Será solo para los no residentes, tal como comunico el vocero Manuel Adorni. Además, enumeró los principales cambios en el régimen migratorio y dijo que se ampliará la lista de delitos que serán causa de deportación de inmigrantes. “Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia o por violentar el sistema democrático será expulsado”, preciso el funcionario.
Buenos Aires.- El Gobierno anunció el arancelamiento en universidades y hospitales públicos para extranjeros no residentes. Lo comunicó el vocero Manuel Adorni.
El Gobierno Nacional anunció este martes 3 de diciembre una serie de cambios en el régimen migratorio en Argentina, que incluyen el arancelamiento de Universidades Nacionales y la atención en hospitales públicos para extranjeros no residentes. Lo comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni, durante una conferencia en Casa Rosada.
“Hoy uno de cada 3 estudiantes de medicina es extranjero”, introdujo, a modo de ejemplo, el funcionario. “Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio”, añadió.
Luego anunció la misma política para el sistema de salud público. “Vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales o municipales van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar los servicios a quienes no residan en el país”, afirmó.
En ese punto, Adorni puso como ejemplo el antecedente de la provincia de Salta. “Allí bajó un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto implica ahorro fiscal y mejor atención para el resto de los ciudadanos residentes en nuestro país. Nos despedimos de los tours sanitarios”, indicó el funcionario.
En el marco del mismo paquete de medidas, Adorni indicó que el gobierno ampliará la lista de delitos incluidos en el régimen migratorio que motivan la deportación de ciudadanos extranjeros. “Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia o si se lo detiene por violentar el sistema democrático atacando las instituciones será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, detalló.
También se denegará el ingreso al país por irregularidades en la documentación que presenten las personas en Aduana. “Quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que manifiestan durante el trámite migratorio, se quedará del otro lado de la frontera”, indicó el vocero.
Finalmente informó: “Se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país”.
“El objetivo es avanzar hacia un país ordenado, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Es lo que busca esta reforma que vamos a impulsar”, argumentó Adorni.
Finalmente el portavoz presidencial amplió los motivos de la decisión del Ejecutivo que incluyó críticas al regimen migratorio vigente. “En los albores de la historia argentina el país ha recibido gente honrada y dispuesta a hacer grande una nación, con trabajo y lo que todos ya sabemos. Luego, la doctrina garantista en términos migratorios ha hecho desastres. Lo cierto es que los malandras, ocupas y oportunistas deben quedarse en sus casas lejos de las fronteras y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en territorio nacional”.
El antecedente de Salta y Jujuy en Salud
Los gobiernos de dos provincias del norte argentino ya habían tomado medidas en el mismo sentido de los anuncios que realizó el vocero Adorni. En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz firmó un decreto con el que dispuso el arancelamiento de los servicios médicos en hospitales públicos para extranjeros no residentes.
La medida tuvo amplio consenso en la sociedad y terminó siendo aprobada por las cámaras de senadores y diputados salteños. La caída de la concurrencia de personas que cruzaban las fronteras en busca de atención gratuita fue notable en las primeras semanas de su implementación.
En Jujuy, en tanto, luego de una primera etapa en la que el gobierno local buscó suscribir acuerdos de reciprocidad con los funcionarios bolivianos, finalmente la gestión local avanzó unilateralmente en el impulso y aprobación de una ley que impone el arancelamiento para extranjeros no residentes. Los acuerdos celebrados, en este caso, fracasaron por la falta de cumplimiento de parte del sistema de salud boliviano, que es arancelado para todas las atenciones, sin distinguir la residencia de los pacientes.
Cómo se implementará el cobro de los servicios de salud a los extranjeros no residentes
El gobierno nacional anunció ayer que avanzará con una iniciativa que incluye el cobro de la atención sanitaria en los hospitales públicos a ciudadanos extranjeros no residentes en la Argentina. Así lo expresó el vocero presidencial: “Vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros. Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país”.
Tras el anuncio, fuentes del Ministerio de Salud indicaron que la iniciativa estará enmarcada en un “proyecto integral que busca reforzar los controles en los ingresos a nuestro país y, además, evitar que exista un aprovechamiento por parte de algunos extranjeros de los recursos de todos los pagadores de impuestos”.
El proyecto de ley, que será enviado al Congreso por el Ejecutivo Nacional, no será una ley en sí misma para el caso del sistema de salud, sino que va a impulsar modificaciones al régimen migratorio que implicarán medidas en distintas áreas, entre otras, el fin de la gratuidad de atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la implementación de un arancel universitario para estudiantes extranjeros no residentes, informó Presidencia.
El portavoz del presidente Javier Milei enfatizó el ejemplo de la provincia de Salta, donde ya rigen esos aranceles para personas que tengan domicilio en otros países: “Allí se generó un ahorro de 60 millones de pesos. También mejoró atención para el resto de los ciudadanos residentes en nuestro país. Nos despedimos de los tours sanitarios”, aseguró.
Las fuentes de la cartera sanitaria repitieron los términos de Adorni en el sentido que se buscará “evitar los tours sanitarios” y en esa línea “se habilitará a todas las jurisdicciones a arancelar el servicio para los extranjeros no residentes y a establecer las condiciones de acceso al sistema de salud” con el objetivo de “evitar la proliferación de conductas abusivas que repercutan en la eficiencia de la salud pública”.
El Ministerio que conduce Mario Lugones fundamentó la decisión del gobierno en que “el acceso gratuito al sistema sanitario argentino por parte de migrantes que no poseen un interés en asentarse y desarrollarse en el país no resulta una práctica que guarde algún beneficio para nuestra sociedad ni encuentra resguardo a la luz de la Constitución Nacional”.
En septiembre pasado, como informó Infobae, el Ministerio de Salud de la Nación había adelantado que evaluaba un proyecto de ley en busca establecer un marco nacional para el cobro de servicios de salud a extranjeros no residentes. Esta iniciativa surgió en el contexto de las medidas ya implementadas por las provincias de Salta, Santa Cruz, Mendoza y, más recientemente, Jujuy, que comenzaron a cobrar por la atención médica a ciudadanos de otros países que no residen en Argentina.
La norma, dijeron entonces desde la cartera, buscaría unificar estas políticas provinciales bajo un marco legal nacional, en tanto ahora, según se informó, el proyecto estará incluido en las modificaciones a la ley migratoria. Una vez que se conozca el texto se podrá establecer si la decisión quedaría enfrentada con los esfuerzos de descentralizar el sistema de salud que ha venido proclamando la administración nacional, en busca otorgar mayor autonomía a las jurisdicciones para tomar decisiones sobre la gestión de los recursos y servicios sanitarios en sus respectivos territorios.
Ya durante la administración de Mario Russo se había enfatizado en la necesidad de que la cartera nacional ejerza un rol de rectoría, actuando como un gran coordinador que solo brinde lineamientos a las carteras sanitarias de cada jurisdicción, lo que implica considerar las prioridades con una perspectiva federal, ya que las necesidades de salud varían significativamente entre regiones como el NOA, el NEA y la zona centro del país.
Tras el anuncio de ayer, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, señaló a través de la red social X: “Las ´medidas´ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento.
En cambio, para la cartera sanitaria nacional el cobro de aranceles a extranjeros no residentes “es un proceso que se viene implementando bien en algunas jurisdicciones. Como dijo Adorni, el caso de Salta es un claro ejemplo.
Y en referencia a la situación de naciones fronterizas, estimó que “producto de las problemáticas que exhiben las políticas sanitarias en algunos países extranjeros, se ha instalado como una práctica común que sus residentes acudan al país únicamente a fin de acceder al sistema de salud pública de forma gratuita y luego retornar a sus países de origen”, que es lo que, según la cartera, buscará evitar la nueva norma.
El arancelamiento universitario para extranjeros podría abarcar a casi 80.000 estudiantes
Representan el 3,9% de la matrícula en las carreras de grado en las universidades públicas. La iniciativa anunciada ayer por el vocero Manuel Adorni había formado parte de la primera Ley Bases. La mayoría de estos alumnos vienen de países vecinos, con Brasil a la cabeza.
La medida fue informada este martes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, que anticipó “una serie de modificaciones en el régimen migratorio” con el objetivo, según dijo, de avanzar “hacia un país ordenado”.
“Se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio”, dijo Adorni en su conferencia de prensa. En el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas, no estaban al tanto del anuncio oficial. Tampoco en la Universidad de Buenos Aires.
El vocero hizo referencia puntualmente a las carreras de Medicina, que en algunas universidades tienen alrededor del 30% de alumnos extranjeros. Pero en el sistema universitario público los estudiantes extranjeros representan el 4,3% de la matrícula total, según los últimos datos oficiales. En las carreras de grado –las que hoy son gratuitas para los alumnos–, el porcentaje es 3,9%: son 79.834 estudiantes. En el nivel de posgrado hay un 9,2% de estudiantes extranjeros en las universidades públicas, pero esa ya es una instancia arancelada. En las universidades privadas, los extranjeros representan el 5,5% de la matrícula.
La mayoría de esos alumnos vienen de países vecinos. El 95,8% de los estudiantes extranjeros en Argentina proviene de otras naciones de América, mientras que un 2,9% viene de Europa y el 1,3% restante de Asia, África y Oceanía, según datos oficiales de la Síntesis de Información Universitaria. En total, 3 de cada 4 americanos que vienen a Argentina a estudiar sus carreras de grado eligen universidades estatales, mientras que 1 de cada 4 opta por alguna institución privada.
En las carreras de grado, los países de donde viene la mayor cantidad de estudiantes son Brasil y Perú, cada uno con más de 13.000 alumnos. Luego figuran Paraguay (9.761), Bolivia (8.957), Colombia (7.638), Venezuela (6.901), Ecuador (6.126) y Chile (4.813). Desde el Gobierno nacional habían planteado la posibilidad de exceptuar a los venezolanos de un eventual arancelamiento, por las razones de fuerza mayor que los llevaron a emigrar
Durante los momentos más críticos del conflicto por el presupuesto universitario, desde el Gobierno nacional habían intentado sugerir que el arancelamiento para extranjeros era una alternativa para atenuar los problemas de financiamiento, pero desde el sector universitario tendieron a desestimar esos argumentos, considerando la baja proporción que esos alumnos representan dentro de la matrícula. Algunas universidades también cuestionaron la referencia a “extranjeros no residentes”, dado que para poder inscribirse en las universidades es necesario vivir en el país y tener DNI argentino.
El Gobierno ya había intentado habilitar el arancelamiento de las universidades públicas para extranjeros no residentes en la primera versión de la Ley Bases, presentada en diciembre de 2023. Aquel capítulo del proyecto de ley fue desestimado en el Congreso. Luego, a mitad de año, el ministro Federico Sturzenegger –su autor– reconoció que planteaban retomar la iniciativa en una ley específicamente educativa que reuniera las reformas educativas propuestas en la Ley Bases original. Desde la Secretaría de Educación estuvieron trabajando en conjunto el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para delinear el proyecto, que aún no llegó al Poder Legislativo.
“Al extranjero que viene solo a estudiar y a irse, me parece que debería cobrársele una cuota”, dijo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en una entrevista en agosto.
Entre los artículos de la “Ley Ómnibus” referidos al sistema universitario, el primero reformaba el artículo 2° bis de la Ley de Educación Superior (N° 24.521). El proyecto mantenía la gratuidad de los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal, pero solo para “todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”. En ese sentido, planteaba que las universidades estatales podrían establecer aranceles “para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos”, como los extranjeros sin residencia. No las obligaba a arancelar, sino que solo abría esa opción para las instituciones que quisieran implementarla.
Contar con una alta proporción de estudiantes extranjeros es visto como un atributo positivo de los sistemas universitarios en el mundo: los rankings globales más importantes, como el QS y el Times Higher Education, consideran el nivel de internacionalización de una universidad –es decir, el porcentaje de alumnos y profesores extranjeros– entre los principales indicadores de calidad.
“Si una institución está atrayendo a una población considerable de estudiantes internacionales, esto tiene beneficios en términos de creación de redes, intercambios culturales, una experiencia de aprendizaje más diversa y diversidad de exalumnos. Además, si una institución está atrayendo a un número considerable de estudiantes extranjeros, se deduce que es lo suficientemente atractiva para hacerlo”, explican desde Quacquarelli Symonds, la empresa británica responsable del ranking QS.
Más allá del conflicto por el presupuesto, que marcó la agenda educativa durante este año, las universidades mantuvieron el diálogo con la Secretaría de Educación. Ese diálogo tuvo un resultado concreto en el reciente anuncio del sistema de créditos que aprobaron las autoridades en la última reunión del Consejo de Universidades.
