El legislador del MPF afirmó que “los legisladores hemos sido convidados de piedra en esto, porque jamás se nos ha consultado y jamás se nos ha acercado documentación oficial”, dijo respecto de la instalación del radar de Leolabs. Mencionó una sucesión de filtros provinciales que sorteó con éxito el proyecto, como el estudio de impacto ambiental, la provisión de energía, de banda ancha, la inscripción en la IGJ, sin que haya funcionarios que puedan explicar los motivos. “El Poder Ejecutivo no tiene derecho a que quede este manto de sospecha”, sentenció, y adelantó que, si no van los funcionarios con la documentación respaldatoria, va a proponer formalmente que, “en el marco de la Constitución Provincial, la Cámara resuelva la formación de una comisión investigadora”.
Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas adelantó por Radio Nacional Ushuaia la decisión de pedir formalmente la conformación de una comisión investigadora, de no responder los funcionarios del Ejecutivo el pedido de informes remitido hace más de un mes, donde se requiere documentación respaldatoria de todo el circuito que recorrió la instalación del radar de Leolabs.
El miércoles hubo una reunión con excombatientes de Malvinas en el marco de la comisión especial que preside Federico Sciurano, pero no se logró llegar a una definición por la falta de documentación para deslindar las responsabilidades que le caben a cada funcionario.
“Estuvo interesante la reunión por la posibilidad de escuchar a los centros de excombatientes”, destacó Villegas, pero por sobre todo remarcó la importancia de que “la Legislatura de la provincia tenga la posibilidad cierta de hacerse de la información oficial en el ámbito provincial. Hasta el día de la fecha no hemos podido alcanzar este objetivo”, dijo.
Previamente había existido una reunión con Andrés Dachary de carácter reservado pero tampoco se acercó documentación. “En esa oportunidad lo que hubo fue una declaración de un funcionario, el secretario de Asuntos de Malvinas Dachary, pero no hay documentación respaldatoria de sus dichos. Uno no puede manejarse con la opinión o declaración de un funcionario. A mí me interesa ser lo más serio posible en un tema tan delicado como el que estamos hablando, y al día de la fecha no hemos tenido respuesta al pedido de informes que hemos hecho hace más de 30 días los legisladores al Poder Ejecutivo, que fue bastante variado y punzante diría yo, para hacernos de información objetiva, no de conjeturas ni de opiniones”, fustigó.
“Esa información tiene que estar respaldada en actuaciones administrativas que ameritaron la decisión de un sinnúmero de funcionarios. Es básico en un sistema republicano que los funcionarios rindan cuentas. Acá hubo intervención de funcionarios de la provincia que han facilitado primero la conformación de una sociedad extranjera, con los alcances que tiene esa sociedad, que es nada más y nada menos que instalar un radar. Tenemos declaraciones públicas de funcionarios con rango de Secretario de Estado en la que en un principio decían que para la instalación de este radar había intervenido la Universidad de La Plata, que había tenido el visto bueno de la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales –CONAE-; pero el informe del Ministerio de Defensa niega absolutamente eso”, dijo de la única documentación oficial a la que han logrado tener acceso.
“Tenemos la intervención de una Secretaria de Ambiente que habilitó la instalación de este radar; tenemos la Dirección Provincial de Energía que suministró el servicio eléctrico para que funcione, además se le habilitó banda ancha de internet. Los legisladores hemos sido convidados de piedra en esto, porque jamás se nos ha consultado y jamás se nos ha acercado documentación oficial al respecto. Necesitamos contar con las pruebas, con la documentación, como para poner un poco de blanco sobre negro, porque somos legisladores de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. No es algo extraordinario lo que uno pide. Es algo lógico y está dentro del control que tiene que tener la Legislatura de los actos de gobierno”, subrayó.
El legislador dijo que insistió en el encuentro de esta semana con funcionarios y excombatientes que se envíe la documentación solicitada. “Nunca hasta el día de hoy hemos tenido alguna información oficial de las autoridades nacionales y particularmente de las provinciales, a las que tengo que controlar. No ha llegado documentación sobre la instalación de este radar y de las implicancias y consecuencias de esa instalación”, reiteró.
Ocultamiento oficial
Se le preguntó si ve intención del gobierno de no informar sobre este tema y comparó el escenario con los expedientes reservados de la gestión Bertone. “En una apreciación política, me trajo el recuerdo de los expedientes de Seguridad de la gestión Bertone, con el famoso fondo reservado. Tampoco nos querían dar la documentación”, dijo, cuestionando “la renuencia y reticencia a simplemente decir que vayan los funcionarios y que expliquen”.
“La Tierra del Fuego es una zona de seguridad prevista por una ley nacional, y en el marco de la ley de Defensa Nacional, cada vez que una empresa extranjera toma determinadas decisiones contractuales o jurídicas, tiene que tener la intervención previa de las autoridades de la Comisión Nacional de Fronteras, un organismo que hoy depende del Ministerio del Interior de la Nación, para habilitar o no ciertas decisiones contractuales o jurídicas, como puede ser el arrendamiento de un inmueble en una zona de seguridad de fronteras. De eso no hay información oficial”, aseveró, pese a que se concretó el alquiler del predio en la estancia El Relincho.
“Al día de la fecha el pueblo de la provincia también se merece tener esa información oficial. Nadie sabe si hubo un funcionario público que intervino en el suministro de energía, en la habilitación de la construcción y el funcionamiento de este radar a través de un informe de la Secretaría de Ambiente. No se sabe si se consultó a ese organismo nacional”, planteó.
“La ley de Defensa Nacional es una ley de orden público y determina la obligatoriedad de los funcionarios de la provincia de requerir cierta autorización e intervención frente a determinado acto de empresas extranjeras. No es una cuestión menor y hay que poner blanco sobre negro en el ámbito provincial”, reclamó el legislador.
¿Melella como “alambre caído”?
Se le preguntó a Villegas si cree que el gobernador estaba al tanto o lo pasaron por alto, y barajó ambas posibilidades. “
Yo dije públicamente en algún momento que acá pasaron dos cosas, o le pasó como alambre caído al gobernador, con funcionarios de menor jerarquía que lo pusieron en conocimiento de la instalación de este radar, con las implicancias que podía llegar a tener; o hubo altos funcionarios del gobierno de la provincia que han tenido conocimiento y que hoy se hacen los distraídos. No sé con cuál situación quedarme, porque como legislador provincial no tengo ni una hoja de documentación respaldatoria como para interpretar la decisión de los distintos funcionarios que han intervenido en la provincia. En la reunión anterior fue Dachary y los legisladores hicimos una reunión reservada. Yo no quiero expresar públicamente el exabrupto que me salió en ese momento, pero no me gusta que me tomen como tonto”, dijo ofuscado.
Además expuso las conexiones de la empresa con la política local, con abogados gerentes que son asesores de la diputada de FORJA Mabel Caparrós, otro gerente que es el hijo del presidente de Energía. Lo cierto es que “han pasado más de 30 días del pedido de informe y pasó mucha agua bajo el puente. El miércoles lo escuchaba al intendente Harrington y, cuando le preguntaron por qué nunca dio la autorización para la obra civil que tramitaron ante la Municipalidad de Tolhuin, Daniel dijo que le hacía ruido, porque era una cosa extraordinaria que de un día para otro se instalara un radar de semejantes características en la zona. Si Daniel tuvo esa sospecha, ese olfato uno lo tiene en función de la experiencia política o de distintos factores, pero en el ámbito provincial no sabemos por qué se habilitó así como si nada la constitución de una SRL de capitales extranjeros. Tampoco sabemos por qué la habilitación de la Secretaría de Ambiente se hizo a nombre de una empresa y resulta que la que se constituye en Tierra del Fuego es otra empresa”, manifestó.
“Hay un sinnúmero de interrogantes y es un tema muy importante porque está en juego la seguridad nacional y la soberanía. Ese radar, como bien se ha indicado, puede llegar a ser un objetivo militar en un marco de situación bélica. Uno no quiere quedarse con tantas dudas y el Poder Ejecutivo no tiene derecho a que quede este manto de sospecha sobre el por qué y el para qué intervinieron tantos funcionarios”, disparó.
“Tendrían que venir a la Legislatura, traer los expedientes y explicar por qué se hizo esto de esta manera, o si hubo en algún momento un llamado de un funcionario nacional que les dijo que esto tenía que salir más rápido de lo que salen otras cosas”, barajó.
“Habría que preguntarle a Murcia cuánto le demoró el estudio de impacto ambiental para la ampliación del muelle de Ushuaia. Acá estamos con un plazo muy exiguo para semejante instalación de semejantes implicancias. Se habilitó de forma muy rápida y a uno le genera sospechas”, insistió.
Comisión investigadora
Respecto de las conclusiones del encuentro del miércoles, no las hubo porque “lamentablemente frente a estos planteos no se resolvió nada. La reunión se levantó de manera rápida, y yo voy a hablar con Federico Sciurano, que es el presidente de la comisión, para presentar por nota formal lo que requerí en la reunión. Se han planteado dos alternativas, o vienen los funcionarios a dar explicaciones con la documentación respaldatoria y nos contestan el pedido de informes; o voy a proponer que en el marco de la Constitución Provincial la Cámara resuelva la formación de una comisión investigadora”, concluyó Villegas.
