Duro recorte del Gobierno en la AFIP

El ejecutivo anunció que disolverá la AFIP y que se creará la Agencia Nacional. Habrá 3.100 puestos que se reubicarán o pasarán a disponibilidad: ingresaron en la gestión anterior, según Casa Rosada. Cambiarán también los titulares de Aduana y la DGI, quienes pasarán a cobrar sueldos similares a los ministros del gabinete nacional.

Buenos Aires.- El gobierno de Javier Milei anunció importantes cambios en la estructura de recaudación impositiva nacional: se disolverá la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, y se creará la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Además, habrá dos nuevos directores generales: Andrés Edgardo Vázquez, estará a cargo de la Dirección General Impositiva, o DGI; y José Andrés Velis, irá a la Aduana. Reemplazarán, respectivamente, a Gabriel Ramírez y Eduardo Mallea.

 

Quiénes son los nuevos funcionarios

 

Vázquez estará a cargo de la titularidad de la Dirección General Impositiva, uno de los roles más estratégicos dentro de lo que será la nueva ARCA, entidad que se encarga de la fiscalización de los impuestos nacionales y la administración de los contribuyentes más importantes del país.

A lo largo de su carrera, Vázquez se destacó por su formación académica, con títulos de Licenciado en Administración y Contador Público obtenidos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), así como por su participación en múltiples cursos y seminarios relacionados con el control financiero y la prevención del lavado de dinero.

Cuenta con una sólida formación internacional, habiendo participado en múltiples capacitaciones en los Estados Unidos, incluyendo el Seminario Internacional sobre Lavado de Dinero dictado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 1997, el Curso de Interdicción Aeroportuaria y el Curso Básico de Investigación de Precursores Químicos, ambos ofrecidos por el Departamento de Justicia y la Drug Enforcement Administration (DEA) en 1999.

Con más de 30 años de trayectoria, Vázquez ocupó puestos de relevancia tanto en la Administración Federal de Ingresos Públicos como en otras áreas del Estado vinculadas al monitoreo fiscal. Su experiencia en la fiscalización de grandes contribuyentes y en la inteligencia fiscal lo convierte en el candidato elegido para enfrentar los desafíos que implica la gestión de la DGI, en un contexto donde el control de la evasión fiscal y el aumento de la recaudación son ejes prioritarios del gobierno.

José Andrés Velis reemplazará a Eduardo Mallea al frente de la Dirección General de Aduanas (DGA). Velis es un profesional con más de tres décadas de experiencia en la Dirección General de Aduanas. Su perfil técnico y especializado, junto a su rol en la implementación del sistema informático María—hoy conocido como Sistema Malvina— lo posiciona como una figura clave para enfrentar los desafíos que plantea la Aduana en este contexto de modernización tecnológica y mayor control del comercio exterior.

De 65 años y recientemente jubilado, su trayectoria comenzó a mediados de los años 90, cuando participó en la implementación del Sistema María, un proyecto clave que permitió informatizar el sistema aduanero en todas las delegaciones del país. Gracias a este sistema, la Aduana pudo establecer una trazabilidad completa de las mercaderías desde su arribo hasta la liberación a plaza, lo que mejoró significativamente el control de gestión y la transparencia en las operaciones.

Velis también fue responsable de informatizar los tránsitos y trasbordos, lo que permitió identificar responsabilidades de los actores involucrados en el comercio exterior, ya fueran agentes de transporte, despachantes de aduana o personal aduanero. La implementación de estos sistemas redujo significativamente los costos operativos y optimizó los tiempos de procesamiento, al tiempo que eliminó gran parte de las tareas manuales que antes se realizaban en el organismo.

A lo largo de su carrera, Velis también lideró proyectos como la implementación de escáneres en las terminales portuarias y las aduanas del interior del país, lo que facilitó el control de las mercaderías que ingresaban y salían del territorio nacional. Además, estuvo a cargo de la introducción de drones en la Aduana de Buenos Aires, una innovación clave para reforzar la vigilancia y el monitoreo de grandes operaciones en zonas portuarias y áreas críticas.

No hay, al menos hasta el momento, cambios en la titularidad de la AFIP, que seguirá al mando de Florencia Misrahi.

 

Cambios en la estructura

 

“El Gobierno anuncia muy felizmente que la AFIP dejará de existir”, resumió el vocero Manuel Adorni.

Según fuentes oficiales la nueva ARCA tendrá “una estructura simplificada, con una reducción de aproximadamente un 45% de las autoridades superiores y un 31% de los niveles inferiores de la estructura actual. “Habrá un 34% menos de ravioles”, dijeron fuentes oficiales. La referencia, en tono informal, pone el foco en los funcionarios que ocupan cargos de tercer y cuarto orden, o más, en la estructura del organismo.

La medida incluye la reubicación y pase a disponibilidad de unos 3.100 empleados (agentes) que ingresaron, según el Gobierno, de manera irregular durante el último gobierno kirchnerista. Así, calculan, la medida generará un ahorro presupuestario de $6.400 millones al año.

“El titular de AFIP y los Directores de DGI y DGA dejarán de cobrar la cuenta de jerarquización. Pasarán a cobrar sueldos equiparables a los Ministros y Secretarios. La medida se funda en el actual sobredimensionamiento de su estructura que ha mostrado limitaciones en la capacidad para responder de manera ágil y eficaz a las demandas del sistema tributario, aduanero y de la seguridad social, afectando la administración de los recursos públicos y el control de las actividades aduaneras”, se detalló desde Casa Rosada.

En concreto, hoy la titular de AFIP cobra un salario aproximado de $32 millones y pasará a cobrar los mismo que un ministro, cuyo sueldo es de $4 millones. En el caso de los Directores al frente de Impositiva y de Aduanas, hoy con un ingreso mensual de $17 millones, pasarán a cobrar igual que un secretario de Estado.

Adorni agregó que “la Argentina de la voracidad fiscal se terminó. Lo que es de cada argentino es suyo y de nadie más, ningún burócrata del Estado tiene por qué delegarse el poder de decirle a un argentino qué hacer con su propiedad”, dijo.

“Como reza el principio que el Presidente anunció el 10 de diciembre en el momento de su asunción, el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en defensa de la vida, la propiedad y la libertad. Ese liberalismo es lo que nos llevó a ser una de las principales potencias del mundo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hacia esa Argentina queremos ir sin AFIP, sin Inadi y sin ningún otro organismo que cercene la libertad de la gente de bien”, agregó el vocero.

El Gobierno busca ahora establecer sistemas de control y evaluación más precisos y focalizados, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas “en pos de una gestión pública más eficiente y orientada a resultados”. También “garantizar mayor y mejor recaudación, así como un mejor control aduanero”.

 

Antecedentes

 

Hace poco, el gobierno ya había empezado a achicar la estructura de la AFIP. El Decreto 559, publicado el 3 de julio último, estableció una reestructuración significativa dentro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con el objetivo de modernizar los controles fiscales y previsionales en el marco de las nuevas leyes de moratoria y blanqueo. Aquella medida centralizó las funciones de fiscalización impositiva y previsional en el área metropolitana, concentrando las actividades bajo la Dirección General de Impuestos (DGI), un modelo que ya se había implementado en delegaciones de AFIP en el interior del país.

Uno de los efectos clave de aquél decreto fue la eliminación de diversas estructuras jerárquicas. Se suprimieron tres subdirecciones generales, ocho direcciones y otras jefaturas, lo que implica una reducción organizacional sin afectar al personal. Los aproximadamente 700 empleados de la Dirección General de Recursos de Seguridad Social se incorporaron a la DGI, reforzando su equipo de fiscalización, que hasta el momento contaba con unos 1.000 agentes. Esta integración tuvo como finalidad optimizar los controles y prepararse para la implementación de las medidas fiscales dispuestas por el Gobierno.

Otro aspecto importante del Decreto 559 es que, aunque eliminó ciertos cargos, mantuvo dentro de la Dirección General de Recursos de Seguridad Social las tareas de distribución de fondos a los subsistemas de seguridad social, la comunicación con instituciones públicas y privadas en este ámbito, y la investigación de casos de trata de personas.

La AFIP se creó en 1996, bajo la presidencia de Carlos Menem. Hasta entonces, la DGI y la Aduana funcionaban de manera separada.

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