El secretario de la Cámara de Turismo, Ángel Brisighelli, adelantó que, en caso de aprobarse la ordenanza en segunda lectura, una judicialización podría eliminar la tasa que se le quiere cobrar al turista, tomando como base la jurisprudencia con la ecotasa de Bariloche. Marcó dos puntos concretos con impacto negativo en el proyecto de creación del ENUTUR, uno es el monto de la tasa, que a partir del año que viene sería de 20 dólares. “Una pareja que va a un alojamiento económico de una o dos estrellas, paga 60 dólares la noche, y tendría que pagar aparte 40 dólares de impuesto”, dijo. El segundo punto es el desfinanciamiento del Ushuaia Bureau, al eliminar el 10% adicional que pagan los privados y, por ende, el aporte de la municipalidad, que debe ser equivalente a esa recaudación. Estuvo presente en la audiencia pública y, salvo los dos expositores del municipio, todos se expresaron en contra del proyecto. Si se mantienen los votos, no podría prosperar porque la votación requiere “de una mayoría agravada”, señaló.
Río Grande.- El secretario de la Cámara de Turismo, Ángel Brisighelli, participó este lunes de la audiencia pública vinculada con la creación del ENUTUR, como paso previo al tratamiento en segunda lectura del proyecto ingresado por el oficialismo municipal. Aseguró que salvo los dos representantes del municipio, todos se expresaron en contra y marcó dos puntos centrales de los cuestionamientos: la tasa que se quiere cobrar y el desfinanciamiento de la Agencia de Desarrollo Ushuaia Bureau.
“Este ente que se quiere crear en Ushuaia es un cambio muy importante en la estructura administrativa de la municipalidad. Quieren pasar la Secretaría de Turismo a un ente autárquico para hacerla más eficiente y más ágil. Hasta ahí no habría ningún inconveniente, porque el Ejecutivo ha sido elegido para administrar el Estado”, dijo al programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia.
“El problema más grave es que, dentro del proyecto, aparecen dos sorpresas muy peligrosas: primero la creación del derecho de uso urbano, que en definitiva es un impuesto al turista. Hoy ese valor es de 10 dólares, pero por el cambio de valor de las UVF, a partir de enero pasa a ser de 20 dólares para cada pasajero que llega a Ushuaia. Eso tiene un impacto altísimo en el turismo. Hay destinos en el mundo como Barcelona, Venecia o Mikonos, que tienen problemas de sobre demanda de pasajeros y tienen tasas de 5 dólares para desalentar el turismo. Nosotros vamos a tener una de 20. Habría una reducción altísima de cantidad de pasajeros porque el destino se vuelve mucho más caro de lo que hoy es. Con el dólar tan atrasado, Argentina se volvió un destino caro y Ushuaia es más cara todavía. Si además metemos una tasa de 20 dólares, se vuelve prácticamente inviable”, advirtió.
A modo de ejemplo, dijo que “una pareja que va a un alojamiento económico de una o dos estrellas, paga 60 dólares la noche, y tendría que pagar aparte 40 dólares de impuesto. Ahí tenemos un problema grave y esto es extremadamente dañino para el mercado turístico”.
“El segundo punto que hay dentro del proyecto es una derogación escondida de todo el financiamiento para el Ushuaia Bureau, que es el ente mixto de promoción de Ushuaia, que lleva 20 años trabajando y es un ejemplo para todas las municipalidades. En un artículo derogan toda la financiación, si bien no desarman al Bureau. Es el fin de la cooperación público-privada en la promoción de Tierra del Fuego y el desarrollo de la ciudad”, sentenció.
“Esas dos características son extremadamente negativas y estamos lidiando para que eso no prospere. Yo participé de la audiencia pública del lunes y no hubo ninguna instancia de debate. Aquellos que tenían que exponer daban su posición sobre el tema y todos los demás escuchaban, pero no hubo un ida y vuelta con nadie. No fue un ámbito de debate para poder avanzar, sino que fue un gran contexto de catarsis donde cada uno dijo lo que opinaba. De los 16 expositores que se presentaron, con excepción de dos, que fueron la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Finanzas, todos expresaron un descontento con este tipo de ordenanza. Tres de los ponentes fueron de fuera del sector del turismo, el director del CADIC y dos investigadoras, pidieron la continuidad del Ushuaia Bureau, porque ha sido una herramienta que administra montones de proyectos en los cuales el CADIC está involucrado. Uno de ellos es el Compromiso Onachaga, que nuclea a las empresas de catamaranes, al CADIC, la municipalidad, el INFUETUR y guías de turismo, y pone normas de comportamiento para la navegación y el avistaje de aves en el Canal de Beagle. Todas las empresas adherimos a ese Compromiso, que fija normas importantes para la conservación de la fauna, que es un recurso turístico”, indicó.
Deuda con el Ushuaia Bureau
Respecto del financiamiento del ente mixto, recordó que “en parte tiene su origen en un 10% adicional que se cobra sobre la tasa de habilitación comercial, y en parte un monto similar que debe aportar la municipalidad. El Bureau está conformado por las cámaras, por el colegio de ciencias económicas, de arquitectos y la universidad; las cámaras tienen voz y voto, sin cinco representantes, y la municipalidad tiene la misma cantidad y los designa el Poder Ejecutivo. Es decir que hay diez votos, cinco de la municipalidad y cinco de las cámaras. Todos los proyectos que se hacen en el Bureau se hacen por consenso, nadie impone un proyecto y todo se tiene que consensuar. A lo largo del tiempo la Dirección de Turismo de la municipalidad ha ido perdiendo presupuesto, porque cada vez le dan menos plata. Este año el presupuesto de la Secretaría de Turismo es el 0,08%, que son 170 millones de pesos para todo el año, que no alcanza para nada. Al no tener presupuesto, todas las acciones de promoción que la municipalidad quería encarar las ha ido a proponer al Bureau. El 100% de las acciones de promoción que ha hecho la municipalidad se han hecho con fondos del Bureau y el 80% de los fondos del Bureau se han destinado a acciones de promoción de la municipalidad”, remarcó.
“Más allá de que los fondos del Bureau se aportan en un 50 y 50% del sector privado y de la municipalidad, el 80% de los fondos se los han llevado este último año las campañas de promoción organizadas por la municipalidad. El Bureau tiene tres empleados nada más, un gerente y dos ejecutivos, y todas las campañas de promoción se vienen llevando adelante con esas tres personas, durante 20 años. Es una estructura fija muy acotada”, manifestó.
“Desgraciadamente la deuda de la municipalidad con el Ushuaia Bureau es histórica, porque siempre hay una situación de deuda. En este momento el devengado mensual es de 30 millones de pesos, 15 millones los aporta el sector privado y 15 millones los tiene que aportar la municipalidad, que en este momento tiene dos meses de deuda”, precisó.
Segunda lectura
Consultado sobre las expectativas del tratamiento en el Concejo Deliberante del proyecto del ENUTUR en segunda lectura, indicó que “si se mantienen los votos de la primera lectura no prosperaría. La primera lectura dice que tienen que tener mayoría y para la segunda lectura tienen que tener mayoría agravada, que son dos tercios. Hay una judicialización de los Dres. Tavarone y Espeche de la sesión anterior, porque tenía que haber una mayoría para pasar a la segunda ronda y la votación salió 5 a 5. Claramente no hay mayoría y ahí se abrió una instancia de discusión sobre el reglamento y se pasó a la segunda instancia, donde se necesitan dos tercios, que son 7 votos sobre 10 concejales. Si se mantiene la primera votación sería difícil que prospere”, estimó, más allá de los rumores sobre el cambio de voto de dos concejales.
“El gran problema del turismo históricamente ha sido que el turista no vota. El turista es castigado económicamente por mal servicio, pero no castiga a nadie porque no está para votar. Del punto de vista de los políticos es una víctima fácil. El tema es si nos quedamos viendo al turista como un pasajero o como una industria. Si lo vemos como una industria, ese pasajero habla, comenta, publica en las redes sociales, y eso afecta a la industria. Esa afectación de la industria se está haciendo en un momento en el cual hay una caída de un 20% en cantidad de pasajeros respecto del año pasado. Cuando se reducen los volúmenes de gente, eso implica menos trabajo. Hay un montón de pequeños emprendedores que son transportistas, se han comprado una combi o una camioneta para trabajar, y esta reducción es menos trabajo. Todas esas pequeñas inversiones que se han hecho no tienen capacidad de amortización, porque trabajan para parar la olla del día”, planteó.
“Desgraciadamente las consecuencias negativas, como también las positivas, se ven en el largo plazo. En el turismo todo es a largo plazo y esa es una de las grandes peleas que tenemos. De parte del Ejecutivo el único argumento es que necesitan presupuesto para diferentes acciones y en definitiva termina siendo una cuestión meramente recaudatoria obtener plata con una tasa monstruosa al turismo, y por otro lado derogar el financiamiento al Ushuaia Bureau para que la municipalidad pueda utilizar la plata que le está destinando. En ningún lado aclaran cómo se va a cobrar esa tasa, si es por día o por única vez. Por cómo está redactada la ordenanza, cualquier persona que no tenga domicilio en Tierra del Fuego, salvo tripulaciones o choferes, tienen que pagar la tasa para ingresar a Ushuaia”, lo que incluiría a los estudiantes fueguinos con domicilio fuera de la provincia.
Además agregó que “el uso de los fondos es discrecional del ENUTUR, que es un ente puramente público donde los privados no tienen interacción para cuestionar si los fondos se están utilizando en fines razonables. Hemos escuchado comentarios de que parte de los fondos se podrían utilizar para mejorar la flota de la UISE, y eso claramente no es un objetivo turístico”.
Judicialización
En caso de prosperar en segunda lectura, no está descartada una judicialización. “Con respecto a la tasa, tenemos un antecedente que es la Ecotasa de Bariloche, que fue judicializada y llegó a la Corte Suprema de Justicia. Hay sentencia que dice que esa tasa es inconstitucional y Bariloche debe dejar de cobrarla, lo mismo el caso de Iguazú, a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema para el caso de Bariloche. La tasa que se quiere cobrar tiene todas las fichas para ser declarada inconstitucional si alguien judicializa”, concluyó Brisighelli.
