El contador Ramón Gallardo analizó los alcances del decreto de prórroga para las empresas textiles y consideró que las empresas deberán analizar si es conveniente continuar con inversiones, con un horizonte que no alcanza para recuperarlas. Alertó sobre el tratamiento del presupuesto y la separata, que podría replicar para todas las empresas radicadas la reducción de beneficios plasmada en el Decreto 594/2023. También se modifica la integración de la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE) perdiendo su banca la Municipalidad de Río Grande y Ushuaia, aumentando el número de integrantes de 7 a 9, con más peso de parte del Estado nacional. Asimismo, las empresas tienen que estar al día con todas las obligaciones tributarias y previsionales, tienen que cumplir con el aporte al FAMP –TD F, si bien no dice desde cuándo. En dicho decreto se reconoce que estas industrias poseen 900 empleados un 10% de los empleos registrados de la provincia de Tierra del Fuego.
Río Grande.- El contador Ramón Gallardo visitó los estudios de Radio La Red 93.9 y Provincia 23 y analizó los alcances del decreto de prórroga para las textiles, como también el riesgo que implica el proyecto de presupuesto 2024 y la separata, que podría derivar en una reducción de beneficios para toda la industria radicada.
En principio dijo que los fundamentos del decreto de prórroga “se basan en los decretos 725 y 727 que otorgaron la prórroga al sector industrial. Es importante que reconozcan que las textiles tienen 900 empleados directos, y también hacen hincapié en lo que ellos denominan gasto tributario en el presupuesto, o sea que están haciendo mención a la famosa separata, al decir que estos regímenes son los que provocan una parte del gasto tributario, y que la intención es comenzar a tomar medidas para reducirlo gradualmente. En criollo, esto implica eliminar de a poco los beneficios promocionales de la ley 19640”, advirtió.
“Con resolución fundada la Secretaría de Industria puede prorrogar por cinco años más hasta el 31 de diciembre de 2033. Las empresas van a tener plazo hasta el 30 de noviembre de este año para adherirse y, para solicitar esa adhesión, van a tener que renunciar a cualquier tipo de acción judicial o administrativa que tengan contra el Estado nacional y provincial.
“También tienen que estar al día con todas las obligaciones tributarias y previsionales, tienen que cumplir con el aporte al FAMP –TDF, pero no dice desde cuándo. Dice que la Secretaría sacará resoluciones complementarias, pero dice que será en las mismas condiciones del artículo cuarto del decreto 727, es decir que va a ser retroactivo al 1° de enero de 2022, con lo cual tendrán que aportar por casi dos años. Las empresas deben contar con proyectos vigentes, cumplir con los procesos productivos mínimos y hasta tanto no esté aprobada la prórroga de cada empresa, podrán sacar su producto con garantía, es decir con un seguro de caución. A partir del 1° de enero de 2024, si no se aprobó todavía la adhesión, pueden sacar los productos con ese seguro de caución. Si en el tiempo la adhesión es aprobada, se le va a devolver ese seguro de caución. Si es rechazada la adhesión de la empresa, se va a ejecutar esa garantía. Esa garantía lo que hace es precisamente garantizar todos los beneficios impositivos y aduaneros”, explicó.
“Además del fondo de la ampliación de la matriz productiva, que prevé el aporte del 15% del IVA, hay una reducción de los incentivos promocionales. Esto no lo tiene el subrégimen industrial. La reducción es del 2,30% anual y acumulativo. Esto empieza a partir del 2025 y, al término de los diez años va a ser un 20,70% lo que van a perder de incentivos promocionales, además del 15% del IVA”, señaló.
“Si me preguntan a qué beneficios promocionales se refieren, la separata del presupuesto dice que tenemos el IVA compra e IVA ventas, la exención del impuesto a las Ganancias y la exención de los derechos de importación. Después hay una alícuota reducida de impuestos internos, pero las textiles no tienen impuestos internos, con lo cual ese 20,70% se estaría reduciendo para los derechos de importación y el impuesto a las Ganancias. Esto tampoco lo tiene la prórroga del subrégimen industrial. Dicen que la Secretaría de Industria de la nación podrá sacar normas complementando esto. Es importante tener muy en cuenta que ahora se va a tratar el presupuesto 2024 con la separata. De llegar a ganar Massa, seguramente va a atacar esto. Es muy probable que este porcentaje que le están sacando a las textiles en diez años, también se pueda aplicar a la industria electrónica. Es una opinión personal, pero se deja la puerta abierta”, dijo.
Como si no bastaran las restricciones, sumó la decisión de la provincia de duplicar la tasa de verificación de procesos productivos. “Sobre llovido mojado, el 30 de septiembre de 2023 se sacó la ley provincial 2498 y el decreto reglamentario 2488, que aumentó la tasa de verificación de procesos productivos en el 100%. Del 1,80 se aumentó al 3,60%. Esta tasa es un impuesto que se aplica a las empresas para la verificación de los procesos y que se hace en base a un formulario; comprende todo lo que la empresa fabricó, por el precio de la última salida del producto, multiplicado por la alícuota, que antes era de 1,80%. Tenemos por un lado el aporte del IVA, la reducción de los incentivos promocionales, más un aumento del 100% de la tasa que cobra la provincia”, sumó.
“Si una empresa normal estaba pagando cinco o seis millones de pesos mensuales, ahora va a pagar diez o doce. Se calcula sobre todo lo que ha producido una fábrica, se multiplica por el último precio que utilizó en la última salida al continente y sobre ese total ahora se va a aplicar el 3,60% de alícuota. Hay una tasa general que es del 2%, la electrónica, las textiles, el plástico y los agroquímicos tienen una tasa que ahora se fue a 3,60%; las pesqueras tenían antes un 1,50 y ahora tienen el 3%; y las autopartistas, netbooks y notebooks tenían un 0,5 y ahora están en el 1%”, detalló.
Consultado acerca de cómo cree que recibieron las empresas estas restricciones en la prórroga, barajó que “acá va a haber dos situaciones. Es muy probable que existan empresas que, cuando tengan que hacer la renuncia a las acciones judiciales, van a ver si lo hacen y si se adhieren o no. También es importante ver que la Secretaría de Industria podrá hacer auditorías apuntadas directamente a la producción y los insumos. Van a ver la cantidad de insumos que han importado o que piden importar, para que tengan una relación lógica con lo que producen o venden. Este seguimiento está relacionado con lo que sucedió en su momento con una empresa textil que aprobó autorizaciones y usó un 20%, mientras que el resto lo tenía stockeado. Creo que eso dio origen a que se haga este tipo de auditoría”, sostuvo.
“Hay otro tema fundamental que trae este decreto. Primero cambia la integración de la comisión del área aduanera especial y perdemos representantes de la provincia. Pierde su banca el municipio de Río Grande y el de Ushuaia. Ya habíamos perdido la representación de la Legislatura y de la Cámara de Comercio, y ahora se agregan las municipalidades. Por otro lado se aumenta de 7 a 9 la cantidad de integrantes y se agregan más miembros del gobierno nacional. El Poder Ejecutivo provincial mantendría su representante, la UOM también mantiene su representante, lo mismo la Unión Industrial Fueguina, la Aduana tenía un representante y ahora va a tener dos, la Secretaría de Industria también tenía un representante y ahora va a tener dos, y se agrega la Secretaría de Hacienda que antes no tenía ninguno, con dos representantes”, indicó.
“Otra cosa que me llamó la atención, es que dice que las empresas se podrán adherir a la sustitución de productos del decreto 479/95 hasta el 30 de noviembre de 2023, y dice que será para proyectos que tengan que ver con agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas. Esto me descolocó totalmente, salvo que alguna textil tenga un proyecto relacionado con esto y lo pueda incorporar como sustitución de productos”, dijo.
“Si llega a ganar Massa hay que mirar lo que dice la separata del presupuesto, porque el mismo decreto dice que se busca reducir el gasto tributario y por lo tanto la incidencia de los beneficios promocionales. Nosotros representamos el 0,33% del PBI en cuatro impuestos y en la separata buscan la reducción gradual de los beneficios. Yo creo que a la corta o a la larga lo que se viene es una reducción gradual hasta la eliminación de los beneficios para todos”, pronosticó.
“Una cosa es el subrégimen industrial y otra cosa es la ley 19640. La ley en su artículo primero nos exceptúa de todos los impuestos a nivel nacional a los habitantes de Tierra del Fuego. El decreto 727 tocó la ley 19640, porque le quitó los beneficios a los autos y a determinados bienes como lanchas, motos. Hay un pequeño párrafo que dice que la Secretaría de Industria como autoridad de aplicación podrá tocar ese listado, y nos puede tocar a todos”, remarcó.
Cinco años para volver a pelear
Gallardo aclaró que la prórroga no es por diez años, sino que cumplidos los primeros cinco, la Secretaría de Industria nuevamente analizará si se da la prórroga. “Esto significa que puede hacerlo o no”.
Con ese horizonte corto para lo que implica recuperar las inversiones, se le consultó si resulta desalentador para las empresas. “Yo conozco empresas que asesoro y han hecho inversiones en máquinas que cuestan un millón de dólares, y hablo de los textiles. Ya están pensando en estos plazos y cómo van a hacer para amortizar esa inversión que ya está hecha. El plazo es de cinco años y con una reducción de beneficios. Las empresas tendrán que hacer su evaluación y ver hasta dónde les conviene invertir. Con una reducción del 20% de los beneficios no sé si la empresa se va o se queda. Cada empresa tendrá que evaluar su conveniencia”, planteó.
“El gobierno provincial tendrá que monitorear esto y tiene algo en su haber, que es el aumento del 100% de la tasa de verificación. Eso depende de nosotros y, llegado el caso, si ve que una empresa pierde rentabilidad y se le está haciendo difícil, el gobierno puede decidir una reducción”, aseguró.
“Creo que lo más serio que se nos viene ahora es el presupuesto 2024. Por suerte está el Congreso y quieren tocar distintas cosas. Ahí va a estar la lucha y creo que nuestros representantes tienen que poner la mira en otras situaciones cuando nos atacan a nosotros. Yo siempre menciono a las empresas del Estado cuando se habla de déficit fiscal, y frente a eso no somos nada del gasto tributario. A mí me molesta particularmente cuando nos atacan con esta situación y es lo que le dije a la gente de FUNDAR, cuando determinó que nosotros éramos un gasto financiero equivalente a 1.070 millones de dólares. El presupuesto habla de 1.934 millones de dólares, pero no mencionan al Estado empresarial. Aerolíneas Argentinas perdió 246 millones de dólares en 2022 y esto lo dice el balance. Está AYSA y Ferrocarriles que llegan a tener 26 mil empleados públicos y todas tienen pérdidas. El Estado empresarial pierde 14 millones de dólares diarios y esa plata la pone el Tesoro. Ese es el origen del déficit fiscal y, si queremos avanzar un poco más, hay que cambiar la obra pública. Hay un trabajo del economista Montenegro que estimó que entre 2003 y 2015 la corrupción en la obra pública fue de 80 mil millones de dólares, es decir doce veces más que el déficit del presupuesto. Esas son las cosas que hay que cambiar, hay que atacar el déficit de las empresas públicas y el déficit de la obra pública. Ahí habría más que un punto de equilibrio”, expuso.
¿Qué dice el Decreto 594/2023
El contador Ramón Gallardo resumió el Decreto 594/2023 y destacó que en sus fundamentos menciona a los decretos 727/2021 y 725/2021 que son los que otorgaron la prorroga al sector industrial.
Reconoce que estas industrias poseen 900 empleados un 10% de los empleos registrados de la provincia de Tierra del Fuego.
También menciona que el Poder Ejecutivo Nacional ha realizado un pormenorizado análisis de lo que denomina Gastos Tributarios, los cuales tienen su origen, entre otras razones, a la normativa vigente en materia promoción industrial de Tierra del Fuego y que ha raíz de ello se ha destacado la necesidad de comenzar a tomar medidas que tiendan a la reducción gradual de los beneficios promocionales, en criollo a su eliminación en el tiempo.
Dicho esto, prorroga por 5 años los beneficios impositivos y aduaneros de las textiles desde el 31/12/2023 hasta el 31/12/2028 pudiendo la Secretaria de Industria de Nación mediante resolución fundada, prorrogarla por otros 5 años más, o sea hasta el 31/12/2033.
Para adherirse las empresas tienen plazo hasta el 30/11/2023 y deben:
* Renunciar expresamente a todo reclamo administrativo y/o judicial que tengan contra el estado provincial o nacional;
* Estar al día con las obligaciones tributarias y previsional;
* Cumplir con el aporte al FAMP desde el 01/01/2022 o sea el 15% del IVA, es decir 3,15%;
* Cuenten con proyectos vigentes al 23/10/21 -tener una Acreditación de Origen-;
* Cumplan con los procesos productivos mínimos.
* Hasta tanto no sea aprobada la adhesión, podrán exportar sus productos desde el 01/01/2024 pero con garantía -Seguro de Caución-. Si la adhesión es rechazada, se ejecutan las mismas, caso contrario se devuelven con un costo adicional, la caución. Pero además les reducen los incentivos promocionales a partir del año 2.025 en un 2,30% anual llegando al año 2033 a un reducción del 20,70% o sea a los 10 años.
Ahora bien, ¿a qué incentivos promocionales se refiere?
Hay que remitirse a la separata del presupuesto 2024 que menciona:
* Liberación IVA Ventas y Compras 0,12%
* Exención Impuesto a la Ganancias 0,07%
* Exención Derechos de Importación 0,07%
* Alícuota reducida de impuestos internos porque no los tienen.
Con relación al IVA, deben aportar un 15% o sea un 3,15% al igual que el resto de empresas del subrégimen industrial (dice en los términos y condiciones del art. 4 del decreto 727/21) por lo tanto será retroactivo al 01/01/2022 y la distribución del aporte será la misma 40% y 60%.
Pero además le reducen en un 2,30% a partir del año 2.025 en forma acumulativa los incentivos promocionales relacionados con la exención de Impuesto a las Ganancias y la exención de los Derechos de Importación.
A esto debe agregarse que a través de la Ley Provincial 2.498 y su Decreto 2.488/23 del 30/09/2023 se le aumenta en un 100% la Tasa de Verificación de procesos productivos. Antes pagaban una tasa del 1,80% y ahora es del 3,60%.
En qué consiste esto y cómo se calcula. Sobre lo que produce cada empresa en el mes se lo multiplica por el último precio de salida de ese producto y sobre ello se aplica el 3,60%. Esto se realiza a través del Formulario NT500.
Dice que la Secretaria de Industria podrá dictar las resoluciones aclaratorias y/o complementarias. Habrá que ver si es como lo expreso yo.
Además dice que la Secretaría de Industria podrá efectuar auditorias respecto a aspectos productivos, entre otros, que la existencia de insumos se corresponda con lo que producen y venden. Podrá celebrar convenios con el INTI. Estarán monitoreadas, como en el caso BARPLA.
Por último, se modifica la integración de la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE) perdiendo su banca la Municipalidad de Río Grande y Ushuaia, aumentando el número de integrantes de 7 a 9, con más peso de parte del Estado nacional.
No tiene presencia ningún representante de las textiles ni de otros sectores.
Hasta el 30/11/2023 podrán solicitar la sustitución de productos en el marco del Decreto 479/95 para agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, plagicidas.
