El Sindicato de Empleados Judiciales Provinciales (SEJUP) publicó un comunicado, refiriéndose al Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Hacen un detallado repaso de los oscuros tiempos de la dictadura militar y sus consecuencias; para terminar exhortando a “mantener incólumes los preceptos de Memoria, Verdad y Justicia. Por las y los 30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos presentes. Ahora y siempre”.
Río Grande.- El comunicado del SEJUP, con motivo del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, comienza repasando que “Corría el año 1975, aun gobernaba en Argentina un gobierno constitucional elegido por el Pueblo, cuando el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla afirmo: “Si es preciso, en Argentina deberán morir todas las personas que sean necesarias para lograr la paz en el país””.
“El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas detuvieron a la presidenta Isabel Perón y tras el golpe de Estado, se hizo cargo una Junta Militar integrada por el General Videla, el Almirante Massera y el Brigadier Agosti. Se iniciaba así, el periodo más oscuro y tenebroso de la historia argentina”, repasa el texto.
Más adelante, dice que “Si bien la Junta Militar estableció la pena de muerte, nunca la aplicó legalmente, sino que todas sus ejecuciones fueron clandestinas; el terror fue utilizado sistemáticamente para eliminar a los enemigos, intimidar a los disidentes y acallar a la mayoría de la sociedad civil, cometiendo entre otros delitos, el secuestro, la tortura, la desaparición forzada de personas, el robo de bebes y el genocidio”.
“Uno de los mercaderes de la muerte de la última dictadura, el General Saint Jean, alguna vez afirmó: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego a sus colaboradores, después a sus simpatizantes; enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente a los tímidos” En efecto, los tristemente célebres métodos del Terrorismo de Estado, generalizaron las desapariciones forzadas de personas y muchos de los hijos de los desaparecidos de corta edad o nacidos en cautiverio, fueron apropiados por las familias de los represores”, remarca el texto.
Indicando, igualmente, que “Las capturas de los opositores se hacían sin orden judicial, mediante el secuestro y traslado a centros clandestinos de detención, como la ESMA, Automotores Orletti, Garage Olimpo, El Vesubio, La Perla, El Pozo de Banfield o la Comisaria 4ta de Mar del Plata. La metodología incluía torturas e interrogatorios, a fin de obtener información. Muchas víctimas morían en la tortura; las que sobrevivían eran ejecutadas o se decidía su “traslado”, lo que implicaba el exterminio fuera de los campos de detención. Finalmente, se hacían desaparecer los cuerpos, para que no existieran pruebas de los delitos de lesa humanidad que estaba cometiendo la dictadura”.
“La apropiación de bebes e infantes secuestrados junto a sus padres o nacidos en cautiverio, formó parte de un plan sistemático por parte de la Dictadura Militar. Las Abuelas de Plaza de Mayo trabajan para que se encuentren con sus familias de origen. En la actualidad son ya 139 los ahora jóvenes, que recuperaron su identidad”, destaca el texto del sindicato que representa a las y los judiciales de la provincia.
Después se señala que “Vale destacar, la intensa actividad desplegada durante la dictadura, por el Movimiento de Derechos Humanos, que se centró en la denuncia pública de lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Muchas personalidades como el escritor y periodista Rodolfo Walsh, perdieron la vida denunciando el horror y la falta de derechos. El ejemplo de lucha y constancia de las Madres de Plaza de Mayo es reconocido en todo el mundo, con sus “rondas de los días jueves”, desde abril de 1977 hasta la actualidad”.
“Para los poderes concentrados de la Argentina, detentadores del privilegio, tal el caso del Grupo SOCMA, liderado por el magnate ya fallecido, Franco Macri, padre de un ex Presidente de la Nación; también Pérez Companc, Bulgheroni, Fortabat, Bunge y Born, Techint, etc.; fue necesaria la implementación del “Terrorismo de Estado” para viabilizar una política económica que devino en reducción del salario de los trabajadores, reducción del gasto público, apertura indiscriminada de la importaciones, cierre de industrias nacionales, extranjerización de la economía, fuga de capitales, endeudamiento externo, estatización de la deuda contraída por los grupos económicos, caída abrupta del empleo, penalización del derecho a huelga, intervención militar en los sindicatos y pérdida progresiva de los derechos de la clase trabajadora”, expresa el comunicado.
Advirtiendo luego que “Con la derrota en la Guerra de Malvinas, la experiencia dictatorial emprende su retirada en diciembre de 1983, para nunca más volver”.
“Como viejos fantasmas, muchas de estas políticas económicas regresivas vuelven hoy en día a ser salvajemente implementadas, esta vez en democracia, por un gobierno libertario de derecha, que no trepida en arremeter con toda crueldad contra la clase obrera, desocupados, jubilados, colectivos de mujeres, discapacidad, LGBTIQ y los sectores más vulnerables de nuestra población”, remarcaron las y los judiciales.
Finalmente, dicen que “Es por ello que desde la nueva Comisión Directiva del Sindicato de Empleados Judiciales de la Provincia de Tierra del Fuego (SEJUP), exhortamos una vez más, como cada 24 de marzo, a mantener incólumes los preceptos de Memoria, Verdad y Justicia. Por las y los 30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos presentes. Ahora y siempre”.
