La mercancía fue decomisada por Carabineros de Punta Arenas a través de dos procedimientos distintos. En ambos casos los involucrados son oriundos de Tierra del Fuego.
Río Grande.- Enmarcado en su rol de protección del comercio legal y de la ciudadanía, el Servicio Nacional de Aduanas interpuso una querella contra quienes resulten responsables por el ingreso ilegal de 26 mil cajetillas de cigarrillos desde Argentina a la Región de Magallanes.
La primera querella se presentó en el Juzgado de Letras de Porvenir, luego que a mediados de abril personal de Carabineros de esa zona fiscalizó un vehículo que circulaba por la provincia de Tierra del Fuego. En ese momento, los efectivos policiales se percataron que en el interior del automóvil trasladaban 18 mil cajetillas de cigarrillos que no habían sido declaradas y que fueron avaluadas en $20.389.607 por Aduanas, con una evasión fiscal estimada de $45.691.992.
Además, introdujo una segunda acción legal en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, contra quienes intentaron ingresar 8490 cajetillas de cigarrillos por un paso no habilitado desde Tierra del Fuego y que eran transportadas en un jeep, con patente argentina. En total, el valor aduanero de la mercancía se calculó en $14.723.939 y los impuestos no percibidos se estimaron en más de $21.724.999.
El Director Regional de la Aduana de Punta Arenas, Osvaldo Soto, explicó que «Carabineros de Cerro Sombrero y Punta Arenas hizo entrega de la cantidad de 2649 cartones de cigarrillos ingresados al país, aparentemente, por pasos fronterizos no habilitados. El Servicio, como parte de su rol fiscalizador, se ha hecho parte de este procedimiento e interpuso denuncias ante la justicia por los delitos de contrabando en contra de las personas que resulten responsables».
Con estas querellas, el Servicio Nacional de Aduanas busca perseguir la infracción al artículo 182 de la Ordenanza de Aduanas.
El año pasado el Servicio Nacional de Aduanas y las policías lograron incautar en todo el país más de 10 millones 745 mil cajetillas de cigarrillos de contrabando, lo que significó evitar una evasión fiscal superior a los US$ 44 millones.
