El legislador Matías Lapadula expresó su “disgusto” tras la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria realizada ayer, porque el oficialismo y sus aliados enviaron a comisión todos los pedidos de informe de la oposición. El legislador Federico Greve habría argumentado que el cambio de criterio se debe a que es un año electoral y “no van a permitir que hagan pedidos de informes para todos lados”. Para Lapadula es “un error político” y una falta de democracia interna. “Es la primera vez que votamos en Labor Parlamentaria y el oficialismo por supuesto hizo valer su mayoría”, dijo. Respecto de la ley de emergencia de la OSEF, tomará estado parlamentario pero se discutirá en comisión.
Río Grande.- El legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, expresó su “disgusto”, en diálogo con el programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia, por el bloqueo del oficialismo y sus aliados a los pedidos de informes de la oposición, que fueron girados a comisión.
Tras la reunión de Labor Parlamentaria, expresó que “hemos salido disgustados por la actitud que ha tenido el oficialismo y su mayoría, de no permitir que avancemos con proyectos que normalmente se discutían. Me sorprendió el cambio de criterio por parte del bloque FORJA, que mandó a comisión todos los proyectos de la oposición, entre los cuales había muchos míos, y eran pedidos de informes al Poder Ejecutivo Provincial”.
Recordó que “el criterio era que todos los pedidos de informe que se presentaran siempre se mandaban directamente a la sesión y se aprobaban. Nunca pasó que se usen las mayorías para impedir que los pedidos de informe de un legislador puedan prosperar. Ahora van a dormir en comisión con la promesa de que van a llamar a ministros, secretarios y funcionarios para que asistan a comisión a contestar esos pedidos. Me parece que no es lo que corresponde, porque un pedido de informes no es solamente interrogar a un funcionario, sino solicitar documentación”, subrayó.
“Esta no me parece la forma democrática ni de consensos que pregonan para llevar adelante la tarea que tenemos que hacer todos los legisladores”, fustigó, y precisó que “todos los pedidos de Somos Fueguinos, el MPF, Provincia Grande y La Libertad Avanza fueron enviados a comisión, con el voto del oficialismo y sus aliados, y con una promesa que no me satisface, porque hay resoluciones que son aprobadas por unanimidad siempre. Con la excusa de que es un año electoral y van a cambiar el criterio político, no van a aceptar más pedidos de informe y me parece que esto atenta contra ellos mismos”, sostuvo.
La promesa sería la convocatoria a los funcionarios a dar las explicaciones en comisión. “Me parece mucho más sencillo que el funcionario pueda contestar por escrito el pedido de informes, que tenga que ir a la Legislatura a contestar preguntas de cualquier naturaleza. Para mí es más fácil contestar por escrito que tener que sentarse ante los legisladores”, manifestó.
En este punto el legislador vio “coincidencias” con el estilo de Walter Vuoto y el oficialismo del Concejo Deliberante de Ushuaia. “Yo he estado como secretario en el Municipio de Río Grande y he recibido pedidos de informe. Tuve que tomarme tiempo y ponerme a contestar y buscar la información, porque además tenemos plazos que cumplir. Le pasa a todos los que están en el Poder Ejecutivo y me parece que no hay excusa para esto. Se hace flaco favor el gobierno al tomar esta postura, porque por el contrario tiene que mostrarse siempre dispuesto a contestar todas las preguntas y a dar transparencia a los actos de gestión”, reclamó.
“Los pedidos de informe no son un capricho. Yo presenté uno que tiene que ver con la apertura de la ruta 7, porque no sabemos qué está pasando y se está tardando cinco años en construir un alambrado. Ya había otro pedido de informes de mi parte solicitando que remitan el convenio firmado con la estancia, por el pago de la servidumbre de paso. Otro pedido de informes es respecto de la situación de las escuelas y de cómo se hicieron las contrataciones con la ley de emergencia que solicitó el gobierno en la última sesión y que fue aprobada sobre tablas. Esta ley de emergencia tenía por objeto que las escuelas estén en condiciones al inicio de clases. Después de tres meses, tengo notas de padres y de docentes diciendo que hay escuelas que no iniciaron las clases porque no están los edificios en condiciones y tengo la obligación de pedir explicaciones”, enfatizó.
“Ya los pedidos de informes que enviamos los contestan cuando quieren y como quieren, y es una falta de respeto al legislador y a toda la ciudadanía”, subrayó.
Trasfondo electoral
Para el legislador hay un claro trasfondo electoralista detrás de lo ocurrido en la reunión de Labor Parlamentaria. “El legislador Greve manifestó que es un año electoral, que van a cambiar el criterio y no van a permitir que hagan pedidos de informes para todos lados. Lo dijo claramente así y me parece un error político. Decir que a partir de ahora no quieren pedidos de informe y que en la Legislatura pueden hacer lo que quieran, me parece que no es un buen mensaje hacia la sociedad”, insistió.
“Es la primera vez que votamos en Labor Parlamentaria. Tuvimos que votar y el oficialismo por supuesto hizo valer su mayoría y todos los pedidos de informe fueron a comisión. Normalmente nunca se vota, siempre nos ponemos de acuerdo y las resoluciones se aprueban en la sesión. Para mí fue novedoso y lo viví con mucho disgusto”, lamentó.
Aclaró que “si no me contestan un pedido de informes, puedo ir a la justicia, pero a mí me eligieron para ser legislador. No puede ser que me obliguen a ir a la justicia, cuando no hay ninguna necesidad. Ya para ir a la justicia necesito contratar a un abogado y es absurdo lo que están haciendo. Lamentablemente tendré que ir por la vía judicial, pero no debería ser así”.
OSEF a comisión
Con respecto al proyecto de emergencia para la OSEF, adelantó que será analizado en comisión. “Van a tomar estado parlamentario numerosos proyectos que se presentaron. Lo más importante que vamos a tratar es el proyecto de emergencia de la OSEF. Eso va a pasar a comisión pero ya acordamos que el lunes y martes va a haber reunión plenaria para empezar a trabajar en un tema que tendría que haber avanzado mucho antes”, dijo.
“La OSEF es un sistema solidario y hay gente que no aporta pero después quiere todos los servicios cuando se jubila. Esto no es de ahora, sino desde siempre y no es una excusa tratar hoy este tema. Otro tema central es cómo se administran los recursos y cómo se gasta, porque ahí nadie dice nada. Si uno saca las cuentas, el presupuesto de la OSEF es de 125 mil millones de pesos, para 59 mil afiliados, y estamos hablando de 140 mil pesos por mes, por beneficiario”, estimó.
“Cuando hablamos de las pensiones RUPE, de las que se hace cargo la OSEF, el responsable de enviar los fondos es el gobierno de la provincia, y eso no se ha hecho como corresponde en los últimos cinco años. Cada uno se tiene que hacer cargo de sus responsabilidades”, reclamó.
Consultado sobre la “ley corta” que envió el gobernador, dijo que “para mí ley corta es igual a ley parche. Seguimos emparchando y perdiendo el tiempo, cuando tendríamos que ponernos a trabajar en algo que solucione los problemas estructurales de la OSEF. Obviamente esta ley no se puede aprobar sin tratamiento, y hay que llamar a todos los involucrados, los gremios estatales, los jubilados, los prestadores, y no podemos perder tiempo poniendo parches como hicimos el año pasado”.
También pidió “definir qué vamos a hacer con la farmacia de la OSEF, porque no se puede seguir manteniendo un servicio que nunca funcionó bien. Si le preguntamos a los afiliados si prefieren tener una farmacia de OSEF o poder comprar con descuento en la farmacia que quieran, van a elegir la farmacia que les quede más cerca. A esta altura no entiendo por qué se mantiene una farmacia que es ineficiente. Si fuese redituable tener una farmacia propia, todas las prepagas la tendrían. Esto lo único que hace es gastar recursos”, opinó.
Ofrecimiento de Melella
En cuanto a las declaraciones del gobernador Melella realizadas esta semana, en las que se pone a disposición para colaborar con el municipio de Río Grande y considera innecesaria la presentación de una nota formal, Lapadula consideró que le restó importancia al no responderla. “El gobernador no le está restando importancia al pedido de Martín Pérez, le está restando importancia a las necesidades de los vecinos de Río Grande. Yo reiteré un pedido de informes que no fue contestado y tiene que ver con un convenio que se firmó en abril del 2023 con el municipio de Río Grande por 800 millones de pesos para obras. Se sacaron la foto y se enviaron cero pesos. No sé si el expediente lo tiraron a la basura, o si lo tiene alguien guardado. Anuncian financiamiento para la ciudad de Ushuaia y me parece importantísimo que colaboren con las obras que hacen falta, pero tendrían que tener un trato similar con el resto de la provincia, sobre todo con Río Grande, de donde salió Gustavo Melella, y que aporta la mayoría de los fondos de regalías”, observó.
A propósito el tema, dio a conocer la presentación de “un proyecto de compensación histórica a la zona norte de la provincia, estableciendo un diferencial de regalías para el desarrollo de toda la zona. Nosotros tenemos los recursos hidrocarburíferos, que se agotan y generan un impacto ambiental, que se da solamente en la zona donde tenemos explotación hidrocarburífera. He tomado algo que ya se hizo en Chubut y beneficia a la zona de Comodoro Rivadavia, y presenté un proyecto de ley para que haya un adicional de regalías, destinados a obras de infraestructura para ampliar la matriz productiva y compensar la explotación de recursos que no son renovables”, explicó.
Retirada de YPF
Finalmente se le preguntó sobre las declaraciones del gobernador vinculadas con las áreas que deja YPF y que serían tomadas por Terra Ignis. “Yo tengo un pedido de informes sobre Terra Ignis que no ha sido contestado. Conozco la situación de YPF y la decisión de dejar de lado explotaciones convencionales para irse a Vaca Muerta. Lo que falta es una decisión política del Estado provincial de seguir explotando esas áreas, porque al privado no se lo puede obligar”, manifestó.
“Ojalá podamos hacer algo, pero me parece que falta decisión política y capacidad de trabajo. Tenemos una Sociedad del Estado creada supuestamente para eso hace varios años y lo único que hizo fue tercerizar el arrendamiento de generadores de energía. Yo he hecho pedidos de informe sobre el alquiler de generadores y lo veo con mucha preocupación, porque pasa el tiempo y la solución no llega. Se acerca el invierno y ahora parece que cualquier ave que pasa por ahí genera un corte de luz”, concluyó.
