El ministro de Economía Francisco Devita volvió a poner sobre la mesa de debate el recorte de presupuesto a los municipios, que en algún caso “son superavitarios”, mientras la provincia no puede hacer frente a “cuestiones básicas”, dijo. Fue tras la noticia de un recorte de 100 mil millones de la coparticipación nacional, y planteó la necesidad de discutir los impuestos que cobran las ciudades y que corresponden a las provincias, como el inmobiliario y el automotor. “Necesariamente nos vamos a tener que sentar a discutir cuáles son los recursos de la provincia, porque se recorta constantemente la coparticipación”, sostuvo, luego de haber deslizado la decisión de retirar el ajuste a los municipios del proyecto de presupuesto. También dio cuenta de las trabas de nación, que no autoriza el endeudamiento para obra pública con garantía de coparticipación, cuando está comprometido “menos del 10%” del total. Afirmó que la negativa es netamente política y así está escrito en comunicaciones “extorsivas” con funcionarios nacionales. “Yo tengo los mensajes y hacen referencia a cuestiones políticas”, disparó el ministro. Frente a este escenario, dijo que “no tenemos margen para la obra pública”, salvo que se autorice el endeudamiento.
Río Grande.- El ministro de Economía Francisco Devita dio un giro en el discurso luego de conocerse el recorte de 100 mil millones a Tierra del Fuego, casi equivalente a un presupuesto municipal, y volvió sobre la necesidad de ajuste a las municipalidades.
Por Radio Provincia dijo que este recorte “es terrible porque además se plantean ajustes adicionales a estos ajustes. Son ajustes muy bruscos y siempre estamos en la línea de fuego, tratando de contener a nuestra población”.
“Si bien se dice que los presupuestos equilibrados generan per se inversiones y más trabajo en el sector privado, no siempre es así y no hemos visto por el momento que haya un repunte en el empleo. Hay entre 10 y 20 mil personas más en el sistema de salud pública, que antes tenían una prepaga y ya no la pueden pagar”, ejemplificó.
“Hay un recorte constante y un deterioro que no es de este año, pero en la población no se soporta más y no hay límite para tener una calidad de vida inferior a la que tenemos. Nosotros tratamos de volcar nuestros recursos en contener la situación actual”, señaló.
Insistencia al ajuste municipal
Luego de no ver consenso en la Legislatura ni con los intendentes, se tenía previsto reformular el proyecto de presupuesto provincial y retirar el artículo que prevé el ajuste a las municipalidades, pero ante este nuevo panorama, el ministro volvió a la carga no sólo con el fondo de prestaciones prioritarias, sino con los impuestos inmobiliario y automotor.
“Si constantemente se van a recortar los recursos que tiene la provincia y además no estamos dispuestos a plantear qué recursos le corresponden a la provincia y son percibidos por los municipios, va a ser un esquema realmente muy complejo. En nuestro proyecto de presupuesto lo planteamos como uno de los puntos que va a haber que discutir. Necesariamente nos vamos a tener que sentar a discutir cuáles son los recursos de la provincia, porque se recorta constantemente la coparticipación y, además de tratar de ampliar la matriz productiva y económica, necesariamente hay que discutir recursos que le corresponden a la provincia”, subrayó.
“Tenemos algún municipio superavitario y la provincia sin posibilidad de hacer frente a cuestiones básicas”, cuestionó.
Los municipios ya se manifestaron sobre el recorte que se desprende del artículo 23 de proyecto de presupuesto, que representarían cinco mil millones solamente para Río Grande. “Nosotros venimos trabajando para mejorar la calidad de vida de la gente que tiene subsidio de gas envasado, porque la gente no vive bien y al Estado le sale 625 mil pesos mensuales por familia en la época de invierno. Proponemos terminar obras que están pendientes, además los vecinos viven en ejidos municipales y en ningún lado está claro que el subsidio de gas es exclusivamente de la provincia. La provincia lo absorbe por costumbre y porque no se puede pedirle a un vecino que pague 625 mil pesos de gas”, argumentó.
Además mencionó que “hay dos impuestos que cobran las provincias, que es el inmobiliario y el automotor, que acá lo cobran los municipios, y hay una sentencia firme respecto de que el impuesto inmobiliario debe cobrarlo la provincia. Ya que para los municipios el inmobiliario es un impuesto importante en cuanto a la recaudación y tienen un acuerdo legislativo para seguir percibiéndolo, proponemos que al menos podamos discutir el fondo de prestaciones prioritarias para que haya obras concretas en la conexión de usuarios a la red de gas. Entendemos que el subsidio tiene que ser un esfuerzo compartido, porque la nación aportaba 199 pesos en septiembre y hoy aporta 199 pesos también, y cambió totalmente el precio del gas”, planteó.
“Nosotros lo propusimos en nuestro proyecto de presupuesto y no tuvo asidero en cuanto a la posición de los municipios de poder colaborar con este gasto, aunque proponíamos reintegrar montos de las obras que los municipios hicieran para conectar usuarios que bajemos del padrón de beneficiarios. La Municipalidad de Río Grande es la que más se ha expresado en contra mediáticamente y hemos tenido la posibilidad de charlar con legisladores como Victoria Vuoto, que se ha mostrado más predispuesta a buscar la manera de tratar de conectar usuarios, porque entiende que es necesario. Consideran que este artículo no tiene el consenso suficiente como para poder salir, por lo cual estamos volviendo a elaborar el presupuesto en función de los recortes que menciona nación y la negación de posibilidades respecto a incrementar recursos de otro calibre, porque tampoco quieren que el impuesto inmobiliario pase a la provincia”, se quejó.
Reconoció que “en la Legislatura hay más posiciones municipalistas que provincialistas, y tienden a no dotar de ningún recurso extra a la provincia. Esto se debatirá con el tratamiento del presupuesto, nosotros sentaremos nuestra posición, porque nos tienen que dotar de algún recurso para poder hacer frente a la demanda de gastos, que es creciente por las políticas nacionales que se toman”, reclamó el ministro.
En cuanto a la recaudación propia, dijo que “en este contexto es imposible incrementar la alícuota de Ingresos Brutos, porque sería mucho más perjudicial para nuestros vecinos y comerciantes”.
Negativas políticas
El ministro acusó al gobierno nacional de no autorizar endeudamiento para obras por cuestiones políticas, y aseguró que tiene la prueba en los mensajes intercambiados con los funcionarios. “Desde el gobierno nacional no hay intención de discutir nada. Yo hablo de nuestra experiencia en el Ministerio de Economía, porque hicimos un montón de intentos de llegar al Ministro, pero ni siquiera me recibe. El Secretario de Hacienda, que es el segundo en la línea, de vez en cuando me contesta un mensaje de todos los que le mando, y me recibiría una persona de la tercera línea, un Subsecretario, con quien el trato es muy bueno pero no tiene poder decisión. Por ahí avanzamos en algo y después el Secretario de Hacienda dice que no”, indicó.
“Si nos van a recortar los recursos y no nos permiten acceder a la vía del endeudamiento para la obra pública, es muy difícil. En este momento tenemos un endeudamiento de cinco mil millones de pesos, que para nosotros no es mucho. Es menos del 10% de los recursos que recibimos de coparticipación nacional, porque estamos en los 40 mil millones aproximadamente. Nosotros tratamos de llevar adelante un endeudamiento en pesos con el sector privado, y salir a buscar bonos de infraestructura del sector privado para poder ampliar nuestra capacidad sanitaria, pero el gobierno nacional no nos brinda la posibilidad de autorizar ese endeudamiento de los bonos de infraestructura”, expuso.
“Cuando planteamos un endeudamiento con bonos de infraestructura, el bono es exclusivamente para hacer obra pública, y la normativa que nos autorizaba era la ley de fortalecimiento sanitario, de seguridad pública y de seguridad alimentaria y nutricional. Nos autorizaron hasta cinco mil millones de pesos, pero la ley se cae el 9 de octubre y no logramos tener la autorización del Ministerio de Economía de la nación, cuando ya pasó por el Ministerio del Interior y tiene a autorización. Yo tengo los mensajes y hacen referencia a cuestiones políticas. Escriben por mensaje que es una cuestión política, cuando nosotros no les estamos pidiendo un favor: estamos pidiendo acceder al mercado para endeudarnos y poder terminar una obra que tiene que ver con asistencia sanitaria. No pedimos endeudarnos por un gasto corriente, ni anticipo de coparticipación, ni ATN. No pedimos nada que requiera de un esfuerzo de nación”, enfatizó.
“Es lamentable porque cuando accedieron al gobierno dijeron que iban a hacer las cosas distinto y no iban a extorsionar a nadie, pero no ha sido así. La obra que queremos terminar tenía que tener el financiamiento del Fideicomiso Austral, que no se votó nunca. Encima que nos estamos endeudando y tenemos la autorización de nuestra Legislatura, de nuestro Tribunal de Cuentas, de nuestra Fiscalía y del Ministerio del Interior, otra vez el trámite está parado en el Ministerio de Economía, tal como el crédito del CAF y el del Banco Asiático. Realmente se hace imposible así, porque aparte de recortar no nos dan la posibilidad de endeudarnos para terminar obras que son significativas para la vida de todos nosotros”, manifestó.
Sin margen para obra pública
Finalmente el ministro dijo que los ejes del presupuesto que se va a reformular serán “el pago de sueldos y la cobertura de servicios esenciales que prestamos, que tienen que ver con educación, salud y seguridad, también la asistencia social. No tenemos margen para la obra pública, con lo cual lo que vamos a hacer seguramente es atar determinadas obras que comiencen y finalicen en el mismo año a un endeudamiento que va a estar sujeto a que el gobierno nacional pueda autorizar”.
“Los 100 mil millones que fueron recortados hubieran significado un presupuesto equilibrado por primera vez, con mayor inversión en infraestructura educativa, en salud y en seguridad. El presupuesto contemplaba algo de obra pública, pero con esta quita es imposible para nosotros. Aun no tenemos la versión final del presupuesto y se hace muy complicado, porque son 100 mil millones menos, que son el presupuesto anual de un municipio. Vamos a salir a buscar otras fuentes de financiamiento y apelar al sector privado por responsabilidad social empresaria, al CFI que muchas veces invierte en programas específicos, y habrá que agudizar el ingenio”, concluyó.
