El contador Ramón Gallardo analizó el proyecto de presupuesto 2024 y planteó la incongruencia de la separata II, donde Massa pide al Congreso revisar los regímenes especiales para su gradual eliminación, mientras que otorgó la prórroga del subrégimen a las electrónicas, que ahora se extendería a las textiles. Aseguró que hay otros puntos para tocar antes que el subrégimen, que representa el 0.33% del PBI, como las empresas del Estado que son deficitarias y representan desembolsos del tesoro nacional equivalentes al 1.5% del PBI. Otro ejemplo son los Bienes Personales que deja de percibir el Estado por no haber realizado un revalúo inmobiliario rural y equivale a un 0.48% del PBI. Instó a diputados y senadores a poner la mirada en estos puntos antes que volver a poner en la escena al régimen fueguino.
Río Grande.- El contador Ramón Gallardo analizó la presentación del proyecto de presupuesto nacional 2024 por Radio Universidad 93.5 y Provincia 23 y la separata II, que vuelve a poner sobre la escena el régimen promocional fueguino cuando, según su criterio, hay muchos otros puntos para tocar que representan mayores erogaciones para las arcas del Estado.
Recordó que “el dólar oficial se congeló en 350 pesos hasta el 31 de octubre y el gobierno prevé que a diciembre de 2023 va a estar en 367 pesos. En el presupuesto 2024 dice que va a llegar a 600 pesos. En el presupuesto 2023 hablaban de una inflación del 60%, que fue duplicada porque llega al 135%, y en el presupuesto 2024 estiman una inflación cercana al 70%. Cuando hablan del déficit fiscal que tenían proyectado a 1.9 del PBI en 2023, ahora lo quieren bajar a 0.9 en 2024. El presupuesto 2023 todavía no cerró y ya hemos superado el 1.9 del PBI. Nuevamente incluyen la separata y dicen que hay una serie de prebendas impositivas y gastos equivalentes al 4.72 del PBI” sintetizó.
“Esta separata la elevan, al igual que en 2023, para que el Congreso analice qué tocar, porque quieren llegar en 2024 al 1% de superávit y para eso mandan esta separata. Ese 4.72% lo dividen en dos tramos, por un lado están los gastos tributarios, que equivalen al 2.34%; y 2.38% son de otros beneficios. Los gastos tributarios a su vez están divididos en dos, las normas impositivas que representan el 1.73%, y los regímenes promocionales donde nos incluyen nuevamente a nosotros. Hablan de un 0.61%, de los cuales Tierra del Fuego representa el 0.33%. Eso equivale a 1.145.845 millones de pesos. Si contemplamos que hay un dólar a 600 pesos, estamos hablando de 1.909 millones de dólares que supuestamente dejan de recaudar por el subrégimen industrial”, precisó.
“Hay un doble discurso, porque por un lado nuevamente nos meten en la separata para que los diputados y senadores analicen la eliminación gradual, y por otro lado dicen que van a prorrogar los beneficios de las textiles. Es una incongruencia difícil de comprender”, calificó.
“Debemos ser conscientes de que en el mediano plazo nos van a volver a dar otro sopapo más con el régimen industrial. Con esta separata nuevamente estamos en boca de todos y, si bien hay otros puntos que quieren tocar, como la remuneración de los jueces que no pagan Ganancias, o las asociaciones civiles que tampoco pagan Ganancias, o el IVA para determinadas actividades, y las contribuciones patronales que quieren equiparar, todos cuestionan al subrégimen fueguino”, lamentó.
“Esto lo tiene que analizar el Congreso pero nuevamente estamos en la separata. Tenemos los Bienes Personales en el caso de los inmuebles rurales, que no lo pagan, y representan un monto más significativo, porque es el 0.48% del PBI, mientras que el régimen de Tierra del Fuego representa el 0.33%. También están tocando los honorarios de los directores de sociedades anónimas, que no pagan IVA y están en el 0.29%”, apuntó.
El contador espera “que los diputados y senadores que nos representan pongan en la mira estas cosas, y yo siempre critico el estado empresarial. En el proyecto empiezan a nombrar las distintas empresas estatales. Aerolíneas Argentinas en 2022 tuvo una pérdida de 246 millones de dólares y eso lo pone el Estado. Hay otra empresa, no recuerdo si es AYSA, que tiene déficit y el tesoro nacional le va a aportar 78 mil millones de pesos. Hablan además de Ferrocarriles y son todas deficitarias. El Estado empresarial en 2022 tuvo una pérdida de 7.500 millones de dólares que en su momento era el 1.5% del PBI. Si quieren bajar el déficit, está en las empresas del Estado, que están mal manejadas y con un arsenal de personal. Espero que los diputados y senadores empiecen a analizar no solamente el subrégimen sino qué hacemos con los déficits de las empresas del Estado”, reclamó.
Ganancias y pérdidas
Respecto de la decisión anunciada por el ministro Massa de no cobrar impuesto a las Ganancias a los trabajadores, lo que representaría un billón de pesos que deja de percibir el Estado, para Gallardo pretenden compensarlo con la revisión de los regímenes especiales, por lo que no se afectaría significativamente la coparticipación. “El gobierno habla de los regímenes especiales y lo que deja de percibir porque no recauda, lo mismo ocurre con la remuneración de los jueces, de las asociaciones civiles y fundaciones que tienen grandes utilidades y no aportan. El subrégimen industrial tiene exención de impuesto a las Ganancias, exención del IVA, derechos de importación y los impuestos internos. Si el Estado no lo recauda, no lo coparticipa ni con nosotros ni con el resto de las provincias. Lo que puede suceder, porque existe la intención depende de quién llegue a la presidencia, es que se revise la coparticipación. Hay provincias que hicieron el trabajo, tienen un sector privado, desarrollaron empresas y aportan a la coparticipación porque esas empresas pagan Ganancias y pagan IVA. Un ejemplo es CABA, que aporta mucho y recauda poco. Hay otras provincias que se quedaron sentadas, están llenas de empleados públicos, viven de la coparticipación pero no aportan, como Formosa por ejemplo. Nosotros estamos en el medio, ni de un lado ni del otro, pero si tenemos en cuenta el régimen industrial, estamos del lado del que no ayudamos a la coparticipación del resto de las provincias”, advirtió.
Prórroga a textiles
Consultado sobre la prórroga para las textiles dijo que “todavía no se conoce la letra chica. Lo que sí hay dos o tres incógnitas, porque van a querer que existan determinados procesos mínimos y algunas van a quedar más afuera que adentro. Si se las quiere equiparar al resto de las empresas no se sabe qué va a pasar con el aporte obligatorio al Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva que es retroactivo al 1° de enero de hace casi dos años. Espero que el decreto lo clarifique, porque hay una serie de incógnitas hasta que se conozca el decreto. Tampoco sabemos si la prórroga va a ser por la misma cantidad de años o no. Las empresas reclamaron estar en igualdad de condiciones, pero no hay una vara justa para ambos sectores. Si quieren la prórroga hasta el 2053 como el subrégimen industrial, seguramente les van a exigir el aporte retroactivo a enero de 2022. Estamos hablando de unos cuantos meses en los que las empresas no hicieron el aporte porque no estaban en la prórroga. Desconozco cuál va a ser su situación” señaló.
Revalúo inmobiliario
Finalmente puso el acento en otro punto que aumentaría la recaudación, con el revalúo inmobiliario, donde se verá afectada Tierra del Fuego aunque no pague Bienes Personales. “En el año 2021 se aprobó el nuevo pacto fiscal donde ya estaba incorporado el revalúo de los inmuebles y del sector rural. De esto se estaba haciendo cargo el OFEVI, el Organismo Federal de Evaluación Inmobiliaria, que depende del Ministerio de Economía. Primero dice que los inmuebles rurales tienen que tener valores reevaluados y que ahí dejan de percibir un 0.48% del PBI, es decir que supera al subrégimen industrial. Es lo que el Estado nacional no recauda a través de Bienes Personales”, explicó.
“El compromiso fiscal que firmó la provincia dice que iban a mandar los listados de Catastro para que el organismo nacional empiece a revaluar los distintos inmuebles. En Tierra del Fuego estamos exentos de Bienes Personales, pero acá pagamos el impuesto inmobiliario, que nos va a afectar”, anticipó.
Reiteró que “los diputados y senadores tienen que mirar las empresas del Estado para hacerlas más eficientes o la corrupción en la obra pública que pagamos todos, para que no seamos nuevamente nosotros los que nos quieran volver a tocar”, concluyó.
