El abogado de la empresa Roanmat, Miguel Febré, informó sobre la postura de la empresa Roanmat, que ocupa el sector de las termas del río Valdez y reclama la mensura para poder quedarse con las 400 hectáreas que les fueron cedidas en la época del ex Territorio. Aseguró que el Municipio de Tolhuin no puede plantear un desalojo en 72 horas, como comunicó el intendente Daniel Harrington vía carta documento, porque el desalojo es competencia de la justicia y debe haber un juicio previo. Dio a conocer el inicio de un juicio por usucapión, que permite reclamar tierras a quien las haya ocupado más de 20 años.
Río Grande.- El abogado de la empresa Roanmat, Miguel Febré, dialogó con Radio La Red 93.9 y Provincia 23 sobre la carta documento que remitió el Municipio de Tolhuin, por la cual intima a la firma a desalojar las termas del río Valdez. Para Febré no pueden intentar recuperar algo que no les pertenece.
“Se habla de recuperar las termas y lo que nosotros sostenemos es que se recupera lo que se tiene. En este caso la empresa realizó el camino, realizó piletas e hizo todo lo que tenía que hacer. Cuando éramos Territorio se firmó el convenio y Roanmat empezó a hacer la infraestructura. Tenía determinadas cuestiones que cumplir, como cercar el predio. La traza del camino se hizo, se realizaron los puentes, se hizo absolutamente todo. Faltaba la calefacción, que tiene que ver con el tema del gas y cercar el predio”, dijo.
“Con la provincialización cambió todo, hubo un quiebre en toda la situación vinculada con la infraestructura de turismo. Empieza un deterioro y palos en la rueda. Las hosterías fueron abandonadas, lo mismo la aerosilla del Martial. Hubo desidia o intereses para que pasara todo esto, y lo mismo sucedió con Roanmat. Para poder delimitar, lo que necesitaba era una aprobación de la mensura, porque la empresa no puede alambrar sin una mensura aprobada. Son 400 hectáreas y la mensura no se aprobó nunca. La empresa necesitaba el gas, pero no se podía hacer nada al no tener la delimitación, que corresponde a Catastro de la provincia. Una mensura la puede hacer un particular pero luego tiene que ser analizada por Catastro”, explicó.
“Ahora las termas estarían dentro del ejido urbano de Tolhuin, pero eso no implica que sean propiedad del Municipio, porque había una demanda anterior, y además acá hay reservas naturales. Se cree erróneamente que, por el hecho de ser una reserva, eso pertenece a la provincia o al municipio. Es un error, porque las reservas se hacen para controlar el uso y la explotación dentro de la reserva, pero se respeta la propiedad privada. De hecho hay parques nacionales que tienen propiedades privadas dentro”, afirmó.
Negó que el intendente de Tolhuin que, vía carta documento, dio un plazo de 72 horas para que desalojen el lugar, tenga facultades para hacerlo. “Para poder desalojar o iniciar juicio de desalojo, se necesita que la parte tenga la obligación de restituir el bien. Si esa parte no tiene la obligación de restituir, no proceden los desalojos. La provincia dice que la empresa no cumplió y por lo tanto viene la cuestión del desalojo. Ni bien sucede la cuestión del desalojo, la empresa siguió permaneciendo en el lugar, porque la familia nunca salió. Pasaron 22 años y la empresa va detrás de la propiedad, porque hay una ocupación de más de 20 años. Se reclaman las 400 hectáreas, que son las que se tuvieron siempre. Hoy nos encontramos con una situación de la posesión. Cuando existe posesión, no son posibles los desalojos. La compra y la posesión es un derecho real”, indicó.
Insistió en que “el municipio de Tolhuin no tiene potestad para llevar adelante ningún tipo de desalojo, eso lo decide la justicia. Yo creo que hay un desconocimiento del tema jurídico, porque una de las cosas que dice es que eso pertenece al municipio y desconoce que aunque sea una reserva no pertenece al municipio, porque son bienes privados”.
Lo cierto es que Las Termas tienen un potencial tremendo que no se explota ni se deja explotar. Siguen cerradas al público “porque al no aprobarse la mensura, la empresa no puede desarrollar el emprendimiento, no puede llevar el gas, y está en una situación de incertidumbre. Pasados los 20 años yo inicié el juicio de usucapión, y se mandó a Catastro la mensura. No la aprobó porque dijo que era tierra del Estado. Lo que se necesita en el proceso judicial es la mensura, pero si esa mensura el Estado no la aprueba, no hay proceso judicial. Una vez que se presenta la mensura, el Estado puede decir que eso le corresponde. Acá se está violando el estado de derecho, porque están violando la ley. El Estado tiene todas las facultades de presentarse en el juicio de usucapión pero lo que no puede hacer es trabar la cuestión de la mensura”, dijo.
“Nosotros ya estamos con el proceso de usucapión y se presentaron los planos en Catastro. Se tendría que aprobar la mensura y después decidir judicialmente de quién es la tierra. Tenemos una empresa que lo dio todo, que puso máquinas viales, topadoras, hizo apertura de caminos. La empresa necesita la aprobación de la mensura así que tenemos un proceso por aprobación de mensura y estamos en el Superior Tribunal de Justicia pidiendo un amparo por mora, por la no aprobación. En este caso correría la misma suerte el Municipio de Tolhuin y hay que hacer un amparo porque Catastro se está tomando atribuciones que no le corresponden”, aseguró.
“Ningún municipio puede decretar un desalojo, porque lo hace la justicia. Nosotros vamos a demostrar que hay posesión y en el desalojo ellos tendrán que demostrar que no hubo posesión. Acá el responsable político es el intendente Harrington”, concluyó.
