A raíz del escándalo desatado por la factura que presentó Héctor Peñaloza por medio millón de pesos, la obra social decidió no reconocerle el alojamiento en el hotel cinco estrellas y lo tuvo que poner de su bolsillo. La factura fue presentada a principios de mes y esta semana se tomó la decisión de reconocerle solamente 70 mil pesos por noche. La trabajadora de la OSEF Elvia Agüero expuso los desmanejos de la obra social en la actual gestión y aseguró que la OSEF “fue quebrada” desde el ingreso de los funcionarios nombrados por Melella. Del total de empleados, el 25% son plantas políticas “y eso es una fiesta dentro de la obra social en estos últimos años”, dijo. Además, reveló los sobreprecios en medicamentos.
Río Grande.- Elvia Agüero, trabajadora de la OSEF desde hace 19 años, dialogó con FM Aire Libre sobre los desmanejos de la obra social, que fueron expuestos en la reunión de comisión con los legisladores, y aseguró que la OSEF “fue quebrada por la actual gestión”.
En principio se la consultó sobre la factura de medio millón de pesos presentada por el agente Héctor Peñaloza, tras haberse alojado en un hotel cinco estrellas de Ushuaia, y a raíz del escándalo, no se le reconoció el reintegro. “No se pagó ese dinero. El agente estuvo en comisión en Ushuaia y fue presentada la factura. Esa factura la pagó el agente, no la obra social. Cuando vamos comisionados, nosotros pagamos el hotel y después la obra social reintegra lo que se abonó. En este caso no sólo el mismo agente desestimó el pago de la factura, sino que la presidente de la obra social hizo una nota diciendo que le iba a reconocer 70 mil pesos por cada día que estuvo. El agente nunca cobró”, afirmó.
Aclaró que se desestimó el pago “después de que fue público. Entiendo que ese hotel es oneroso para la obra social, que está en crisis. Hay problemas económicos, eso no estuvo bien, el agente se dio cuenta y se retrotrajo la situación. Quedó la factura presentada y nada más”.
Precisó que “es un empleado de planta permanente de la ciudad de Río Grande. El 8 presentó la factura y el 14 fue dejada sin efecto la solicitud de reintegro”, es decir esta semana, después de que llegara la información a los medios.
Explicó que “la normativa de OSEF para comisiones dice que se tiene que presentar la factura del hotel donde se hizo la comisión. Es como se maneja la presidente, que se va a un hotel y presenta la factura, pero no hay una norma que fije un tope al precio. Obviamente esto pasó los límites y no lo ha cobrado”.
Respecto del ingreso de la pareja del director Franco Tomasevich a la OSEF, dijo que “no podemos decir que la coordinadora sea pareja de Tomasevich. No podemos confirmar eso. Es una persona que ingresó a la obra social como planta política y un año después le dieron el cargo de coordinadora administrativa. Son todos cargos políticos, porque no hay ningún agente de planta que tenga una coordinación. Es una persona que trajeron de afuera, como vienen todos los funcionarios y son plantas políticas de la obra social”.
Legisladores enterados
La trabajadora advirtió que los legisladores están al tanto de los desmanejos en la obra social, porque lo expusieron en comisión. “Estuve en la primera reunión, contando las situaciones que pasan dentro de la obra social y que veo como empleada. Yo le planteé a los legisladores lo que vengo planteando desde hace cinco años en la obra social, que fue quebrada en esta última gestión. Ahora los que tenemos que poner plata somos los mismos afiliados de la obra social. No se controla el manejo de la administración, que está en cabeza de dos funcionarios que designó el gobernador. Así lo dice la ley 1071 y ellos son los que toman todas las decisiones”, manifestó.
“Estos años todas las decisiones las tomaron los funcionarios que designó Melella, no las tomaron los trabajadores. En un inicio quisimos tener charlas con el gobernador, nos juntamos con legisladores que estaban en la comisión y ellos estaban al tanto, porque con los sindicatos hicimos varias reuniones. Les informamos qué venía pasando con los medicamentos de la farmacia, les dijimos que estaban haciendo las cosas mal y que íbamos a llegar al momento en que estamos ahora. Supuestamente los recursos que ponemos todos los afiliados, no alcanzan, y todas estas cosas ya se contaron y los que quebraron la obra social no fuimos ni los empleados ni los afiliados a la OSEF, sino que fue la política”, sentenció.
“En 2022 se presentó un proyecto por el cual pedíamos la modificación de la ley 1071, para poder tomar decisiones, y la legisladora Myriam Martínez dijo que no sabíamos administrar. Pero quien quebró la obra social fue la política. Ahora van a sacar los recursos del bolsillo del trabajador provincial o municipal”, cuestionó.
Sobreprecios en medicamentos
Consultada acerca de si se pagan sobreprecios, dijo que “yo llevo 19 años dentro de la obra social y trabajé con varias gestiones. Tuve jefes en farmacia y en la parte de compras. Nosotros compramos dos cajas de medicación oncológica por 200 mil pesos y esa misma medicación oncológica de otra marca la pone un prestador de Río Grande, autorizado por la obra social, y nos sale 31 millones de pesos. Se paga a un prestador 31 millones de pesos por dos cajas de medicamentos oncológicos cuando esas dos cajas la obra social las compra a 200 mil”, reveló.
Además cargó contra las deudas del gobierno con la institución. “El gobernador dice que de los 60 mil afiliados sólo aporta el 50% y es verdad, porque la ley dice que aportan los trabajadores titulares. El grupo familiar entra dentro de lo que aporta cada trabajador. Por cada salario, a la obra social le ingresa un 12%, un 3% de los empleados y un 9% de la patronal. El gobernador dice que el 50% no paga y esto lo expliqué en la Legislatura, porque cuando él da las pensiones, van a parar a la OSEF, y él no paga por esas pensiones. Nosotros con los recursos que aportamos todos los meses, pagamos la atención médica de las pensiones del gobierno. ¿Entonces quién no paga?, ¿nosotros los trabajadores o el gobierno de la provincia?”, se preguntó y precisó que “hasta la semana pasada por las pensiones del gobierno nos debían 5.200 millones de pesos”.
“Nosotros somos una obra social solidaria. Pagamos todos los titulares y se prestan servicios a las personas enfermas. Somos 60 mil los afiliados con grupo familiar y un mínimo porcentaje está enfermo. Tenemos mucha gente joven en la administración pública que paga todos los meses el aporte y no hace uso de la obra social. Por eso cuando hablan no dicen toda la verdad. No dicen que a nosotros nos bajaron la cobertura de los medicamentos. Por fuera de lo que aportamos todos los meses, cuando vamos al médico tenemos que pagar 10 mil pesos de coseguro”, planteó.
Un cuarto de planta política
También se refirió a las plantas políticas que tiene la actual gestión. “Eso es una fiesta dentro de la obra social en estos últimos años. Con el directorio grande teníamos 10 ó 15 personas de planta política y hoy, hasta el mes de enero teníamos 54 personas de planta política y en el mes de febrero la presidente de la obra social mandó un mail para ampliar 8 plantas políticas más de las que ya tenía, y de 54 pasaron a 61 plantas políticas. Son 61 plantas políticas y somos 160 personas de planta real en la obra social, con un total de 250. Hay una estructura grande por encima, con cuatro coordinadores institucionales en Buenos Aires, en Río Grande y en Ushuaia. La Legislatura en el presupuesto 2025 puso un artículo para que ninguna institución nombrara más personal, ni por jubilaciones, ni por renuncia, ni por fallecimiento. Se congelaban las plantas y para poder nombrar otra persona había que pedir permiso a finanzas de gobierno. Ese permiso no se pidió, solamente se hizo un permiso para tomar cuatro farmacéuticos, dos para Ushuaia y dos para Río Grande, y ampliaron dos médicos pero no se anotó nadie. Siempre nuestra institución está fuera de la ley, con los funcionarios que tenemos”, concluyó.
