El legislador del MPF Pablo Villegas expresó su rechazo a una reforma constitucional y atribuyó la intención del Ejecutivo de que se trate un proyecto de esta naturaleza a las aspiraciones personales de Gustavo Melella a una re-reelección. Planteó la necesidad de dejar de lado una agenda política que está alejada de la demanda de la gente y consideró que se debería convocar a la convención del partido para fijar posición sobre la reforma. Además cuestionó la falta de acceso a la información pública para deslindar las responsabilidades sobre la instalación del radar de Leolabs.
Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas cargó contra la intención del gobernador Gustavo Melella de avanzar con una reforma constitucional y lo atribuyó a sus aspiraciones re-reeleccionistas. Remarcó que la gente le dijo basta a la clase política que está alejada de la gente y consideró que, de hecho, “Milei es la resultante del fracaso de la dirigencia política para resolver los problemas de nuestra gente. Hay un 45% que vive bajo la línea de pobreza y casi un 10% bajo la indigencia. Hubo un fracaso en términos económicos por los altos índices inflacionarios. En ese marco conceptual de desaciertos y de agendas políticas alejadas de la realidad, se incluye esta pretensión de reforma constitucional”, criticó por Radio Provincia.
Se preguntó “quién puede tener el atrevimiento de decir que a través de una reforma constitucional nosotros vamos a generar las condiciones económicas suficientes como para poder tener recursos y satisfacer las demandas de los distintos sectores de la provincia, entre ellos la educación. A través de una reforma constitucional no vamos a sacar de la línea de pobreza a muchos de nuestros funcionarios policiales. El personal subalterno tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza y debe intervenir en la resolución de los casos más emblemáticos de la provincia. A través de una reforma constitucional no vamos a resolver estos problemas ni vamos a garantizar que se termine el hospital de Ushuaia, ni vamos a generar las condiciones para que los médicos vengan a radicarse a Tierra del Fuego, ni se va a solucionar el problema de la vivienda”, fustigó.
“Yo creo que esta reforma constitucional que pretende el gobernador cae dentro de las generales de la ley, y es parte de una agenda política que responde a generar la expectativa de una re-reelección en el próximo período de gobierno. Esto cae de maduro simplemente aplicando el sentido común y no estoy de acuerdo con una reforma constitucional”, sentenció.
“Como representante del pueblo de la provincia tengo que estar abocado a resolver los problemas estructurales de nuestra gente para garantizar mejores condiciones de vida, y dejar de lado esta agenda que solamente le interesa a un sector de la política y no representa solución alguna a los problemas de todos los días de nuestra gente”, subrayó.
Advirtió que “estas reformas siempre traen cosas escondidas bajo el poncho y una presentación de estas características sería una decisión desacertada. Hay que abocarse a los problemas de todos los días de la gente”, reclamó al gobernador.
Recordó que “la convención constituyente ha sido muy sabia y prevé una enmienda por año, para hacer una reforma parcial. El mayor desafío que tenemos, más que reformar la Constitución, es hacer que se cumpla. La Constitución establece un sistema recíproco de controles entre los poderes del Estado, y determina ciertas garantías funcionales al Poder Legislativo para que pueda cumplir funciones básicas, como ser contralor del Ejecutivo. Esto tiene que ver con el acceso a la información pública y, si tomamos el caso del radar de Tolhuin, hace mucho venimos peleando desde la Legislatura provincial para acceder a la información pública, pero el propio gobernador Melella se opone a que se pueda investigar de manera concreta la responsabilidad que le cabe a los funcionarios que facilitaron la instalación del radar”, aseguró.
Supuesto encubrimiento
Villegas deslizó un supuesto encubrimiento de Melella de los funcionarios responsables de la instalación del radar y cuestionó la falta de acompañamiento de sus pares para avanzar en una comisión investigadora. Afirmó que, para saber qué ocurrió con el radar “no hace falta una reforma constitucional, sino tener un espíritu republicano y respetar nuestra Constitución, garantizando el acceso a la información pública a quienes tienen la función de ser contralor, como es el caso de los legisladores. Eso no está pasando ni siquiera al día de la fecha. La información que hemos recibido ha sido extemporánea e incompleta, porque llegó a los 90 días; además está llena de obstáculos tendientes a evitar que la gente pueda saber cuáles son los intereses que se esconden tras la instalación de ese radar. Al día de la fecha ese radar no está desarmado, hay funcionarios de primera línea a nivel nacional que indican que el desarme es responsabilidad del gobierno de la provincia. Los excombatientes han dicho que se seguiría prestando el servicio de energía, y toda esta confusión obedece a una falta de voluntad política del Poder Ejecutivo para garantizar el acceso a la información pública y permitir que se puedan deslindar las responsabilidades institucionales de los funcionarios que han intervenido”, acusó.
Con respecto a las sanciones que prevé la ley de acceso a la información pública, apeló más bien al respeto de la Constitución antes de hacer uso de una herramienta legal. “La ley 653 de acceso a la información pública prevé poder recurrir a la justicia cuando el plazo se vence, pero esto va más allá de tener una herramienta legal que facilite el acceso. Hay una renuencia y una falta de voluntad política en la figura del gobernador para que se pueda acceder y que sus funcionarios puedan rendir cuentas”, enfatizó.
“Yo ya solicité de todos los modos posibles que se cite a los funcionarios. Lo hice en la comisión 7 de Malvinas y tuve respuesta negativa; planteé públicamente la necesidad de crear una comisión investigadora al respecto y tampoco tuve acompañamiento de mis pares. Habrá que ver si esta realidad cambia con la próxima conformación de la Legislatura”, expresó.
Pronunciamiento de la convención
Se le preguntó si su postura frente a la reforma constitucional es personal o fue tomada desde el partido, dado que es parte de la coalición de gobierno. “Es una opinión personal, yo no he hablado con el legislador Löffler y seguramente nos juntaremos en el transcurso de la semana para hablar de esto, veremos si se junta la convención del MPF, porque es un tema de marcado interés institucional y ameritaría que se ponga en funcionamiento la convención para que se trate un tema semejante. Es importante saber la opinión del máximo organismo partidario al respecto. Sería lo más razonable, teniendo en cuenta que la Constitución de la provincia refleja las políticas públicas en distintos ámbitos”, dijo.
Suspensión de obra pública
Por otra parte, expresó su preocupación por el anuncio del presidente electo vinculado con la suspensión de la obra pública, pero abrió la posibilidad a iniciativas público-privadas para los servicios que presta el Estado.
“Por un lado es preocupante para los fueguinos escuchar manifestaciones del presidente electo respecto de que se van a suspender los giros a las provincias para financiar la obra pública. Todos sabemos que muchas de las obras públicas que se hacen en la provincia, que son estructurales, están atadas al financiamiento nacional. Yo comparto la preocupación de algunos referentes locales”, aclaró.
“No obstante hay herramientas a nivel nacional que hacen referencia a la iniciativa público-privada. La provincia hace rato que está adherida a través de la ley 1.161, y es un sistema que hay que empezar a utilizar, para generar incentivos en la provincia en el ámbito privado y hacer apetecible la realización de algunas obras públicas”, propició.
“Yo planteé este sistema de iniciativa público-privada meses atrás en un proyecto de ley que tiene estado parlamentario, precisamente para resolver por ejemplo, la necesidad de construir una cárcel en la ciudad de Ushuaia y la ampliación de la cárcel de Río Grande. No inventé la pólvora, simplemente vi la realidad de otros lugares del mundo donde la construcción de las cárceles y la prestación de algunos servicios están a cargo de sectores privados. Se puede hacer uso de esta herramienta de iniciativa público-privada para generar las condiciones atractivas para que los privados, a través de una concesión, puedan por ejemplo construir una cárcel en Ushuaia. Esto lo presenté hace casi un año y lo ha aplicado Brasil, Chile, Estados Unidos y otros países para satisfacer estos problemas estructurales. Habrá que ver si esa herramienta contractual se puede utilizar para otras demandas del Estado”, concluyó.
