El Consejo de la Magistratura de la Nación finalizó la puesta a punto para el inicio del sistema acusatorio en la región de Comodoro Rivadavia, que abarca Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Ya se implementó en las jurisdicciones de Salta, Jujuy, Rosario, Mendoza y General Roca (que alcanza a Río Negro y Neuquén.
Río Grande.- Según pública Data Clave, con la presencia de autoridades nacionales y judiciales, arrancó en el sur del país el nuevo sistema acusatorio este lunes 2 de diciembre. La decisión, tomada por resolución del Ministerio de Justicia de la Nación dispuso la entrada en vigor del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en la jurisdicción de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
Dicha jurisdicción de Comodoro Rivadavia está integrada por los tribunales federales que tienen asiento en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rawson y Esquel en la provincia de Chubut; Rio Gallegos y Caleta Olivia en la Provincia de Santa Cruz; y Ushuaia y Río Grande en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Para poder llevar a cabo la implementación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación actuaron coordinadamente en el ámbito de sus respectivas competencias, así como con el Ministerio de Justicia de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio de Seguridad. Cabe destacar que también se trabajó en conjunto con la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, los tribunales orales federales y los juzgados federales de la jurisdicción.
El Consejo de la Magistratura está presidido por Horacio Rosatti, e integrado por los/as Consejeros/as Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Jimena de la Torre, Agustina Díaz Cordero, Hugo Galderisi, Álvaro González, Luis Juez, Alberto Agustín Lugones, Miguel Piedecasas, María Inés Pilatti Vergara, María Alejandra Provítola, Héctor Recalde, Roxana Reyes, Mariano Recalde, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez y Eduardo Vischi.
En lo que atañe a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante resolución 2331/2024 del 4 de septiembre pasado, dispuso la creación de dieciséis cargos para la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia. El dictado temprano de dicha decisión buscó dotar de tiempo oportuno para la organización de la citada oficina, que constituye un actor relevante en el nuevo sistema.
El Consejo de la Magistratura de la Nación, por su parte, trazó un plan con sus equipos técnicos, a fin de abarcar aspectos vinculados a la infraestructura, tecnología y capacitación que exige el nuevo modelo del CPPF. Ello implicó el trabajo técnico de la Dirección General de Infraestructura, la Dirección General de Tecnología, la Dirección General de Seguridad Informática, la Subdirección de Contrataciones de la Administración General; también la Escuela Judicial de la Comisión de Selección de Magistrados que preside la consejera María Fernanda Vázquez, y la Comisión de Administración y Financiera que preside el consejero Álvaro González.
Respecto a la infraestructura, a través de la Dirección General de Infraestructura Judicial, se planificaron y realizaron obras de armado y puesta en valor de 13 salas de audiencia en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rawson, Esquel, Caleta Olivia, Río Gallegos, Ushuaia y Río Grande. Ocho de esas salas eran existentes, y fueron mejoradas; a ellas se sumaron 5 nuevas, recuperando espacios de los edificios judiciales.
El Consejo también trabajó en la adaptación del sistema Lex100 al sistema acusatorio. Desde el Departamento de Capacitación y Gestión de Desarrollo de la Dirección General de Tecnología del Consejo, se ha capacitado a usuarios de dicha jurisdicción sobre las implicancias del Nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el SGJ-Lex100.
Por su parte, la Escuela Judicial dependiente de la Comisión de Selección de Magistrados, capacitó a magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as de la jurisdicción a través del curso titulado “La dinámica de audiencias y la estructura de la oficina judicial en el sistema acusatorio”.
Al igual que ocurrió en los casos de Rosario, Mendoza y General Roca, el Consejo de la Magistratura tiene previsto tareas de seguimiento después de la fecha de implementación, a fin de atender a la jurisdicción en los aspectos que surjan con motivo de la efectiva aplicación del Código Procesal Penal Federal.
