El contador Ramón Gallardo analizó las primeras medidas anunciadas por el presidente electo Javier Milei. En materia de ingresos a las provincias, estimó que Tierra del Fuego se va a ver afectada por la reducción de coparticipación tras la modificación de Ganancias y la devolución del IVA, a lo que se suma la cancelación de aportes discrecionales del gobierno nacional. El ajuste del gasto público no debería preocupar a los empleados de planta, dijo, porque se apunta a eliminar a los que no trabajan, a asesores y adscriptos. Sobre la obra pública, estimó que se van a terminar las que están en marcha, en función del respeto a la propiedad privada que plantea el líder de La Libertad Avanza.
Río Grande.- El contador Ramón Gallardo visitó los estudios de Radio La Red 93.9 y Provincia 23 y analizó las medidas anunciadas por el presidente electo Javier Milei.
En principio se refirió a la deuda del Estado nacional y la posibilidad de eliminar las Leliq, que son “una bomba de tiempo” y el monto ascendería a los 24 mil millones de dólares en letras.
“La deuda pública bruta según los datos a junio de 2023, es de 419 mil millones de dólares, a lo que deben agregarse 60 mil millones de las Leliq y eso hace un total de deuda de 479 mil millones de dólares. De eso el 39% está en moneda local y el resto en moneda extranjera. Con respecto a las Leliq, tienen una cotización fija de 350 pesos. Si se ponen a una cotización de mil pesos, estaríamos en los 24 mil millones. Las Leliq o letras de liquidación y los pases pasivos son instrumentos que usa el Banco Central para regular la cantidad de dinero que está en la calle”, explicó.
“Los bancos captan el dinero de los depositantes a través de plazos fijos o caja de ahorro. Los depositantes son ciudadanos o empresas y con ese dinero realizan préstamos. Hay una cierta cantidad de dinero que no pueden prestar y se lo pasan al Banco Central. El Banco Central paga una tasa que fijó en agosto, del 133% anual, y una tasa efectiva del 254%. Las Leliq por lo general son a 28 días, por eso todos los meses llaman a licitación porque las van renovando. Las Leliq como los pases pasivos es plata de los ahorristas que los bancos no pueden prestar y se los colocan al Banco Central. Se llaman pasivos remunerativos porque el Banco Central paga una tasa. Esto ha hecho que las Leliq y los pases pasivos sean una bola, porque estamos hablando de 254% anual y esto significa que en un año se tiene que multiplicar por 2.54% más”, señaló.
“Quieren desarmar esta bomba porque en realidad buscan eliminar la emisión monetaria. Lo que hace el banco es quitar todo este dinero que está en la calle y de esa manera evita que presione sobre los precios y provoque mayor inflación. Si bien la idea es unificar el tipo de cambio, no se puede hacer porque, si no se renovaran las Leliq, estarían en la calle 24 mil millones de dólares o 24 mil billones de pesos, que presionarían sobre los precios provocando una mayor inflación”, dijo.
Primeras reuniones
Se le preguntó si tienen prevista una reunión con los funcionarios que van a asumir e informó que “ya tuvimos una reunión previa y están firmes en eliminar el déficit fiscal, que es algo que aplaudimos. Esto ha hecho que se valorizaran acciones y títulos de distintas actividades. Nosotros queremos participar de lo que antes se llamaba mesa de enlace. Primero piensan bajar el 15% del gasto público, 5% va a ser la reducción o eliminación de las transferencias discrecionales que se hacían a distintas provincias y eso representa el 5% del PBI. Después van a bajar un 5% más de subsidios a las tarifas de luz y gas. Piensan dar algún tipo de beneficio impositivo a las empresas, como la exención del impuesto a las Ganancias para que la empresa reinvierta su propio capital. El sinceramiento de las tarifas representa un 5% del PBI, que no afectaría tanto al consumidor sino a las empresas; y hay un 3% que corresponde a la eliminación de la obra pública”, detalló.
“A nosotros nos va a afectar el 5% de las transferencias, la coparticipación no se puede tocar porque es una ley y lo que van a tocar son las transferencias discrecionales. En el presupuesto 2023 que presentó el ministro Massa hablaba de una inflación del 60%, cuando a diciembre de 2023 va a llegar al 189%. Eso es lo que provoca el excedente de plata, porque los ingresos aumentan y el gasto está ajustado con una inflación del 60%. Ese es el excedente que en forma discrecional el Estado nacional reparte, de acuerdo a la camiseta que tengan los distintos gobiernos”, dijo de las ayudas del tesoro nacional.
Respecto del impacto de las medidas de Massa con la reforma de Ganancias y la devolución del IVA, dijo que “hay provincias como Entre Ríos que le significó un mes de sueldos del sector público. Yo creo que deben asumir su mea culpa. Los diputados y senadores del partido gobernante fueron los que aprobaron esa reducción y sabían que iba a afectar a las provincias. Hoy no hay dinero ni siquiera para obra pública. Decían que el déficit fiscal del 2023 iba a ser del 1.9% y va a llegar al 3.5%. Yo estoy de acuerdo con la reforma de Ganancias pero primero tendrían que haber buscado cómo compensar a las provincias. Ese dinero no es por una sola vez, sino que es para siempre, y todos los meses van a tener problemas. Apostaron a algo y les fue mal. Los gobernadores ahora quieren pedirle compensación a este gobierno antes de que se vaya, porque saben que con el que viene va a ser difícil. El gobierno que viene ya ha dicho que va a eliminar el 5% de las transferencias discrecionales. En Tierra del Fuego nos va a afectar de lleno, más la baja de coparticipación. Eso va a afectar las arcas y todos los gastos que están presupuestados. Tampoco hay posibilidad de aumentar los impuestos para recuperar eso”, planteó.
Presupuesto en espera
En cuanto al presupuesto provincial, consideró que no tiene sentido tratarlo hasta saber cómo queda el nacional. “Cada vez los presupuestos son más dibujados, no reflejan la realidad. El de 2023 hablaba de una inflación del 60% y estamos casi en tres veces más. El Estado nacional se queda con recursos que después reparte discrecionalmente. El que elevó en 2024 está hablando de una inflación del 70% y un dólar a 600 pesos a diciembre de 2024, cuando ya ahora estamos a 620. Es un presupuesto que no tiene ningún grado de seriedad. Incluso el presupuesto provincial va a tener que ser revisado totalmente porque no cierra por ningún lado. El que cerró un presupuesto hoy, no tiene ningún grado de veracidad con la realidad. Si nación no cerró el presupuesto, las provincias y municipios no pueden cerrar el suyo, porque esto es una cadena. Las municipalidades dependen de la parte que les va a dar el gobierno y el gobierno depende de lo que le va a dar nación. Es muy probable que el 11 de diciembre el nuevo presidente presente un paquete de leyes que van a tocar partidas presupuestarias. Quiere eliminar la estructura del Estado y dejar ocho ministerios, y esto afecta todo tipo de partidas. La estructura del Estado aumentó un 37% y la actividad privada aumentó un 6% y eso es lo que se va a atacar”, anticipó.
“El presidente electo quiere reducir los gastos de la televisión pública, de Télam, que viven haciendo campaña para el gobierno de turno en lugar de hacer un programa como corresponde. Tampoco tienen ingresos y cuanto más crece el Estado más necesita, entonces crean impuestos que le afectan a los pocos que están trabajando, porque el sector privado busca zafar y cada vez tiene más personal en negro. El Estado en Argentina es tan grande que yo veo bien que se ponga en órbita. Lo que busca el presidente electo es que no debe haber déficit, y vamos a ver si lo dejan. En Tierra del Fuego se tendría que hacer un trabajo similar y realmente tendrían que empezar a achicar los gastos”, consideró.
Aclaró que en el ajuste “no se está apuntando al empleado de carrera, sino a las adscripciones, al ñoqui, al que no labura, y esto se tiene que achicar de alguna manera. En su momento yo presenté un proyecto en la Legislatura porque no alcanzaban las sillas si estuvieran trabajando todos. No puede ser así y esto ocurre en otros estamentos. Nadie está en contra del empleado público, sino que hay que hacer algo con el que no está trabajando”, sentenció.
Impacto en la provincia
En materia de coparticipación, aseguró que la provincia se verá afectada porque “por un lado va a afectar el 5% de las ayudas discrecionales del Estado y por otro lado la coparticipación de Ganancias y el IVA. Creo que los gobernadores van a tener que sentarse y discutir la coparticipación, porque no es justo que el 40% de la población esté concentrada en la provincia de Buenos Aires. Debe haber beneficios para el que está a 3 mil kilómetros. Hay provincias como Córdoba donde las legislaturas trabajan y producen normas que hacen que cada vez existan más empresas privadas. Esas empresas privadas aportan impuesto a las Ganancias, aportan el IVA, que después se coparticipa; pero no hay diferencia entre aquel que labura para mejorar la actividad privada en su provincia, que aquel que no labura. Hay algunos que están sentados tranquilos, no hacen nada total les viene todo del Estado”, cuestionó.
“Cada provincia debería coparticipar lo que recauda y debería llevarse una parte del IVA y Ganancias que genera. Esto busca que las provincias desarrollen mayor actividad privada. No se puede contemplar solamente la densidad poblacional, porque si no, quedaría todo concentrado en dos o tres provincias, pero hay que premiar dentro de la distribución al que está haciendo Patria”, propició.
“Hoy no está en discusión la coparticipación y va a seguir así, pero a la larga, con este golpe que nos dieron con la reducción de Ganancias y del IVA, más la afectación a los aportes discrecionales que no vamos a recibir, la provincia tendrá que endeudarse más porque no tenemos recursos ni actividades para incrementar los impuestos locales y tener más ingresos”, pronosticó.
IPV sin viviendas sociales
Por último se lo consultó sobre la nueva política que implementaría el IPV, más parecida a la del Banco Hipotecario, con fondos privados y fideicomisos. “Creo que tiene que quedar claro que no hay plata. Fue fácil darle a la maquinita y repartir, pero ya no porque el nuevo presidente no lo va a hacer. Esta alternativa tendría que haberse aplicado hace rato, porque hay personas que pagan 6 mil pesos de cuota y no veo qué diferencia hay entre eso y regalar la vivienda. Si no tienen recupero hay algo que no funcionó. Milei dice que se va a respetar el derecho privado y es muy probable que los compromisos que asumió la nación con obras que no han finalizado, se vayan a respetar. No va a haber plan Bonex y respetar la propiedad privada es fundamental, por eso no creo que terminen afectadas las obras que están en marcha. De 2003 a 2013 la corrupción en la obra pública significó 80 mil millones de dólares, y supera lo que le debemos al FMI. Eso molesta, porque todos terminamos pagando un sobreprecio en el metro cuadrado, en la ruta, en todo. Por eso se está buscando sacar esto, porque la obra pública realmente significó una corrupción total”, concluyó.
