El apoderado de CAFIN adelantó algunos aspectos de la resolución que se estaría analizando en la Secretaría de Industria y las restricciones son tales que sacarían del mercado a las fábricas fueguinas. Apuntó directamente al lobby empresario, y a los representantes que están dentro de la Secretaría como funcionarios. “Ellos han participado de las discusiones de una forma que nosotros no hemos podido, se muestran muy activos en los despachos oficiales, a los que nosotros no tenemos acceso. Es una pelea desigual pero hace más de 40 años que estamos en esto y no nos vamos a rendir ahora”, sentenció. Admitió su decepción por el rol de José De Mendiguren porque esperaba “algo más ecuánime”, no obstante “el lobby es muy fuerte” y el sector del continente significa más votos que los fueguinos, en un año electoral. De judicializarse el tema, advirtió que para cuando salga el fallo ya las empresas no van a existir.
Río Grande.- Con poco optimismo el apoderado de CAFIN, Lic. Alberto Garófalo, se refirió por Radio Nacional Ushuaia a la resolución que reglamentaría la prórroga para las textiles, dado que los condicionamientos serían tales que las sacarían del mercado.
El gobernador Gustavo Melella adelantó una posible judicialización y Garófalo coincidió en que habría disposiciones que van contra normas superiores, pero también tuvo en cuenta que, de acuerdo a los tiempos de la justicia, para cuando salga un fallo ya no van a existir las empresas de la isla.
“Oficialmente no tenemos nada, sabemos que hay algunas deliberaciones al respecto y que han avanzado en la discusión, pero no han escrito aun la resolución. Tenemos entendido que va a salir con algunas restricciones importantes a la operación de las textiles, pero todavía no hay nada. Estamos viendo qué más se puede hacer, porque obviamente con el plazo que resta del beneficio se está comprometiendo la continuidad del abastecimiento de las fábricas”, sostuvo.
Cabe recordar que se hablaba de prórrogas plurianuales en el decreto de prórroga: “Efectivamente el decreto dice eso y no dice cuáles son las condiciones que deberían cumplir las empresas, ni de cuánto va a ser ese plazo plurianual. Lo que va a salir ahora es una resolución, que va a fijar determinadas condiciones. Sé que hay una discusión sobre qué grado debe tener la norma para implementar este tipo de restricciones, porque en la propia ley se autoriza al Ejecutivo a hacer de todo prácticamente, pero tanto en el artículo 11 como en el 32, dice que debe cumplir con determinadas cosas, como la igualdad frente a una determinada mercadería”, advirtió.
“Efectivamente hay algunas cosas que a nuestro entender van más allá de la posibilidad de hacerlo por resolución y eso se está discutiendo en el área legal de la Secretaría de Industria”, dijo.
Respecto de la judicialización de la que habló el gobernador si no sale la prórroga para las textiles, se inclinó más por una salida política aunque comparte que se debería judicializar. “Si bien nuestra preocupación es cuánta velocidad se le puede imprimir a una acción judicial, me parece bien porque, por lo que se supone que van a escribir, me parece que se van a infringir algunas normas. Sería algo disvalioso que avance la provincia en una judicialización del tema, porque a partir de allí las empresas se pueden presentar como parte interesada y empujar en este tipo de juicio. Primero lo va a hacer la provincia y detrás de la provincia irán las empresas, pero lo que sucede es que ante una presentación, hoy un juez puede suponer que el daño no es inminente; por otro lado, según cómo salga la nota se podrá accionar si hay alguna discriminación adicional a la que ya hubo con el decreto 727. Es complejo y además va a tener que ser por una vía rapidísima de acceso inmediato a la Corte Suprema porque si no, cuando llegue el fallo, ya las empresas no van a existir”, alertó.
Lobby muy fuerte
La cuestión de fondo que traba las definiciones es el lobby empresario del continente, que tiene miembros que son funcionarios de la Secretaría de Industria. “A nadie escapa cuáles son las presiones que tiene hoy el gobierno nacional de parte de sectores textiles del continente. Lo que esos sectores vienen reclamando van desde que no haya renovación hasta condicionar de tal manera a las textiles de Tierra del Fuego a punto tal que ya no representen una competencia. Siempre lo que se ha discutido acá en definitiva es una cuestión de precio en el mercado. La industria textil nacional debe ser el sector más protegido de la industria nacional, y aun así encuentra una competencia en las textiles fueguinas, que por tener acceso a materia prima importada pueden llegar al mercado en condiciones de precios mejores que la industria nacional, a pesar de toda la protección. Esta es una guerra sin cuartel”, definió.
“Ellos han participado de las discusiones de una forma que nosotros no hemos podido. Ellos se muestran muy activos en los despachos oficiales, a los que nosotros no tenemos acceso. Es una pelea desigual pero hace más de 40 años que estamos en esto y no nos vamos a rendir ahora”, enfatizó.
“La preocupación existe porque son más de mil puestos de trabajo los que están en juego. Va a depender también de con qué insumo trabaje cada fábrica, porque va a haber restricciones a la importación de algunos insumos, con lo cual se estaría dejando de lado un beneficio principal que ofrece el régimen para la industria nacional. Si determinados insumos no se van a poder importar, la ecuación cambia totalmente, porque ahí pesa muchísimo el flete y por lo tanto nos estaría sacando del mercado”, avizoró.
“Nosotros interpretamos que no puede ir más allá de esto, porque no tendría mucho sentido que no se permita importar algo que no tiene producción nacional. Hay mucha producción fueguina a partir de insumos que no se fabrican en el país, y puede haber alguna sorpresa sobre cómo se va a cuantificar el beneficio. Por ahora son especulaciones y no queremos adelantarnos. Suponiendo que salga la reglamentación con estas limitaciones, pueden seguir fabricando en Tierra del Fuego. Eso va a depender de cómo se tome la restricción, en base a qué se haga el cálculo y cuánto se les va a otorgar, luego con qué insumo están trabajando y tercero qué plazo se les va a dar. Yo entiendo que si el plazo es exiguo, como un plazo de dos años, lo único que van a conseguir es que las empresas tengan un horizonte de planificación de cómo salir con el menor daño posible, porque la operación es muy difícil de continuar en el tiempo”, lamentó.
“Me parece que políticamente algo tenían que ofrecer y que está pesando mucho el lobby del continente, que es muy fuerte. Hace muchos años que el factor geopolítico ha desaparecido de la discusión, y en esas condiciones realmente se hace duro. Nosotros siempre hemos elevado nuestra voz en escritos, en solicitudes, pero aparentemente no nos están teniendo muy en cuenta por estas presiones de las que estamos hablando”, expuso.
Finalmente expresó su decepción por el rol de secretario José De Mendiguren, que conoce la realidad de la industria fueguina, pero en un año electoral tuvo en cuenta que pesan más los votos del continente que los de la provincia, porque sus habitantes prácticamente “caben en la cancha de River”. “La verdad que estando De Mendiguren esperábamos algo más ecuánime, yo lo conozco personalmente y la verdad me ha sorprendido en esta instancia, pero no pierdo las esperanzas porque todavía no salió nada”, concluyó.
