La legisladora Natalia Gracianía dijo que el bloque está buscando los consensos “para frenar” la ley que permite a los menores de edad realizar el trámite de cambio de género en el Registro Civil. En el caso de los menores de 13 años, si no hay acuerdo de ambos padres, puede decidir un empleado del Registro Civil en un plazo de 24 horas. Entre los 13 y los 16 años puede ir el menor acompañado de un abogado; y los adolescentes de 16 años no requieren de ninguna autorización. Para la legisladora se está corriendo a los padres de la vida de sus hijos y este pensamiento tiene que ver con “la hipersexualización de los niños”.
Río Grande.- La legisladora de La Libertad Avanza Natalia Gracianía cargó contra la ley que se tratará hoy en la última sesión ordinaria, por la cual se permite a los menores realizar el trámite de cambio de género en el Registro Civil. Los adolescentes de 16 años no necesitan de ningún aval, entre 13 y 16 años pueden ir con un abogado, y para los menores de 13 en caso de no haber acuerdo entre los padres, decide un empleado del Registro.
Para la legisladora “se está sacando a los padres de la vida de sus hijos” y esto se debe a la “hipersexualización de los niños”.
Por FM Master’s señaló que “nos hemos expresado a través de las redes sociales porque nos encontramos con un proyecto con el que no estamos de acuerdo para nada, que tiene que ver con la modificación de la ley que rige el trabajo con los registros civiles a nivel provincial. Nos encontramos con un articulado que nos preocupa mucho, porque es abiertamente inconstitucional y no respeta los derechos de los padres a llevar adelante la educación y los valores de sus hijos, y a acompañarlos en el proceso de crecimiento”.
“Esto tiene que ver con la identidad de género, esta ley avanza mucho más que la ley nacional de identidad de género y prácticamente saca a los padres de un proceso como este. Los padres tienen que estar presentes, porque nuestros tratados constitucionales y la convención de los derechos del niño, son la ley máxima que tenemos en nuestro país, y le aseguran a los padres este rol tan preponderante en la vida de sus hijos”, planteó.
“Estamos hablando de menores de edad, menores de 13 años en principio y después hay una distinción entre 13 y 16 años, y a partir de los 16 años ya los consideran mayores de edad. Nos preocupa muchísimo la mirada que hay sobre este tema y el avance que se está realizando. Nosotros interpretamos que esto tiene que ver con la hipersexualización de los niños. No se están respetando sus derechos ni se está cuidando a los niños y a los adolescentes en Tierra del Fuego, al avanzar sobre este tema en esta ley”, consideró.
“Una cosa es la baja de la edad de imputabilidad, que también es un tema de estricta actualidad, y otra cosa es dejar a los niños solos con una decisión, cuando necesitan ser resguardados por sus padres, que son los que más los conocen y los que los acompañan en los procesos. Se pretende dejar al arbitrio del Estado esta posibilidad, o de un trabajador del Registro Civil, que podrá definir si un niño está en condiciones de realizar un cambio registral sobre situaciones de su propia intimidad. Hablamos de un niño menor de 13 años y se está corriendo a los padres, que son sus representantes legales naturales, de una decisión tan importante”, cuestionó.
“Si verdaderamente se da una situación en la que hay intereses contrapuestos, no se puede dejar de tener en cuenta el interés superior del niño, que no solamente es un sujeto de derecho sino que también es un sujeto de cuidado”, subrayó.
Desde el oficialismo argumentaron que se busca adecuar la legislación al nuevo código civil, y que esto no lo conocen los legisladores de La Libertad Avanza porque no van a las reuniones de comisión. La legisladora replicó que “no es para nada de esa manera y no coincidimos en la mirada. Por supuesto no estamos de acuerdo con la mirada que tiene FORJA, que es el bloque que está insistiendo con estos cambios. Nosotros estamos verdaderamente preocupados porque este proyecto logró dictamen el día lunes, se convocó el viernes a última hora a reunión de comisión y el lunes se logró dictamen de una sola de las comisiones, porque no tiene dictamen de la comisión 2. Nosotros alertamos sobre nuestra postura respecto de este tema, lo expresamos en la reunión de Labor Parlamentaria y en la sesión públicamente vamos a defender nuestra posición”, adelantó.
“Nosotros entendemos que este articulado es abiertamente inconstitucional y que es un avance que puede generar muchísimos problemas para los niños y los jóvenes, que no están en condiciones de tomar solos una decisión de un cambio registral. De ninguna manera un trabajador del Registro Civil puede tomar una decisión, porque en el articulado dice que en caso de que uno de los padres no esté de acuerdo, puede dirimirse este tema con el defensor de niños, niñas y adolescentes, o bien directamente puede elevarse al Registro Civil y un personal del Registro va a ser el que en 24 horas como máximo determine si el menor de 13 años están en condiciones de realizar un cambio en su identidad”, detalló.
“Me parece que es un tema que merece mucha más discusión y no tenemos apuro por sacar este proyecto en la última sesión del año. Especialmente nos interesa este articulado y queremos dar el debate en la Cámara, porque en algún momento se tiene que conformar la Cámara en comisión. Allí vamos a expresar nuestra postura y por supuesto estamos absolutamente en contra. Tanto Agustín (Coto) como yo pensamos lo mismo en este tema”, sostuvo.
Aliados opositores
La legisladora dio cuenta de la búsqueda de aliados en las filas de la oposición para frenar el proyecto. “Hemos hablado con otros legisladores de la oposición y muchos como nosotros están escandalizados. No pueden creer que se avance de esta manera sobre los niños y los adolescentes, con una ley que no trae ningún tipo de beneficio. Todo lo contrario, puede generar muchísimos problemas para nuestros niños y nuestros jóvenes. Hemos hablado con el resto de nuestros pares y hay varios que piensan de la misma manera que nosotros. Cada uno manifestará su postura públicamente si lo cree conveniente. Este tema va a ser tratado sobre tablas y para obtener el dictamen que se necesita, la Cámara se debe constituir en comisión. Si esto se da, vamos a manifestar públicamente nuestra postura, que es absolutamente contraria a este proyecto, especialmente la posibilidad de hacer cambios registrales sin dar intervención a los padres”, insistió.
“Estamos hablando de menores de 13 años y no sé a partir de qué edad se está considerando que los niños tienen capacidad de tomar una decisión como esta. No sabemos qué conocimientos ni qué preparación tiene un empleado del Registro Civil para tomar una decisión tan determinante en la vida de un niño menor de 13 años. Esto no es para menospreciar el trabajo que realizan los empleados del Registro Civil, pero se les impone con esta ley una responsabilidad tremenda, porque tienen que tomar la decisión en caso de que uno de los padres no esté de acuerdo”, enfatizó.
“Es una locura la redacción y no entendemos por qué hay un capricho de cambiar de esta manera la ley. Se tiene que dar un debate mucho más amplio para avanzar sobre temas tan delicados como este”, reiteró.
Más allá de la ley nacional
Dado que desde el oficialismo argumentan que esto ya está en la ley nacional, Gracianía aclaró que en la ley nacional la decisión pasa por un juez. “La ley de identidad de género dice que cuando hay una controversia, la dirime la justicia, no un empleado del Registro Civil, y menos en un plazo perentorio de 24 horas. Esperamos una explicación de por qué se realizan estos cambios tan profundos, cuando ni siquiera la ley nacional de identidad de género lo tiene contemplado. Por otra parte, nos parece una aberración el cambio de menores de 13 años sin la participación de sus padres. Si hay uno que se opone, se lo saca del medio y decide un empleado del Registro Civil. En el caso de los mayores de 13 y menores de 16, tiene que dar la conformidad uno de los padres y, si no la hay, puede ser un abogado. Esto también se debe revisar, porque un niño de 14 años puede ir acompañado de un abogado y sus padres se van a enterar después de que realizó el cambio registral. En el caso de los mayores de 16, no necesitan de ningún tipo de conformidad”, puntualizó.
“Este proyecto está corriendo a los padres y deja en la potestad del Estado una decisión tan trascendental como es un cambio de identidad de género. Esto no tiene que prosperar y estamos trabajando para conseguir los consensos necesarios para frenar este proyecto en la sesión ordinaria. Es una postura firme que no vamos a cambiar, porque sería un grave precedente para Tierra del Fuego. Se está sacando a los padres de la vida de sus hijos y es abiertamente inconstitucional”, concluyó.