El abogado de taxistas y remiseros argumentó que los empleados públicos tienen “un derecho adquirido” sobre las licencias de taxi y remise, por lo que no deberían devolverla como marca la ordenanza y la ley de empleo público. El Concejo Deliberante había planteado además la necesidad de que los titulares sean choferes y residan en la provincia, pero según el letrado las normas deben regir “hacia adelante” y no en forma retroactiva. Para Plasenzotti es “deplorable la técnica legislativa” que aplicaron los ediles en la ordenanza y apelará al veto parcial del Ejecutivo. “Lo cierto es que si hay una situación que fue amparada por varias administraciones municipales y se otorgaron licencias a personas que estaban dentro de la 22.140, esa persona tiene un derecho adquirido para explotar esa licencia”, remarcó el letrado.
Río Grande.- El abogado Leonardo Plasenzotti, representante de taxistas y remiseros, cargó contra la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante e indirectamente contra la ley de empleo público, argumentando que los empleados municipales que tienen licencias de taxi y remise cuentan con “un derecho adquirido”. En la ley que rige el empleo público está taxativamente prohibido, por lo cual los empleados estarían en infracción, pero para el letrado las normas se deben aplicar “hacia adelante” y no en forma retroactiva, pese a ser la 22.140 una ley que tiene más de 40 años. Además criticó la “deplorable técnica legislativa” de la ordenanza que aprobaron los concejales.
Por FM La Isla, planteó “un problema grave” en la ordenanza sancionada, no por la autorización de nuevas licencias, sino por la “inconstitucionalidad” de las condiciones para el otorgamiento de esas licencias, además de que “hace que esas condiciones se apliquen hacia el pasado”, dijo.
Puntualmente cuestionó que la norma disponga que “por ser empleado público tienen que devolver la licencia. Eso significa que están legislando hacia el pasado, porque ya hay un derecho adquirido sobre esa licencia”.
Se le recordó que la prohibición de tener una licencia siendo empleado público fue establecida por la ley 22.140, que está vigente hace más de 40 años. Reconoció que “en principio la ley está vigente pero hay algunas cosas que todavía no están muy claras sobre esa ley. A la fecha hay algunas cosas que pueden ser planteadas al respecto, porque después de la aprobación de la carta orgánica municipal, se tendría que haber hecho el convenio colectivo, como tiene Ushuaia”.
“Lo cierto es que si hay una situación que fue amparada por varias administraciones municipales y se otorgaron licencias a personas que estaban dentro de la 22.140, esa persona tiene un derecho adquirido para explotar esa licencia. Hoy no pueden ir en contra de sus propios actos, darse cuenta de que la 22.140 estaba vigente y por lo tanto tienen que devolver la licencia. Están afectando el derecho constitucional de trabajar de esa persona”, aseguró.
“Los concejales tienen facultades para legislar hacia el futuro, pero no hacia el pasado, cuando afectan derechos adquiridos. El Concejo Deliberante también se equivoca porque no termina de entender la diferencia jurídica entre un taxi y un remise. El taxista es licenciatario y por eso dice que se aplica la 22.140, pero el remise es un servicio privado, no es licenciatario y no es servicio público sino privado, por eso no se le puede aplicar la 22.140”, sostuvo.
Consideró que “el tema central no tendría que ser si se aplica la 22.140 o no se aplica, o si el taxi es público y el remise es privado. La discusión pasa por cómo hacemos para mejorar el servicio. La ordenanza que se aprobó no lo mejora para nada. Lo único que hace es establecer mayores requisitos para el otorgamiento de una licencia, como por ejemplo no tener ninguna propiedad”, observó, en una interpretación libre de la letra de la norma. “Uno de los requisitos que piden para obtener la licencia de taxi o la habilitación del remise es un informe del Registro de la Propiedad Inmueble. Si una persona se queda sin trabajo y tiene una propiedad, no puede trabajar en un taxi –dijo, cuando lo que se pide es un informe de dominio-. Hay que ser indigente para que te den una habilitación. Si un jubilado tiene un ingreso mayor a dos jubilaciones mínimas tiene que devolver la licencia, cuando en la Argentina nadie vive con dos jubilaciones mínimas”, planteó.
Técnica “deplorable”
Asimismo, calificó de “deplorable” la técnica legislativa aplicada a la ordenanza. “Esta ordenanza no está orientada a mejorar el servicio, está orientada a poner mayores limitaciones a las empresas de servicio y eso no es una mejora en la prestación. No hay ningún párrafo en la ordenanza que mejore la prestación del servicio. Hay problemas de técnica legislativa, porque no pueden pedir un informe de dominio si no dicen para qué. No me parece ilógico que se exija que trabajen los que tienen las licencias, porque para eso las tienen. No debería ser un punto de discusión. A los empleados públicos el Estado les dio las licencias en su momento y ahora no le pueden decir graciosamente que ya no la tienen más porque se les ocurrió que estaba vigente una ley hace 40 años”, enfatizó.
“Esto es parte de un error y de una deplorable técnica legislativa. Cuando uno hace una ordenanza o una ley, tiene que ser con la mayor claridad posible, para que no quede librado a la interpretación de quien se le ocurra. Si uno de los requisitos es el informe de dominio, tienen que decir para qué. Si es que, conforme a la cantidad de propiedades que tenga, van a tener mayor o menor puntaje, lo tienen que decir. Pero lo ponen al voleo y piden un informe de dominio, cada uno interpreta una cosa u otra y no nos ponemos de acuerdo”, expresó.
Por el veto parcial
Este miércoles Plasenzotti tuvo una reunión con el secretario de Gobierno Gastón Díaz, para pedir el veto parcial de la ordenanza. “Quedamos en tener una conversación con la parte de Jurídicos de la municipalidad porque entendemos que algunas partes no corresponden. Lo que se plantea no es que se aplique de acá en adelante, sino que no sea retroactiva. Esa es una cuestión netamente jurídica que tiene que resolver la municipalidad. Lo importante es que se pudo dialogar como corresponde con el Dr. Díaz, buscando un consenso para mejorar el servicio”, destacó.
“Yo me voy a sentar con quien está a cargo de servicios jurídicos de la municipalidad para ver las cosas que no corresponden y el sector de los taxis y los remises se van a juntar con los funcionarios municipales para ver si es necesario un veto parcial de la norma o se puede resolver en la reglamentación. El objetivo es que la prestación del servicio mejore y no ponerle trabas a la situación. Los concejales tendrían que entender esto en vez de plantear las cosas inconsultamente”, concluyó.
