El ex combatiente Daniel Guzmán remarcó que “no puede quedar en la nada” la instalación del radar de Leolabs y pidió que se investiguen las responsabilidades políticas. Apuntó contra la diputada Mabel Caparrós, que se desentendió de las actividades privadas de sus asesores, cuando figuran como gerentes de la empresa; también contra Juan Manzur por haber dado la autorización. Además tuvo en cuenta que alguien dio la orden a la Dirección Provincial de Energía para proveer del servicio y, si pasaron por encima del gobernador, se debe conocer al responsable. Cuestionó el rol de Federico Sciurano como presidente de la comisión de Malvinas, por no tomar cartas en el asunto y pedir información desde la Legislatura.
Río Grande.- El excombatiente de Malvinas Daniel Guzmán, responsable del portal Agenda Malvinas, dialogó con Radio Provincia sobre el informe emitido por el Ministerio de Defensa y la posición que tomó la Cancillería respecto del radar de Leolabs instalado en cercanías de Tolhuin, y reclamó que se investiguen las responsabilidades políticas.
Guzmán señaló que “sigue habiendo una cantidad de interrogantes en el campo de la política y deben ser resueltos. No puede quedar así, con que ya lo resolvió el Ministerio de Defensa de la Nación y con eso nos damos por satisfechos. Me parece que eso no es posible y que debe conocerse la cadena de responsabilidades políticas sobre cómo se llegó a esta situación”, dijo.
Consideró que “la Inspección General de Justicia de última hizo un trabajo administrativo, pero esto fue escalando desde la Jefatura de Gabinete de Ministros hasta el gobierno de la provincia, la Dirección Provincial de Energía, la Secretaría de Ambiente”, y se preguntó “cómo el Consejo Provincial de Ciencias Económicas no detectó esto y quién lo firmó, porque la inscripción de la empresa pasó por ahí y nadie lo vio, nadie detectó que figuraban dos empresas, una con sede en Dublin y otra en Londres, no verificaron ni se dieron cuenta de que existía una incompatibilidad”, cuestionó.
También planteó “cómo es que la diputada nacional Mabel Caparrós no se dio cuenta de que sus asesores principales, Pablo Bilbao y María Victoria Cerone, estaban siendo parte del cuerpo gerencial ¿No lo detectó? ¿Cómo es posible que la diputada nacional haya jurado por la Constitución Argentina y tenga el tupé de decirnos que ella no tiene por qué estar husmeando en las actividades privadas de sus asesores, poniendo la actividad privada y la relación de sus asesores con una expresa extranjera por sobre las obligaciones que le caben a ella como diputada nacional y representante de todos los argentinos y argentinas?”.
Los interrogantes son muchos y no hay respuesta, porque “primero se intentó negar la situación, se dijo que este radar solamente tenía competencias en materia de seguimiento de la chatarra espacial. No dijeron que no sabían y que lo iban a consultar primero, sino que salieron a negarlo como tontos, hasta faltando el respeto diciendo déjense de embromar con esto, que sólo tiene una función de carácter espacial para el seguimiento de la chatarra. Alguien tiene que responder y esto no puede quedar así, porque se trata de la soberanía nacional”, sentenció.
Inacción legislativa
Otro sector que debe dar respuestas por la inacción es la Legislatura. “Creo que hay gente que no está a la altura de las circunstancias y me refiero específicamente al presidente de la comisión 7 de la Legislatura Federico Sciurano, que está en pelotas (sic) y no está en condiciones de hacer un seguimiento en materia de defensa de nuestra soberanía. No ha puesto palabra y, cuando hicieron algo, lo hicieron en secreto. Esto no puede quedar solamente en un informe sobre la estación de radares en Tolhuin. Creo que el intendente Harrington es el último de la cadena de responsabilidades. Los residentes de Tolhuin sabían a quiénes habían empleado, cuánto tiempo estuvieron trabajando, y a la gente de la Dirección Provincial de Energía le dieron órdenes para conectar el servicio. Juan Mancini es especialista en comunicaciones de radares, porque es miembro de la Armada, la Armada le pagó la especialización, y por eso hay molestia en el sector de la Armada con Juan Mancini, porque utilizando la capacitación que le dio la Armada no advirtió semejante estropicio y falta de respeto a la soberanía nacional”, aseguró.
“¿Nadie se va a preguntar en el Ministerio de Obras Públicas cómo es que Diego Mancini, el hijo de Juan Mancini, actual Subsecretario de Obras Públicas, llegó al cuerpo gerencial de Leolabs?¿Realmente puede ser que nadie haya pedido un informe, que no hayan convocado a la Legislatura a la diputada nacional Mabel Caparrós?”, reprochó.Consideró que a nivel nacional la comisión de Relaciones Exteriores, que preside el diputado nacional Eduardo Valdés, debería convocar a la parlamentaria “para que explique qué sabe, porque le caben responsabilidades a Mabel Caparrós y no se puede hacer la gallina distraída. Aquí hay respuestas para dar”, insistió.
Tampoco se conoce qué información transmitió el radar durante el período de prueba. “Lo ha dicho el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el teniente general Juan Martín Paleo, y ha advertido sobre las consecuencias. Yo estuve mirando la plataforma de Leolabs y, si bien no aparece que estuviera encendido el radar de Tolhuin, sí se puede verificar el sistema de control satelital de 64 países, y justamente pude verificar ayer que sobre Isla de los Estados estaba circulando un radar ruso que fue lanzado el año pasado para hacer seguimiento de las tropas en Ucrania. Esto lo puede ver cualquier vecino que entra a la plataforma y ¿cómo no van a ser objetivos estratégicos militares, teniendo un radar en esta circunstancia en Tierra del Fuego?”, dijo.
“A su vez Argentina tiene a 10 kilómetros dos radares de mejor capacidad, que instaló la CONAE en 2018, y nadie dice por qué se habilitó semejante cosa. Manzur es el que tiene que dar respuestas por haberlo autorizado como jefe de gabinete, y tiene que explicar cómo es que pasó por encima a la Cancillería y al Ministerio de Defensa. Le caben responsabilidades políticas a Juan Manzur y esto no puede quedar así”, remarcó.
Casi por casualidad
Guzmán expuso que casi por azar tomaron conocimiento de lo que estaba pasando y que gracias a la prensa se pudo desmantelar esto, porque de lo contrario hubiera pasado desapercibido. “Si no descubríamos en el boletín oficial de Ushuaia que en la IGJ existía esta información, esto pasaba de largo. La verdad es que tuvimos la suerte y la lucidez de entrar al buscador del boletín oficial donde aparece Leolabs. Yo lo chequeé varias veces para ver si estaba viendo lo que estaba viendo, porque no podía creer que eso estuviera sucediendo en Tierra del Fuego y en Ushuaia, que es la capital de las Malvinas. La verdad es que yo no daba crédito a lo que estaba viendo”, afirmó.
“Lo pasaron por arriba al gobernador, al secretario de Asuntos Internacionales, Malvinas y Atlántico Sur y Antártida Andrés Dachary. Si los pasaron por arriba, alguien tiene que ser responsable. Con tanto trabajo que ha hecho la Secretaría de Malvinas de Tierra del Fuego durante todo este tiempo, me parece que la provincia, el gobierno y los fueguinos, se merecen una respuesta contundente de cómo se llegó a esta situación y con tanto secretismo que se generó desde el año pasado a esta época”, dijo.
“Yo no soy optimista de que el campo político fueguino vaya a dar respuesta, salvo que haya una presión nacional y se haga una investigación seria para saber cómo ocurrió esto, o haya una intervención del Fiscal de Estado de la provincia para poner blanco sobre negro de lo que ha sucedido. Esto se desbarrancó a partir de la información de la prensa y, si no hubiera estado la prensa, no nos hubiéramos enterado. Esto no puede quedar así y no nos merecemos ni los fueguinos ni los argentinos que esto quede en la nada y que los responsables queden indemnes”, concluyó.
