El legislador Pablo Villegas expresó que “no le da la cara” como al ministro Jefe de Gabinete para volver a poner en agenda la reforma constitucional, cuando está en peligro el pago de los sueldos. Dijo que el propio Agustín Tita expuso en comisión que no han podido cumplir con las pautas de la ley de emergencia de seguridad por falta de fondos, además de enumerar falencias en establecimientos educativos y en la atención a personas con discapacidad. Respecto del informe del Tribunal de Cuentas, aclaró que es una “mirada técnica” a la cual la Legislatura sumará una mirada “de equilibrio político”.
Río Grande. – El legislador del MPF Pablo Villegas cargó contra las declaraciones del ministro Jefe de Gabinete Agustín Tita, que volvió a poner en agenda la reforma constitucional, mientras que el Ministro de Economía advierte que de seguir bajando la coparticipación no habrá dinero para pagar sueldos.
Para Villegas “es una afrenta y un insulto que hoy el Jefe de Gabinete insista con la reforma, cuando el Ministro de Economía dice que no hay plata para el legítimo reclamo de los docentes, que no hay plata para aumentar los sueldos a distintos empleados públicos, que no hay plata para mantener en condiciones las camionetas que trasladan a las personas con discapacidad o para alguna atención médica. Es una falta de respeto innecesaria. Si hay plata para una reforma constitucional, tiene que haber plata para estas otras cosas”, sentenció por Radio Provincia.
“Uno camina las escuelas y los directores de los colegios plantean la necesidad de la pareja pedagógica, pero no hay recursos para mayor cantidad de cargos. Yo creo que se tienen que poner de acuerdo y, si hay plata para una reforma, tiene que haber plata para esto otro”, reclamó el mopofista.
“¿Cuál es la prioridad de este gobierno? ¿la reforma o garantizar la salud y la seguridad? –se preguntó-. El propio Jefe de Gabinete reconoció en comisión que los proyectos para resolver los problemas del área de seguridad quedaron en buenas intenciones, porque tenemos un problema serio en materia económica y financiera. No hay plata para comprar nuevos patrulleros, para mejorar las condiciones de infraestructura del servicio penitenciario, así que es una afrenta y un atentado a la inteligencia y al sentido común que se quiera insistir con una reforma constitucional”, disparó.
“Que vayan a hablar con los padres que tienen chicos con discapacidad motora y no los han podido trasladar porque no están los autos en condiciones. Hay que explicarle a esa gente que vamos a gastar miles de millones de pesos en una reforma constitucional y que no podemos poner dos camionetas en condiciones para hacer los traslados. Hay que tener cara, y yo no tengo cara para eso y no comparto ese criterio”, reprochó a Tita.
“Además hay una cuestión jurídica que no se puede soslayar. La ley que fue sancionada con el voto en contra del MPF, que posibilitó el llamado a una reforma, dio un plazo de 210 días para que se efectuara la elección de convencionales constituyentes. Ese plazo ya pasó y desde mi perspectiva es una ley de cumplimiento imposible, porque el plazo está agotado”, aseguró.
Informe del Tribunal
Respecto del nuevo informe del Tribunal de Cuentas, dijo que “lo estoy analizando y hay que tener en cuenta que el Tribunal de Cuentas hace informes técnicos desde una perspectiva. Uno es legislador y tiene que tratar de encontrar soluciones concretas con quienes conducen la OSEF, para reforzar económica y financieramente a la obra social, pero siempre con una mirada de equilibrio político”, diferenció.
“Es un tema atado a los salarios deprimidos que tienen los trabajadores, que no es resorte del Poder Legislativo. No es necesario aumentar aportes o contribuciones, sino que hay que aumentar los sueldos, que en este último tiempo vienen perdiendo en términos nominales y en términos reales contra la inflación de los últimos dos años. Si se aumentan los salarios, el 3% que aportan los trabajadores y el 9% restante que aporta el gobierno provincial, va a ser sustancialmente mayor”, planteó.
“Escuchamos al Ministro de Economía decir que en 2024 se perdieron 50 mil millones de pesos de coparticipación y que este año la merma en términos nominales es importante. Por otro lado las obras sociales y prepagas le deben más de 8 mil millones de pesos a los hospitales públicos y nadie ejecuta esa deuda. Tenemos que discutir también la situación de los hospitales y la capacidad del sistema de salud de prestar ciertos servicios médicos. Hoy en el hospital no se puede tratar un infarto y eso se debe a decisiones erradas de los últimos veinte años. Yo quiero recuperar esa capacidad y fortalecer el sistema público, a la vez de debatir el tema de OSEF”, sostuvo.
“Alrededor del 65% de la población total de Tierra del Fuego se atiende por el sistema público o por la OSEF, que es del Estado provincial, por eso no se puede debatir solamente la OSEF sino el sistema de salud pública. Nosotros lo venimos proponiendo y hay decisiones que son políticas. Yo estoy de acuerdo con que las RUPE estén a cargo del tesoro de la provincia y no de la obra social. Desde el 2020 al 2023, sin tener en cuenta el 2024, la OSEF le certificó una deuda al tesoro provincial por prestaciones a las RUPE de arriba de los 2.800 millones. Además la OSEF le debe al hospital Ushuaia cerca de 1.700 millones de pesos”, precisó.
Sobre llovido, el cinco estrellas
El legislador expuso además su malestar por el despilfarro de la obra social. “La OSEF también tiene problemas de gestión y, mientras estamos tratando de aportar para resolver el problema, tenemos noticias de algunos gastos de la obra social que son un atentado a la inteligencia y al sentido común”, dijo.
Consultado acerca de si correspondería interpelar al gobernador, como responsable de designar a las autoridades de la OSEF, por los gastos en alojamientos vip, los nombramientos en planta política y el sobreprecio de los medicamentos, consideró que “el gobernador tiene que dar la explicación a través de los carriles institucionales correspondientes. No sé si podemos interpelar al gobernador, en todo caso a los ministros que tienen a cargo las áreas. Está a la vista de todos que este es un problema que el Poder Ejecutivo ha pateado hacia adelante sin querer resolverlo de manera estructural”, cuestionó.
“Desde el MPF no nos hemos quedado en la catarsis, hemos hecho propuestas legislativas para afectar recursos a la obra social, como los que maneja la Jefatura de Gabinete, que están destinados para cualquier cosa menos para pagar las prestaciones a las RUPE. No creo que se pueda llegar a interpelar al gobernador, porque esa herramienta es para los ministros por lo que recuerdo. Al gobernador se lo va a interpelar a través de las decisiones políticas que tome. El pago de las RUPE es una decisión política del gobernador, para que se haga cargo el tesoro provincial y sacarle ese peso a la OSEF”, remarcó.
Ante las alternativas que se tiraron sobre la mesa, expresó su desacuerdo “con limitar las prestaciones médicas. Estoy a favor de mantener el statu quo y no poner en discusión las prestaciones médicas de las RUPE, pero sí debatir quién se tiene que hacer cargo, que debe ser el tesoro provincial. Son decisiones políticas que se podrían haber adoptado hace tiempo”, concluyó.
