La ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo separó la obra pública proyectada de la que se encuentra en ejecución. Recordó la continuidad jurídica del Estado nacional y la obligación de respetar los compromisos asumidos, cuando ya existe un contrato. En el caso de obras futuras, advirtió que no todas serán atractivas para inversores privados y tampoco puede hacerse cargo la provincia. Puso énfasis en el derrame de la obra pública no sólo por la generación de empleo directo sino como motor de la economía.
Río Grande.- La ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, dialogó con Radio La Red 93.9 y Provincia 23 sobre los anuncios del presidente electo Javier Milei, en el sentido de suspender la obra pública financiada con fondos nacionales. “Lo vemos con preocupación porque la obra pública es un gran movilizador de la economía y genera trabajo para mucha gente del ámbito de la construcción. Hay empleados directos en cada obra y se benefician todos los rubros asociados a la actividad. Son muchos servicios indirectos los que tiene la construcción y esto es lo que nos preocupa”, dijo.
“La obra pública provincial tiene una parte vinculada con el plan de obras que se lleva adelante desde el ministerio, hay otra parte de obras que se lleva adelante desde la DPOSS, hay obras viales a través de Vialidad Provincial, y en el IPV particularmente hay obras de vivienda. La situación que nos afecta no nuclea solamente a las obras del Ministerio de Obras Públicas, sino a todo el paquete de obras que lleva adelante la provincia. Cuando uno suma todos estos eslabones, claramente se triplica el presupuesto del plan de obras del ministerio. El presupuesto es de casi 15 mil millones, pero si sumamos las obras viales, son 8 mil millones, el IPV tiene 8.5 mil millones, la DPOSS tiene cerca de 15 mil millones. Si hacemos el mapa de la gestión provincial el monto es bastante mayor”, resaltó.
“Hasta ahora tenemos los dichos del presidente electo, no hay una medida sino un lineamiento político a llevar adelante. En algún momento se planteó que los compromisos contractuales se iban a respetar y ahora parece que no. Esto no es posible porque hay continuidad jurídica del Estado y la provincia asumió compromisos con contratistas en función de un compromiso firmado por la nación. Hay que ver lo que se escriba para determinar cuáles son los derechos lesionados en la provincia. Si hablamos de un plan hacia adelante, podemos estar de acuerdo o no, pero es totalmente distinto si los compromisos asumidos por la nación no se respetan”, subrayó.
Aclaró que por el momento “estamos hablando sobre supuestos, en función de entrevistas a Javier Milei donde ha hablado de sus primeras acciones de gobierno. Cuando se firman contratos, se asumen compromisos, y no es posible que la provincia se haga cargo, porque si no hubiéramos necesitado financiamiento no hubiéramos ido en búsqueda de este financiamiento nacional”, planteó.
“La discusión sobre las nuevas obras sería distinta, tanto los proyectos que tiene la provincia como los que estaban en evaluación técnica. Para nosotros son obras prioritarias y la alternativa que se plantea de la iniciativa público-privada no es la solución para todo tipo de obras”, aseveró.
“Cuando uno habla de los fideicomisos de vivienda, también depende de quién es el inversor y los plazos de recupero. Quien invierte es el que pone las condiciones del recupero y, si hablamos de vivienda, no es lo mismo cuando financia un banco a cuando lo hace el Estado. Los tiempos de los privados son bastante más cortos. Esto podría adecuarse en alguna figura pero no en todas, porque el inversor pone su dinero en los lugares donde considera que va a tener rentabilidad. El gobierno de la provincia lleva adelante un montón de obras donde no hay recupero posible. Hay obras que lleva adelante el Estado que no son del interés del privado, porque no tienen posibilidad de recupero, como las redes de agua, cloacas, las conexiones domiciliarias, los centros de jubilados, de primera infancia. Esto no tiene una instancia de recupero porque se llevan adelante actividades gratuitas”, señaló.
“Nosotros queremos garantizar la continuidad de las obras actuales y seguiremos planteando el paquete de obras que son necesarias”, sentenció.
Obras en marcha
Consultada sobre las obras en marcha que estarían en riesgo de perder continuidad, detalló varias en las tres ciudades. “De las obras que tenemos en ejecución con dinero del gobierno nacional estamos en la instancia básica del Centro de Desarrollo Infantil de Río Grande y faltan las obras complementarias exteriores. En Tolhuin venimos más atrasados con el CDI, que está en un 80% de ejecución; en el caso del gimnasio de Tolhuin estamos pintando el piso y ya estamos en condiciones de poner las letras afuera y hacer el ploteado para dar apertura a la obra. En Ushuaia tenemos el Centro de Desarrollo Infantil de las 640 viviendas y se está completando el mobiliario interior; se está haciendo el movimiento de suelo del CDI de Barrio Escondido; y estamos en el último 5% de obra del centro de rehabilitación”, informó.
“En el caso de las obras de la DPOSS, tenemos la planta de Río Grande, el emisario submarino, la planta de Tolhuin, la nueva planta del macizo 154. En Ushuaia tenemos cuatro obras, la ampliación de la planta de potabilización del Río Pipo, el colector Malvinas que ya está en el final, el colector Maipú y hay una obra inmensa con 12 kilómetros de acueducto. Todas estas obras están en marcha y tenemos mucho por delante todavía”, afirmó.
“Nosotros seguimos gestionando conforme a los procedimientos que tuvimos todo este tiempo desde que comenzamos las obras. Remitimos certificados, documentación y a nivel nacional se caratula con un número de expediente de pago que pasa por distintas instancias. No tenemos frenado todavía ningún procedimiento y se sigue trabajando en la provincia y en la nación”, indicó.
Con respecto a las deudas de nación, aseguró que se viene recuperando el dinero que invirtió la provincia con el pago de certificados. “En el caso de las obras de DPOSS el gobierno nacional ha ido levantando certificados y vamos recuperando dinero que puso la provincia. No es que nos deben de antaño y que nunca nos pagaron. Hay certificados de obra y certificados de redeterminaciones que se pagan con la misma modalidad de adelanto de los fondos”, dijo.
Finalmente se le preguntó si va a continuar en el cargo en la próxima gestión. “Es algo que le tienen que preguntar al gobernador Melella, que es quien va a definir su nuevo gabinete. El gobernador me va a encontrar trabajando donde lo necesite en esta segunda gestión”, concluyó Castillo.
