Frente a los recortes nacionales en medicamentos, la Dra. Judith Di Giglio dijo que el gobierno todavía está en condiciones de dar respuesta a los que no tienen obra social. El padrón de pacientes asistidos aumentó un 30% este año y son más de 60 mil las personas con cobertura exclusiva del Estado. La desregulación de las prepagas está teniendo su impacto y cada vez hay más pacientes que recurren a la asistencia estatal. Frente a los recortes nacionales, expresó que “se palpa la desesperación y la sensación de abandono cuando empiezan a decaer las políticas de salud pública”.
Río Grande.- La ministra de Salud de la provincia, Dra. Judith Di Giglio, fue consultada por FM La Isla sobre el recorte de medicamentos por parte del gobierno nacional. El proyecto de ley de presupuesto 2025 propone un recorte del 76% en el dinero destinado a la Dirección de Respuesta al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Hepatitis Virales y Tuberculosis, dependiente del Ministerio de Salud. Hasta el momento la provincia estaría en condiciones de absorber la demanda.
“Para los pacientes que no tienen cobertura de obra social tenemos organizado con farmacias convenidas la cobertura del 100% de sus medicamentos. Tenemos un padrón que va variando, pero que aumentó en los últimos diez meses en un 30%. Hoy tenemos más de 60 mil pacientes con cobertura exclusiva del Estado. Son pacientes que no tienen ningún sistema de obra social o prepaga, y que presentan certificación negativa en ANSES. Existe a nivel nacional el plan Remediar, pero cada vez envía menos cantidad de fármacos. En el Ministerio de Salud tenemos un fondo específico destinado a las farmacias y el paciente que tiene un tratamiento para diabetes, por ejemplo, tiene cobertura del 100% en las farmacias convenidas de la provincia”, aseguró.
“En lo que respecta a fármacos de alto costo, nosotros realizamos la compra. Cuando decimos alto costo, son fármacos inmunomoduladores, para artritis reumatoidea, para esclerosis múltiple o para un tratamiento oncológico. Desde la provincia compramos esos tratamientos para que los pacientes tengan su cobertura y eso está garantizado. Durante muchos años tuvimos ayuda del Ministerio de la nación para determinados fármacos de alto costo, pero en el último año no lo estamos recibiendo y la provincia afronta esta obligación”, dijo.
“La intención es seguir comprando los medicamentos, como lo venimos haciendo. La provincia por mes tiene en este momento entre tratamientos de alto costo y tratamientos de enfermedades crónicas una erogación de alrededor de 600 millones de pesos mensuales, para pacientes que no tienen obra social. Además de eso hay programas nacionales por ley, como el de HIV y fibrosis quística, que lo que hacen es garantizar por ley la cobertura para todos los pacientes”, señaló.
“Es una estrategia de política sanitaria, porque un paciente que realiza el tratamiento para HIV de manera correcta y sin interrupciones, logra que el virus sea indetectable y no se transmita de persona a persona, a través de relaciones sexuales sin protección. Es prácticamente un portador sano, que además no transmite la enfermedad. Esos medicamentos están garantizados por ley y las farmacias entregan esos tratamientos a los pacientes. Esto ahora se ve interrumpido y, si bien como provincia afrontamos esta situación y continuamos con todos estos tratamientos, quizás no todas las provincias tengan la misma posibilidad. Si esto no se soluciona, en los próximos meses los pacientes que no tengan posibilidad de dar continuidad al tratamiento, van a volver a ser detectables y va a aumentar la transmisión de persona a persona, y el número de enfermos”, advirtió.
Respecto de la posibilidad de regionalizar las compras para lograr precios más competitivos, dijo que está en análisis. “Es una estrategia que realizó el Ministerio de Salud de la nación en la gestión anterior y lleva varias gestiones de evolución. En el caso del HIV es netamente una estrategia de salud pública por su transmisión, y se negocian con los laboratorios valores diferenciales, por la cantidad. Esto lo están intentando también las obras sociales provinciales a través de la federación que une a todas las obras sociales provinciales, a través de la regionalización entre las provincias y podría disminuir costos, pero hoy la normativa que tenemos en la administración pública impide realizar este tipo de compras por una cuestión netamente administrativa. Es difícil que la región patagónica pueda realizar compras y esas compras estén organizadas de una manera que lleguen en tiempo y forma los tratamientos por ejemplo oncológicos o de alto costo, a cada una de las provincias. Se debería generar un fondo al que todas las provincias puedan aportar para realizar estas compras. No digo que sea imposible y es una estrategia en la que estamos intentando avanzar, pero todavía hoy no lo podemos realizar”, manifestó.
“Vimos la desregularización que se realizó con las prepagas, en ese caso no afectó a la obra social provincial, pero esto genera más demanda al sector público. Hay medicamentos que tenían la cobertura del 100% y hoy tienen el 70 o el 40%. Muchas personas optan por abandonar la prepaga y eso tiene un doble impacto, porque los hospitales facturaban el costo a las prepagas. La persona se sigue atendiendo en el sistema de salud pública pero los hospitales y los centros de salud no pueden recuperar ese costo”, planteó.
Consultada sobre el impacto de que solamente los médicos que están en cartilla de las obras sociales sean los únicos que pueden recetar a los afiliados, dijo que “en la provincia no afecta, por la accesibilidad al sistema, pero en provincias más grandes sí. Esto afecta a las prepagas. Acá el paciente tiene la posibilidad de conseguir turno rápidamente, las distancias son cortas y el paciente puede llegar al establecimiento donde atiende ese médico y conseguir rápidamente la receta o la atención. En provincias más grandes las distancias y la accesibilidad son diferentes y esto hace que las personas vayan abandonando las prepagas”, explicó.
“Quizás mientras la provincia puede responder, uno no toma dimensión de lo que sucede, pero hay muchas provincias que no pueden responder y ahí se palpa la desesperación y la sensación de abandono cuando empiezan a decaer las políticas de salud pública”, concluyó.
