Ante la ausencia de respuesta a sus reiterados reclamos, la Asociación Civil Cámara de Instituciones Privadas de Educación de Tierra del Fuego (ACIPE-TDF) anunció su decisión de endurecer las medidas de protesta y considerar llevar adelante acciones judiciales, debido al incumplimiento en el pago de aportes financieros Ley 749 por parte de las autoridades provinciales.
Río Grande.- Luego de numerosas gestiones y solicitudes de audiencia para abordar el incumplimiento de pagos en diversos ítems, la Asociación Civil Cámara de Instituciones Privadas de Educación de Tierra del Fuego (ACIPE-TDF) tomó una drástica determinación frente a la falta de atención por parte de las autoridades estatales.
En un giro significativo de su estrategia, la ACIPE-TDF mantuvo un encuentro este miércoles en el que se decidió intensificar sus medidas de reclamo y se contempla la posibilidad de llevar el caso a los tribunales.
El conflicto se centra en el incumplimiento del pago de diferentes partidas financieras, en especial, el aporte estatal correspondiente a la grilla salarial y otros conceptos definidos en el decreto 1818-23. Según la ley 749, estos pagos debieron realizarse el viernes 4 de agosto, pero hasta la fecha, no ha habido respuesta alguna por parte de los ministerios involucrados.
En este marco, Beto Cabral, presidente de ACIPE-TDF, señaló que esta omisión afecta directamente a las instituciones educativas de gestión privada y a sus alumnos, sumando a esta falta de pago un atraso de seis meses en los fondos nacionales FONID y conectividad nacional, que la provincia debería haber transferido en tiempo y forma.
En sus declaraciones a la prensa, Cabral destacó que “la falta de respuesta a sus reclamos es una clara manifestación de desinterés por parte de las autoridades, demostrando una actitud deliberada de afectar al sector de educación privada”. Citó además que esta situación repercute en más de 11 mil estudiantes que asisten a estas instituciones y que forman parte de la sociedad fueguina.
La ACIPE-TDF argumentó que la falta de cumplimiento por parte de los funcionarios públicos es un incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos, una violación de sus obligaciones y pone en riesgo el funcionamiento de estas instituciones educativas.
Ante esta situación, la ACIPE-TDF plantearon la posibilidad de tomar medidas de acción directa y recurrir a acciones legales para salvaguardar los derechos de las instituciones educativas privadas y evitar situaciones perjudiciales provocadas por el incumplimiento de las obligaciones financieras estipuladas por ley.
Esta situación ha generado tensión entre la ACIPE-TDF y las autoridades provinciales y ha escalado a un nuevo nivel, con la amenaza de medidas legales en el horizonte. La incertidumbre prevalece en el ámbito de la educación privada en Tierra del Fuego, mientras se aguarda la respuesta oficial de los Ministros involucrados (de educación y de economía) y la posible resolución de este conflicto.
