El ex secretario de Energía Moisés Solorza habló de aumentos de hasta el 800% en las tarifas de electricidad, que tendrán su correlato en el aumento del gas. A la quita de subsidios se suma la segmentación que ha hecho el gobierno provincial y que haría impagable un tubo de gas aun para familias con ingresos medianamente altos. Reclamó un plan estratégico para contrarrestar los efectos de la quita de subsidios, de manera que la provincia pueda proveerse del gas en boca de pozo y distribuirlo a precios locales.
Río Grande.- El ex secretario de Energía Moisés Solorza aseguró por Radio La Red 93.9 y Diario Provincia 23 que “estamos en el umbral de una catástrofe energética” y llamó al gobierno fueguino a diseñar un plan de emergencia para generar en boca de pozo y poder distribuir a valores locales.
“Hay elementos que indican que tanto los servicios públicos y los combustibles, el petróleo y el gas van a sufrir aumentos exponenciales. Si vamos a los combustibles, ya estamos viendo cuál es el sendero, con un 87% de aumento en menos de un mes, y esto ha llevado a un aumento de toda la cadena de producción y distribución. Esto va a seguir aumentando porque el gobierno piensa llevarlo al precio internacional y estaría entre los 800 y los 850 pesos el combustible en Tierra del Fuego. El gobierno pretende que desaparezca el denominado barril criollo y llevarlo al precio de exportación, que es de 80 ó 90 dólares, contra los 40 dólares actuales”, sostuvo.
Cuestionó al gobierno provincial porque “no existe una planificación energética sobre lo que se va a hacer con cada uno de los segmentos, combustible líquido, gas, petróleo, GLP, y cuáles son los planes de obra que se tienen a futuro para que las familias no tengan que pagar 80 mil pesos un tubo de gas envasado. La falta de una planificación adecuada en nuestra provincia lleva a que más de siete mil familias sufran esto, con la quita de subsidios a nivel nacional. Hay una falta de pericia total y una improvisación inaceptable por parte del gobierno de la provincia, que saca dos decretos segmentando el GLP para estas siete mil familias, sin tener en cuenta el contexto nacional que se está viviendo con la quita generalizada de subsidios. Una familia no va a poder afrontar de ninguna manera el pago de 80 mil pesos por más que gane un millón de pesos como ingresos familiares. El gobierno de la provincia emite un decreto segmentando a estos sectores, que son los más vulnerables energéticamente, con lo cual el castigo es doble”, planteó.
Precisó que “el primer decreto dice que le van a quitar los subsidios a todos los vecinos que tengan cinco salarios mínimo vital y móvil, que son 660 mil pesos. Cuando me preguntaron yo recomendé aumentar el salario mínimo vital y móvil a siete y además ajustarlo por índice de inflación. Cuando estuve en la Secretaría de Energía propuse más de una vez subir de rango de secretaría a ministerio, algo que se hizo y me parece perfecto, por la independencia que necesita en la toma de decisiones. Espero que no sea solamente para acomodar cargos políticos. Los escenarios que se plantean a nivel nacional afectan directamente a nuestra provincia y tener el precio del gas dolarizado lo único que va a hacer es trasladar la tarifa a precios impagables, tanto para la tarifa de gas por redes como para la electricidad. Mi propuesta fue que se realice un mercado local de energía y que el Estado compre en boca de pozo a las productoras locales, para tener precios locales y no dolarizados e internacionales. En este esquema es clave que el gobierno de la provincia tome recaudos para contener la cuestión social. Se deben tomar medidas preventivas frente al caos social que se puede provocar en el corto plazo”, reclamó.
“Hoy está declarada la emergencia y lo que se está promoviendo es la quita generalizada de subsidios en todos los segmentos. El 90% de los siete mil vecinos que no tienen gas de red, tienen asistencia de dos lugares, una del Estado provincial y otra del Estado nacional a través de distintos programas. Prácticamente no se usa la garrafa en Tierra del Fuego, sino los tubos de 45 kilos. Por decreto, la provincia segmentó este grupo. En el caso de los vecinos de nivel 1, el vecino paga 234 pesos por cada tubo de 45 kilos. Entre el Estado nacional y provincial se hacen cargo de 19.485 pesos que valdría un tubo de gas sin subsidio. El programa no está todo el año, sino en una determinada época invernal, de marzo a septiembre, y después se dan algunos refuerzos. Una familia en Tierra del Fuego que percibe un ingreso superior a los 660 mil pesos va a perder el 100% del subsidio y el vecino va a pagar 19.485 pesos por tubo. Luego hay una cuestión progresiva para los vecinos que ganan menos de 660 mil pesos, porque el gobierno provincial lo segmentó. Los que reciban menos de siete salarios mínimo vital y móvil, que son casi un millón de pesos para la categoría más alta, van a empezar a pagar el 53% de ese valor. Hay una quita progresiva del subsidio que antes daba el Estado. El usuario en este caso va a pagar 10.530 de los 19.485. Esa es la categoría intermedia. A esto se suma que el Estado nacional dice que ahora va a quitar todos los subsidios, inclusive el de la zona fría para Tierra del Fuego para el gas por redes, que es el 50%. Por eso hablo de una catástrofe energética, que es generalizada en toda la cadena de energía, producción, transporte y distribución”, subrayó.
Reiteró que “el gobierno debe tomar medidas para contrarrestar esta quita generalizada de subsidios y convocar a las petroleras a realizar un nuevo esquema para comprar gas en boca de pozo y poder distribuirlo a través de Camuzzi, y generar electricidad a través de la Cooperativa Eléctrica y la DPE. De lo contrario, los aumentos van a ser exponenciales y pueden ser multiplicados por 15 en el caso de la electricidad. Además la Cooperativa Eléctrica y la DPE están proponiendo un aumento del 70% de la tarifa, lo cual me parece leonino frente a lo que plantea el esquema nacional. Tierra del Fuego abona el 17% del costo real de la energía eléctrica. Es decir que si trasladamos el 80% restante, habría que multiplicar por 80 la tarifa actual”, estimó.
“Yo le recomendé al gobernador que tome una medida extraordinaria ante esta situación para desacoplarnos de la lógica nacional y comprar nuestros propios recursos a precios locales. Por otra parte, el retraso de los salarios no está contemplado, no se habla de recomposición salarial, y esa brecha es enorme con respecto a la quita brutal de subsidios en todos los segmentos. Si hay un parate energético, una caída brutal de salarios que quedan reducidos a la mitad con la devaluación que hubo, y si a eso se le suma el aumento exponencial de tarifas y alimentos, estamos en una crisis que muy pocos están imaginando. Hay que tomar medidas urgentes porque la población está siendo vulnerada en cuanto a su seguridad energética y muchos ya cayeron en la pobreza energética, más allá de que tengan un buen salario, porque si se suma el 70% de aumento de electricidad y la quita de subsidios, van a ser tarifas impagables, con un 800% el primer mes”, alertó.
“Nosotros creemos en la autonomía de las provincias productoras y entendemos que Tierra del Fuego no está ejerciendo su rol como corresponde, tanto en el directorio de YPF como en la administración de los recursos naturales. La Legislatura no emitió una sola palabra con respecto a la quita indiscriminada de subsidios y tampoco escuché de parte de los intendentes y el gobernador un plan, una estrategia o un rumbo, frente a las medidas que ya tomó el gobierno de Javier Milei. Es importantísimo que el gobernador entienda que debe convocar al Consejo Económico y Social de la provincia frente al despido generalizado de trabajadores de la industria, y es necesario convocar a legisladores y diputados, y a los vecinos de la ciudad para promover un plan alternativo. No veo la voluntad de la convocatoria para ver cómo nos organizamos como sociedad frente a la catástrofe energética que se va a vivir”, concluyó.
Milei decretó la emergencia energética y se vienen fuertes subas de tarifas
El Gobierno nacional, con el presidente Javier Milei a la cabeza, dispuso la emergencia del sector eléctrico en los segmentos de generación, transporte y distribución hasta el 31 de diciembre de 2024. Así, dará continuidad a la intervención de los entes reguladores e iniciará el proceso de revisión tarifaria del servicio eléctrico.
Así se reflejó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 55/2023, publicado este lunes en el Boletín Oficial, en el que sostiene que existe “una efectiva situación de emergencia que debe ser reconocida y así declarada”.
Habiendo evaluado la situación en que recibe el sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro, “resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro”, destaca el texto en sus considerandos.
En consecuencia, el DNU declara en su artículo 1 “la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”.
La declaración de emergencia y las acciones que de ella deriven “tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024”, según sostiene el DNU firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los demás ministros.
El artículo 2 instruye a la Secretaría de Energía que disponga el programa de acciones necesarias para “la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios”.
En ese sentido, determina a través del artículo 3 el “inicio de la revisión tarifaria” correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de “transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”, y establece que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes “no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024”.
En el DNU también se dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a partir del 1 de enero de 2024 y hasta la designación de los miembros del Directorio que resulten del proceso de selección previsto en el mismo DNU.
Al respecto se faculta a la Secretaría de Energía a designar a los interventores de ambos organismos técnicos, quienes tendrán entre sus funciones encomendadas “realizar los procesos de revisión tarifaria” y “evaluar e informar sobre la gestión de Compras y Contrataciones” y eventuales anomalías.
Finalmente, el DNU dispone de un plazo de 180 días para que la Secretaría de Energía inicie el proceso de selección de los miembros de los directorios de ambos entes, de acuerdo con los marcos regulatorios vigentes.
