La presidente del IPV expuso la incertidumbre que se genera con la disolución de la Secretaría de Vivienda y Hábitat, dispuesta por decreto del Gobierno Nacional, que va a significar más dilación en la llegada de los fondos comprometidos para finalizar obras en ejecución. “Lo que antes era el Ministerio de Vivienda y Hábitat pasó a no existir, por lo cual es muy difícil trabajar”, expresó, a la espera de respuestas que den cumplimiento al convenio de financiamiento mixto firmado en 2024. Los fondos comprometidos no han llegado “ni a nosotros ni a ninguna provincia. Nosotros estamos comunicados con el resto de los IPV a nivel nacional y no se han generado pagos. Tampoco hubo pago de las adendas, porque nosotros tenemos certificados que hemos mandado a Nación para generar la devolución del financiamiento mixto que se previó el año pasado, y todavía no tenemos nada acreditado”. La arquitecta Montes afirmó que el Gobierno Nacional ha tomado la decisión política de no construir viviendas y barajó que, con la estabilización de la economía, la alternativa será la toma de créditos para la construcción. La prioridad de su gestión es finalizar las 414 viviendas en ejecución, mientras que el plan de dos mil viviendas licitado en 2022 “se cayó”, y será reemplazado por la entrega de terrenos con servicio para autoconstrucción. En cuanto a la cuota que se está pagando, indicó que “hoy una vivienda de 65 metros cuadrados tiene una cuota de entre 300 y 350 mil pesos, que es más bajo que un alquiler. La financiación es a 30 años, con el sistema tradicional de IPV”.
Río Grande. – La arquitecta Laura Montes, presidente del IPV, planteó la incertidumbre que se
genera tras la noticia de la disolución de la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Gobierno Nacional,
con el dictado del decreto 70/2025. Aseguró que “esto afecta a todos los IPV a nivel nacional. El
decreto establece una reorganización de todo el organigrama de aplicación y desaparece la
Secretaría de Vivienda y Hábitat. Deja una Secretaría de Obras Públicas, en donde se incluye la
regularización dominial, la infraestructura, y deja cierta potestad sobre obras de infraestructura
habitacionales, pero desaparece la palabra ‘vivienda’ de la organización nacional”, explicó.
“Hay mucha incertidumbre, porque lo que antes era el Ministerio de Vivienda y Hábitat hoy pasó a
no existir. El año pasado fue una Subsecretaría dentro de Economía, por lo cual es muy difícil
trabajar. Las respuestas llegan con mucha dilación y hoy no hay nadie a quién recurrir hasta que
no armen una estructura para poder continuar con las adendas y con lo que teníamos firmado en
conjunto, que es el financiamiento mixto”, señaló, y advirtió que “hoy hay cerca de dos mil
millones rendidos a nación y todavía no hemos tenido respuesta”.
“En todos los gobiernos anteriores nosotros trabajamos con planes nacionales de vivienda, que
han tenido varios nombres. Nosotros tenemos ejecución de obras con Casa Propia, Casa Activa,
Reconstruir y PROCREAR, que en realidad pertenece a los municipios. El IPV está abocado como
prioridad a terminar las viviendas que tenemos”, sostuvo.
“En 2022 licitamos más de dos mil viviendas y todo eso se cayó. Quedamos con las tierras y
estamos generando la división de mensuras para contar con lotes con servicios. Eran macizos
completos para hacer obras de vivienda colectiva y el IPV está haciendo un trabajo para mutar y
entregar lotes con servicios. Esto es paralelo a la prioridad nuestra de terminar las 414 viviendas
que están en ejecución en diferentes etapas”, dijo.
Lo cierto es que “la decisión política a nivel nacional es no hacer viviendas. Asumo que, cuando se
termine de estabilizar la economía, generarán créditos para que la gente pueda acceder a la casa
propia. Los IPV terminaremos las obras de vivienda que tenemos pendientes y posteriormente nos
abocaremos a lo que es infraestructura y hábitat, para generar lotes urbanizados”, avizoró sobre el
futuro del organismo.
Con fondos propios
Hasta el momento el IPV se está manejando con fondos propios y con la coparticipación del
FONAVI, mientras esperan que el Gobierno Nacional cumpla con el convenio firmado en 2024.
“Con los fondos mensuales del FONAVI tenemos ingresos de coparticipación y la terminación de
las viviendas se va a adecuar para ajustarnos a la proyección de ingresos. La terminación va a ser
más lenta, pero las vamos a terminar”, aseveró.
Los fondos comprometidos no han llegado “ni a nosotros ni a ninguna provincia. Nosotros estamos
comunicados con el resto de los IPV a nivel nacional y no se han generado pagos. Tampoco hubo
pago de las adendas, porque nosotros tenemos certificados que hemos mandado a Nación para
generar la devolución del financiamiento mixto que se previó el año pasado, y todavía no tenemos
nada acreditado. Eran 4.900 millones y había una deuda de 500 millones del IPV. Nosotros
igualmente reiniciamos las obras con fondos del FONAVI que llegan cada mes. El FONAVI se
incrementó a mediados del año pasado y pudimos reiniciar algunas obras, con fondos propios. Hoy
hay cerca de dos mil millones rendidos a nación y todavía no hemos tenido respuesta”, manifestó.
“El gobierno tampoco ha dicho que ese convenio se ha caído, por lo cual somos optimistas y
seguimos esperando que terminen de acomodar toda su estructura para que puedan continuar.
Hoy no hay una estructura que efectúe todos los actos administrativos para enviarnos los fondos”,
sostuvo.
A la fecha hay dos mil millones que se pagaron con fondos propios del IPV, a la espera de
recuperarlos con los pagos que debe el gobierno. No obstante, el instituto ya no requiere de
asistencia de la provincia. “Habíamos pedido asistencia financiera al gobierno de la provincia hasta
mayo del año pasado. Luego hubo un incremento del FONAVI, por lo cual el IPV empezó a pagar
con fondos propios”, dijo.
“Del FONAVI para este ejercicio están previstos aproximadamente entre once y doce mil millones,
por eso se han hecho nuevos planes de trabajo que dilatan la ejecución de las viviendas, para
poder cumplir con la terminación de todas. Hoy tenemos 414 viviendas en ejecución, y tenemos
desde un 30 a un 85% de avance. En el transcurso de este año tenemos pensado terminar entre
120 y 150 viviendas, según cómo vengan los desembolsos de FONAVI. En febrero se postergó la
aplicación de un impuesto a los combustibles, por eso va variando el desembolso. Además, hay 54
viviendas que vamos a entregar a fin de mes”, puntualizó.
En cuanto a la cuota que se está pagando, indicó que “hoy una vivienda de 65 metros cuadrados
tiene una cuota de entre 300 y 350 mil pesos, que es más bajo que un alquiler. La financiación es a
30 años, con el sistema tradicional de IPV”.
El padrón de inscriptos sigue creciendo y, si bien el IPV respeta la antigüedad, hay familias que no
están en condiciones de acceder a un lote y construir la vivienda por su cuenta. “Hemos hecho una
operatoria exclusivamente de terrenos en Chacra IX de Río Grande y en el río Pipo en Ushuaia. La
familia tiene que hacer una evaluación para ver si le es posible pagar la cuota del terreno y
construir. Si bien respetamos la antigüedad de inscripción, las familias terminan decidiendo si se
quedan o no con los lotes. Nosotros tenemos disponibilidad de tierras, pero tenemos que trabajar
en las mensuras, para convertir un macizo que inicialmente era para edificios. Tenemos que hacer
la mensura y generar los anillos de infraestructura. Los terrenos tienen los servicios básicos y van
de 150 a 240 metros cuadrados, según la ubicación”, detalló.
“Tenemos tres mil familias anotadas y se va muy arriba la demanda con personas solas y
estudiantes, que llega a ocho mil en total. Tenemos una demanda estancada por los motivos que
ya conocemos. No hemos suspendido las inscripciones, por lo cual es lógico que el número vaya
aumentando, porque estamos lentos con la terminación de soluciones habitacionales”, apuntó.
Con respecto al recupero, “es el mismo que el año pasado porque no se han entregado más
viviendas. Con la entrega de viviendas podremos ver la diferencia. Hoy se recuperan entre 120 y
150 millones por mes, que es el valor de una vivienda”, dijo.
Finalmente se refirió a la situación con los proveedores. “Hemos hablado con cada una de las
empresas para modificar los planes de trabajo. Todo tiene que ver con los recursos y hemos
llegado a un acuerdo. Los certificados básicos se están pagando” concluyó la arquit
