Un informe llevado a cabo por ACM consultora determinó qué cantidad de transferencias dejaron de recibir las gobernaciones por el cese de los giros discrecionales y cuánto por decisiones del gobierno anterior que impactaron en la coparticipación.
Buenos Aires.- Un informe llevado adelante por la consultora ACM advirtió que el recorte en transferencias a las provincias acumula una pérdida de $10,5 billones desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Sin embargo, el estudio advirtió que la caída de los ingresos también proviene de «una base fiscal debilitada por el gobierno anterior» a cargo de Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿De quién es la responsabilidad del recorte?
Según el relevamiento que llevó adelante dicha firma, el ajuste fiscal de la administración libertaria recae principalmente en los recortes de las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias.
Tanto provincias como municipios vieron caer de manera «drástica sus ingresos», pero para ACM la coyuntura desfavorable de las administraciones locales no sólo tiene que ver con la gestión libertaria sino también «es consecuencia de acciones ejecutadas antes de las últimas elecciones».
«Para dar una idea de la magnitud de estas caídas, sólo hay que contemplar que ambas fuentes explicaron el 49,6% de los recursos provinciales en 2023», señala el estudio, elaborado por los economistas Francisco Ritorto y Christian Naud.
El estudio contabilizó primero por un lado los recortes en transferencias de carácter presupuestario «discrecional», que llevó a cabo el gobierno libertario, y por otro lado la drástica caída en las transferencias automáticas del Régimen de Coparticipación Federal, que corren por cuenta en gran medida de la gestión precedente.
ACM aseguró que desde el inicio de la gestión libertaria las transferencias discrecionales cayeron en un 72,2% ajustado por precios, en tanto que los envíos automáticos lo hicieron en un 13,2%, dando lugar a una caída combinada del 20,5%.
Las pérdidas en números
Entre CABA y provincias acumularon una pérdida de $10,5 billones desde el inicio de la gestión de Milei hasta septiembre de 2024, donde $5,9 billones tienen origen en la caída de los giros por coparticipación, en tanto que los restantes $4,6 billones responden a la «motosierra» sobre las transferencias presupuestarias.
El mayor impacto, según el estudio, fue en la caída de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, vinculado a las decisiones tomadas por el exministro de Economía Sergio Massa (Decreto 473/23 y Ley 27.725), que redujo los niveles de imposición para las personas físicas.
Por la pérdida del Impuesto a las Ganancias se explica más del 25% de la caída en los ingresos provinciales, unos $2,7 billones.
Mientras que el recorte en las transferencias discrecionales de capital equivaldría a unos $2,5 billones de Javier Milei, el IVA $2,2 billones y los giros discrecionales para programas de gasto corriente ($2,1 billones), explicando en conjunto el 90% de la pérdida acumulada.
Los recortes por provincias
Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, es la jurisdicción que más sufrió la caída en los envíos automáticos con una pérdida de $1,35 billones, seguida por Santa Fe y Córdoba (ambas con $0,5 billones), Chaco ($0,28 billones) y Entre Ríos ($0,27 billones) en valores absolutos. Si se analiza la incidencia en términos de ingresos totales, los últimos dos distritos presentan un mayor impacto en términos relativos.
El análisis resume que el impacto de la gestión actual se hace sentir directamente sobre las provincias a través de la reducción en las transferencias discrecionales, mientras que las decisiones de la administración anterior dejaron una base fiscal debilitada que ahora enfrenta un contexto de ajuste aún más restrictivo.
«Ambos enfoques, aunque diferentes, han dejado a las provincias en una situación desafiante, expuestas a los vaivenes de la política económica nacional y con una creciente dependencia de los recursos que se asignan desde el gobierno nacional. La situación actual plantea la necesidad de un replanteo en el modelo de financiamiento provincial, uno que permita un federalismo fiscal más equilibrado», concluye.
