El apoderado de CAFIN aseguró que se manejaron otros borradores mucho más perjudiciales, desde la no prórroga, hasta un plazo de dos años, por lo que el decreto publicado ayer es lo mejor que se pudo conseguir. Atribuyó al lobby empresario la demora en resolver esta situación y, con cinco años prorrogables por otros cinco, quedará en cada empresa radicada la evaluación de las inversiones a realizar. Respecto del aumento de la tasa de verificación de procesos productivos, lamentó que no existiera una convocatoria para analizar la situación e informó que algunas empresas han decidido judicializar esta decisión del Gobierno.
Río Grande.- El apoderado de CAFIN, Alberto Garófalo, evaluó por Radio La Red 93.9 y Provincia 23 los alcances del decreto de prórroga para las textiles, publicado ayer en el Boletín Oficial. En principio dijo que “es un objetivo alcanzado, con todas las restricciones del caso, pero esto es lo mejor que se pudo conseguir. Desde la cámara es un tema al que le dimos absoluta prioridad en los últimos dos años, porque lo que habían sufrido las textiles había sido una discriminación que no estaba justificada bajo ningún concepto. Se fue avanzando en los últimos tiempos un poco más aceleradamente, hubo momentos en los que ya cundía el desánimo, hubo algún movimiento político que hizo que las cosas cambiaran, el gobernador se puso el tema al hombro y se pudo avanzar, con las limitaciones de las que ya veníamos hablando”.
Respecto de estas limitaciones, indicó que “esto está dentro de lo que se había conversado y hay una pérdida de beneficios que llega al 25% en los diez años que puede llegar a durar la extensión. A nadie le gusta perder beneficios pero estamos contentos de haber llegado a esta instancia”.
A partir del 30 de noviembre las empresas que van a seguir con la prórroga deberán desistir de las acciones judiciales y tendrían que hacer el aporte al FAMPF, si bien esto no quedó especificado. “El decreto tiene algunas ausencias, creo que más por olvido que por otra cosa. No se estableció que el proceso de solicitud de la prórroga se vaya a hacer de acuerdo a la resolución 228, que fue la que reglamentó el decreto 727. Lo único que dice es que hay que presentar esta renuncia y no da ninguna otra precisión. Imaginamos que estará presente en alguna reglamentación y está pendiente su publicación porque el tiempo es muy corto”, dijo.
“Con respecto al pago del fondo, desde el momento en que acepten la solicitud y aprueben la prórroga, a partir de ese momento tendrán diez días hábiles para integrar sus aportes con retroactividad al 1° de enero de 2022, salvo que la reglamentación especifique otra cosa. Por ahora, si nos guiamos por lo que dice la resolución 228 es así”, manifestó.
En cuanto a las perspectivas de inversión, con un plazo relativamente corto para recuperarlas, consideró que quedará a criterio de cada empresa. “Cuando se empezaron a manejar textos había alguno mucho peor que este. Estaba la posibilidad de que no saliera nada y que el 31 de diciembre se acabara todo, dejando más de mil familias en la calle. Luego se habló de una posibilidad de dos años prorrogables por otros dos, que no le servía a nadie porque se perdía la totalidad de los beneficios en cuatro años. Se fue avanzando y se pudo llegar a esta solución que a la vista de algunos puede parecer poco, pero ante el escenario en que estábamos es mucho. Si esto sirve para invertir a futuro, dependerá del negocio de cada empresa y mucho del mercado en que se mueven. Verán si estos plazos dan para la amortización de una máquina nueva por ejemplo. Hay algunas ramas que tienen que hacer una reinversión por exigencia de sus clientes y tienen que tener un nivel de calidad acorde con lo que exigen las marcas y seguramente la van a hacer. El resto lo evaluará”, planteó.
“Hay que tener en cuenta que en cinco años cae el mandato presidencial del presidente que vaya a suceder al próximo. Va a ser otra administración, o sea que hay que empezar a trabajar muy fuerte desde que asuma el segundo presidente que continúe luego del próximo turno. Habrá que moverse, veremos en qué situación está la Argentina, cómo está el contexto, y desde luego pondremos todo el esfuerzo, como lo venimos haciendo hace 40 años, para que esto tenga continuidad”, subrayó.
Consultado acerca de si fue muy grande el lobby al que tuvieron que enfrentarse para lograr lo que se logró, señaló que “de eso no hay dudas. El lobby funcionó y estuvo muy agresivo durante toda esta negociación. No creo que hoy estén muy contentos con el resultado, porque estaban convencidos de que nos borraban del mapa. Claramente esto es así y, si hay que buscar un argumento de por qué se hizo esta división con respecto a las textiles, hay que buscarlo por ese lado. El lobby es básicamente de las empresas que están agrupadas alrededor del PROTEGER. De allí viene toda la acción”, precisó.
Aumento de la tasa de verificación
Por otra parte se refirió al aumento al doble de la tasa de verificación de procesos productivos, que generó malestar en las empresas. “Algunas empresas han judicializado esto y otras han preferido no hacerlo. La realidad es que es una decisión controvertida. Una tasa viene a retribuir un servicio y en esto es un principio que no acontece. Hay cierta molestia en las empresas que es razonable, porque el incremento es muy importante. Nosotros hubiéramos preferido ir por una vía de diálogo para ver de qué forma se podía ayudar a la administración para salir de algún ahogo financiero, y no hacer algo tan perdurable. La verdad es que nos enteramos cuando se publicó, no tuvimos un contacto previo con Rentas ni con Hacienda de la provincia como para saber en qué situación se encontraban”, aseguró.
Lo cierto es que “la tasa de verificación pasó al doble, del 1,8 al 3,6%. En el mes de septiembre en virtud de esa tasa, la provincia recaudó unos 12 millones de pesos en un solo mes y es un ingreso importante. Con este aumento, si se mantiene el mismo nivel de actividad, tendría que pasar a 24 millones”, estimó.
Finalmente lamentó el cambio en la conformación de la comisión del área aduanera especial, dado que no contará con los representantes de los municipios, se aumenta el número de miembros de 7 a 9, pero con mayor representación del gobierno nacional. “Con esta modificación se concentra básicamente todo el poder de decisión en el Estado nacional. Si bien la comisión del área es un órgano asesor, la realidad es que más por defecto que por funciones establecidas, la comisión desempeña un papel fundamental para las empresas. Nuestro régimen está tan reglamentado que las empresas necesitan actuar con los funcionarios prácticamente en forma diaria y eso no lo pueden hacer con Buenos Aires. Nosotros insistimos desde hace mucho tiempo en que hubiera sido ideal que se generara un organismo mixto, con sede en la provincia, para que las decisiones fueran más rápidas y ejecutivas, y que quienes deben decidir estuvieran en el lugar de los hechos. Lo que está sucediendo desde hace bastante tiempo es que hay temas en los que la representación de nación no está en condiciones de resolver en el momento y se lo lleva para su estudio. Así todo se demora. Esto, para empresas que dependen de las autorizaciones para poder operar en forma normal, realmente es perjudicial”, aseveró.
“Con el tema de las SIRA la situación está entre paréntesis. Todo el mundo está esperando que pasen las elecciones para ver si se empieza a normalizar la situación. Tanto el tema de las SIRA como sobre todo las autorizaciones para pagos al exterior, vienen muy demoradas”, concluyó.
