Miles de habitantes de Tierra del Fuego impulsan una denuncia por sobreprecios en vehículos. Sospechan que las compañías se apropiaron de beneficios impositivos. Las empresas y las cifras millonarias en juego.
Río Grande.- Unos 5000 habitantes de Tierra del Fuego (potencialmente podrían ser el doble) impulsan una demanda colectiva contra las principales automotrices que operan en el país porque –sostienen– les cobraron aproximadamente un 40% más en los valores de los automóviles que compraron. Favorecidas por el régimen de beneficios impositivos de la provincia fueguina, las automotrices están sospechadas de haberse apropiado de esos tributos en beneficio propio desde 2001 hasta la actualidad. Así, a modo de ejemplo, un vehículo que un fueguino debía pagar 92 mil pesos terminaba costándole 134 mil (a valores de 2014, según consta en el expediente), indica Tiempo Argentino.
La causa está radicada en el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego, e involucra a Toyota, Volkswagen, General Motors, Renault, Ford, Honda, Kia, Hyundai, Peugeot-Citroen y Mercedes Benz. El monto del reclamo es imposible de estimar con certeza. Pero un cálculo muy conservador (5000 reclamos, a un promedio mínimo de 40 mil pesos cada uno) arroja una cifra de 200 millones de pesos.
Tierra del Fuego se encuentra dentro de un mercado libre llamado Área Aduanera Especial. Este mercado fue establecido por el régimen de promoción económica de la Ley 19.640. En razón de ello todos los residentes en Tierra del Fuego gozan de la exención de todos los impuestos, tasas y aranceles nacionales que se deben pagar en el resto del país. Hasta el año 2001 los precios de los vehículos en Tierra del Fuego eran sustancialmente inferiores a los vigentes en el resto del país y similares a los del mercado exento más cercano. Sin embargo, a partir de ese año los precios de los vehículos subieron hasta resultar iguales o superiores a los del resto del país.
El estudio de abogados Rauch y Aciar detectó esa situación irregular e impulsó un reclamo civil bajo la modalidad de una “acción de clase”. Hasta hoy unos 3800 fueguinos se sumaron al reclamo. Esa cantidad podría al menos duplicarse cuando el 3 de diciembre próximo venza el plazo que concedió la Justicia para que quienes quieran sumarse a la acción judicial puedan hacerlo.
Diariamente, ante las oficinas de los abogados (no muy lejos de la Casa de Gobierno) decenas de personas forman fila para sumarse a la acción judicial.
En Río Grande viven unas 100 mil personas; en Tolhuin, unas 20 mil; en Ushuaia, aproximadamente 80 mil. En los últimos 15 años, muchos de ellos compraron autos cero kilómetro que debieron pagar más baratos.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia corroboró, después de una investigación que insumió seis años, que “los fabricantes que comercializaban sus vehículos en Tierra del Fuego se apropiaron, mediante la suba de sus precios, de los beneficios fiscales que les corresponden a los consumidores finales residentes en esa provincia, con el daño agregado de que dichos vehículos sufren una severa restricción de uso y propiedad, de entre tres y cinco años desde la fecha de patentamiento”. Una suerte de cartelización acordada para que todas utilizaran el mismo mecanismo de formación de precios de los vehículos.
Por ello, durante la gestión del gobierno anterior, la Comisión aplicó a las automotrices multas de entre 50 y 150 millones de pesos, pero la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en agosto de 2015, dejó sin efecto la multa. La causa está hoy a estudio de la Corte Suprema.
¿Cómo se generó tal desfase? Al amparo de los distintos regímenes de promoción industrial que rigen en la provincia austral desde el regreso de la democracia, y en el contexto de la debacle económica de 2001 y 2002 (que, entre otros trastornos, dejó virtualmente sin precio de mercado a miles de artículos, entre ellos los automotores), un automóvil en Tierra del Fuego pasó a costar lo mismo o más que en otras geografías argentinas. Rara vez en la Argentina los errores u omisiones de las empresas benefician a los consumidores.
Después del cierre del plazo de adhesión a la acción judicial “de clase” vendrá la tramitación judicial propiamente dicha. La causa solo promete dos certezas en el horizonte: su tramitación será larga y, más tarde o más temprano, terminará en la Corte Suprema.
