetada en las próximas horas por el presidente, según anticiparon desde el Gobierno.
La crisis del financiamiento educativo, con especial impacto en la caída de los salarios docentes y en las condiciones del sistema científico, fue uno de los temas centrales del documento que se leyó en la Plaza del Congreso, en el acto central de la movilización.
“La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia” es el título del documento de tres páginas que se leyó en el cierre del acto central de la Marcha Federal Universitaria, en la Plaza del Congreso. La lectura estuvo a cargo de Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), quien ya había ocupado ese lugar en la movilización del pasado 23 de abril.
Con la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, la masiva marcha de este miércoles se volvió imposible de desactivar para el Gobierno, pero las conversaciones sobre el reclamo de actualización de partidas siguen en marcha, aunque por el momento no se ve un acuerdo a la vista.
El documento está firmado por tres organizaciones que representan a los distintos actores del sistema universitario: la FUA (por los estudiantes), el Frente Sindical de Universidades Nacionales (por los docentes y no docentes) y el Consejo Interuniversitario Nacional (por los rectores).
El documento oficial de la marcha, que fue leído por la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández Piccoli, subrayó que «la situación hoy es más crítica que a comienzos de año», cuando se llevó a cabo la primera movilización. Hizo hincapié en los escasos recursos para afrontar los «gastos de funcionamiento», la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del personal docente y no docente y el «desfinanciamiento» de la ciencia.
En ese marco, reclamaron a Javier Milei que promulgue la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó la oposición. «No compromete fiscalmente al Estado, demanda solamente el 0,14% del PBI», remarcaron. El documento cerró con la consigna «no al veto», en un doble mensaje: al Presidente, que anunció esa medida, y al Congreso, que deberá definir si la deja en pie o no.
Hasta el momento que terminó la marcha, el Gobierno no había ninguna señal de rever la decisión de vetar. Incluso el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que «se armó una cuestión política» con la movilización. Pero el sector universitario dejó en claro que sostendrán el reclamo, por lo que el veto no desactivará el conflicto y, por si fuera poco, el oficialismo no tiene asegurados los votos para sostenerlo en la Cámara de Diputados.
En ese contexto, tanto de un lado como del otro entienden que la negociación debe continuar y que, de alguna manera, el Gobierno tendrá que encontrar un acuerdo con las universidades. Entre los diputados de la oposición, incluidos varios del PRO, creen que de no ocurrir eso podrían encaminarse a un conflicto más grave como el que se vio el año pasado en Chile.
¿Cómo sigue la negociación entre Javier Milei y las universidades después de la marcha?
El último lunes el secretario general de la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, se sumó a la reunión que tuvieron Francos y Santiago Caputo, con la cúpula de la CGT. Allí, reiteró el reclamo por el financiamiento y la preocupación por el veto anunciado por Milei; sin embargo, no tuvo una respuesta concreta.
«Ellos dijeron que no podían dar marcha atrás con el veto y Ricci que no se podía desactivar una marcha ya convocada, así que quedaron en seguir hablando después de la movilización», reveló a iProfesional una fuente vinculada a la organización de la protesta universitaria.
A través del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, el Gobierno ofreció a los docentes una recomposición del 6,8%, igual al de los empleados de la Administración Pública Nacional, pero fue rechazado.
«Si además del 6,8% hubiesen propuesto seguir charlando sobre otra recomposición para dentro de un mes o dos meses, los docentes cerraban», aseguró a este medio una diputada de la UCR que mantuvo contacto permanente los últimos días con los rectores de las universidades.
Los dirigentes que conocen el ambiente universitario aseguran que «las universidades no quieren el conflicto y a los docentes tampoco les conviene porque la dinámica universitaria no es como la de las escuelas primarias o secundarias; todo esto genera problemas para las cátedras que nadie quiere». Sin embargo, remarcan que no ven «voluntad» por parte del Gobierno.
La oferta rígida del Gobierno y una vía de negociación alternativa
En la Casa Rosada no dejan de señalar que la marcha tiene una motivación política. La presencia de figuras como el presidente de la UCR, Martín Lousteau, el ex candidato presidencial Sergio Massa, el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió -además de sindicalistas como el camionero Pablo Moyano- les facilita ese argumento.
No obstante, prestan atención a la negociación de fondo por el financiamiento, aunque dan poco margen para un acuerdo. En el marco de la obsesión de Javier Milei por el «equilibrio fiscal» y por rechazar cualquier gasto que se salga de sus planes, deslizan que, por el momento, no ofrecerán más que el 6,8% para los salarios.
En paralelo, toda la tropa libertaria seguirá el «guión» que armó el equipo de comunicación comandado por Santiago Caputo: que el Gobierno no está en contra del financiamiento de la universidad pública sino de que el Congreso apruebe una ley como esa «sin explicar de dónde saldrá el dinero». A la vez, insistirán en la cuestión de las auditorías sobre los gastos de las casas de altos estudios, que afirman que eso ya lo hace la Auditoría General de la Nación (AGN).
Sobre esa línea, fuentes del oficialismo deslizaron a iProfesional que en las últimas horas la Casa Rosada abrió otra vía de negociación para el corto plazo, que no involucra directamente a los sindicatos sino a los diputados que respaldan el reclamo: discutir el financiamiento de las universidades dentro del debate sobre el Presupuesto 2025, que empezará el próximo martes en las comisiones.
El Presupuesto 2025, en la mira de las universidades
Todo esto supone más de un inconveniente para la negociación. Por un lado, el documento que se leyó en la marcha señaló que «el Gobierno busca desmantelar la paritaria nacional docente» y una de las formas de hacerlo es equiparar «esa paritaria a la de la Administración Pública Nacional». Esto implica un rechazo llano al 6,8% que el Ejecutivo no estaría dispuesto a superar.
Por otro lado, el conflicto pone una presión adicional sobre el debate del Presupuesto 2025 porque el sector universitario ya lo puso en la mira. Durante el acto frente al Congreso, el referente de la CGT, Sergio Romero, aseguró que en el proyecto «hay un desfinanciamieto muy marcado para el sistema educativo» y el documento oficial de la marcha también pidió que el Gobierno «reconsidere» los cálculos que figuran allí.
«Queremos advertirlo con la gravedad que el problema tiene. Si el proyecto de Presupuesto para 2025 no se modifica, la situación de las universidades y del sistema científico será mucho más grave que la que atravesamos hoy. Lo que estará en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso», leyó Fernández Piccoli.
Esa referencia al Presupuesto 2025 y la ventana que abrió la Casa Rosada para discutir el financiamiento universitario en ese marco sugiere una posibilidad de que el acuerdo se logre durante ese debate al que se encamina el Congreso, pero por el momento no hay garantías para ello.
Qué planteó el documento oficial de la marcha universitaria
El documento que elaboró la FUA fue muy crítico del Gobierno a la vez que contundente en el reclamo. En primer lugar, afirmó que las respuestas que recibieron después de la primera movilización en abril «prolongaron la agonía, pero que no pudieron, porque no quisieron, resolver estructuralmente los problemas».
La comunidad universitaria señaló que hay una «campaña que busca sistemáticamente desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para justificar la desjerarquización» de los profesionales del área y acusaron al Gobierno de tener «frivolidad, destrato y crueldad».
Tras asegurar que la pérdida del poder adquisitivo es «de una gravedad inusitada», con muchos «docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia», el documento advirtió que «esto compromete uno de los núcleos de la universidad pública, pues pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su funcionamiento».
Entre críticas a la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y advertencias sobre la crisis «más profunda» y casi «terminal» que «atraviesa el sistema científico», las universidades remarcaron que «lo que meses atrás era una profunda preocupación por el ajuste presupuestario para toda la comunidad estudiantil hoy es una emergencia que pone en riesgo la esencia misma de la educación pública argentina».
«La comunidad estudiantil defenderá la universidad en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica por la educación y el país que toda la sociedad anhela», advirtió el documento, en una confirmación de que el conflicto por el financiamiento universitario se profundizará si el gobierno de Javier Milei no encuentra un punto de acuerdo en la negociación con un sector que es central y estratégico en muchos aspectos. Uno es la educación y otro es la política.
Los 10 puntos clave del documento que se leyó en la Marcha Federal Universitaria
- La crisis del financiamiento universitario
“La reconducción del presupuesto 2023 para el año 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas. Paritarias discontinuadas, unilaterales y sin voluntad de acuerdo profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario. El profundo desfinanciamiento del sistema científico puso en jaque su desarrollo. Nunca aparecieron respuestas a más de 100 obras de infraestructura paralizadas y los programas de asistencia a estudiantes se actualizaron tarde y mal, perjudicando a miles que lo necesitaban para continuar sus estudios”, señala el texto.
- El rechazo a la campaña gubernamental de desprestigio
“Soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca sistemáticamente desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario. No ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo. Todos los intentos que promovimos para buscar espacios que permitan gestionar las dificultades y encontrar soluciones fueron infructuosos. Hizo falta que la sociedad se manifestara conmovedoramente en toda la Argentina para que empezáramos a tener algunas respuestas”, plantea, en referencia a las múltiples acusaciones que expresaron los funcionarios del Gobierno nacional hacia el sistema universitario.
- La caída de los salarios
“La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia. Esto compromete uno de los núcleos de la universidad pública, pues pone en riesgo la continuidad de los cuadros académicos, de administración y de servicios esenciales para su funcionamiento”, advierte el texto.
- El desmantelamiento del sistema científico
“La crisis que atraviesa el sistema científico es más profunda y será terminal si no se consideran medidas urgentes. La falta de actualización salarial de los docentes-investigadores, junto con la reducción del financiamiento para becas y programas de apoyo, afecta gravemente al sistema científico-tecnológico argentino”, señala el texto, y explica que el 60% de quienes hacen ciencia lo hacen en universidades nacionales. “La disminución de estos recursos impacta tanto a jóvenes en formación como a equipos de investigación consolidados. A esto se suma la paralización de las obras de infraestructura planificadas para impulsar la investigación en el ámbito universitario, así como el cese de políticas de financiamiento para la adquisición de equipamiento e insumos, lo que pone en peligro proyectos en curso”, continúa.
- El deterioro de las condiciones de vida de los estudiantes
“El acceso irrestricto está amenazado por la crisis económica y social que se profundiza con cada medida y afecta particularmente a estudiantes de todo el país. El acceso y la permanencia para los hijos e hijas de familias trabajadoras se convierten en una realidad cada vez más lejana. Ante un Estado que decide no invertir en el futuro de los jóvenes y su acceso a la educación, con instituciones desfinanciadas; la excelencia en la formación está en riesgo. Cada vez más deben trabajar al mismo tiempo que cursan su carrera, cada vez más la deserción obligada por la situación económica cancela el sueño de miles de ser profesionales. Las becas estudiantiles no alcanzan y la decisión de congelarlas y recortarlas revela la indudable intención de asfixiar el sistema, desmantelando, uno a uno, los pilares que lo sostienen”, afirma.
- El pedido a Milei: que no vete la ley de financiamiento
“El Sr. Presidente de la Nación tiene al alcance de su mano una ley razonable que resuelve los problemas cuidando al Estado y a su economía. Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la ley de financiamiento universitario! Esta ley aprobada por el Congreso en un acto de responsabilidad y compromiso, le da al sistema universitario previsibilidad presupuestaria y a la crítica situación salarial una respuesta, estableciendo un piso de incremento acorde a la inflación y recuperando el poder adquisitivo del salario. Es una ley que resuelve los problemas responsablemente, porque no compromete fiscalmente al Estado, demandando solo el 0,14% del PBI para su implementación”, sostiene el documento en uno de los pasajes más enfáticos.
- La advertencia sobre el presupuesto educativo para 2025
“Exigimos también que reconsidere el proyecto de presupuesto 2025. Queremos advertirlo con la gravedad que el problema tiene. Si el proyecto de presupuesto para el 2025 no se modifica, la situación de las universidades y el sistema científico será mucho más grave que la que atravesamos hoy. Lo que estará en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso. Nunca antes lo solicitado por el sistema universitario estuvo tan lejos de lo que el Gobierno propone para su tratamiento. Tan solo la mitad de los recursos reclamados –mínimos para funcionar– fueron contemplados, sin siquiera prever la inflación acumulada en el 2024″, plantea en relación con los fondos proyectados para el año que viene.
- El rol estratégico de las universidades nacionales
“Es un error no reconocer que en las universidades no hay un problema, sino la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas estructurales que la Nación enfrenta. Es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación, universidades y desarrollo científico. Los países desarrollados invierten dos o tres veces más que la Argentina en estas áreas porque saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para crecer depende de cuánto más y cuánto mejor se hagan las cosas allí. Es con más ciencia y educación superior pública y de excelencia, no con menos”, señala el texto. Y añade: “Si en un contexto de escasez, cuando deben ponderarse prioridades, no se privilegian estas áreas, el desarrollo de la Nación y la posibilidad de desandar sus profundas desigualdades será una utopía”.
- El agradecimiento a la sociedad por el apoyo
“Agradecemos a la sociedad argentina su extraordinaria movilización cada vez que la historia llama a su puerta. Somos herederos del pueblo de la Nación que supo en 1884 abrazar la ley 1420, de los jóvenes que en 1918 construyeron un sistema universitario democrático y libre que inspiró al mundo, de quienes entendieron en 1949 que la gratuidad era una herramienta que derrumbaba las fronteras que impedían el acceso a la educación superior, constituyendo un aporte determinante para la justicia social. Somos la universidad de los cinco premios Nobel, la de jóvenes, investigadores y científicos destacados por los que nos reconocen en el mundo entero”, expresa el documento.
- El valor de la educación pública
El texto leído en la Plaza del Congreso concluye con una definición sobre el rol crucial de la educación para el presente y el futuro del país: “La columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres y la universidad pública es la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente. Que no despojen al pueblo argentino de sus sueños de grandeza. Que no apaguen las vocaciones más nobles vinculadas al conocimiento y al trabajo con niñas, niños, jóvenes y adultos que transitan nuestras aulas y laboratorios. Los deseos, las aspiraciones y las luchas de generación tras generación consagradas en derechos, imponen una responsabilidad en el presente para que el futuro sea posible”.
