El proyecto contiene más de 30 artículos con modificaciones a la actividad petrolera, algunas de las cuales ya han sido admitidas como ‘errores’ por parte del secretario de Energía de la Nación.
Río Grande.- Los gobernadores patagónicos que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) plantearon en un documento su preocupación por el contenido de buena parte de los artículos de la ley ómnibus que afectan a la actividad petrolera. La pérdida de la jurisdicción provincial, el riesgo de que las retenciones vuelvan a elevarse y la potestad de quitar áreas por incumplimientos de inversiones son algunos de los aspectos más polémicos de la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La primera advertencia en torno a los alcances del proyecto de la ley ómnibus la había formulado el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, al advertir que había un avance sobre la ley corta de Hidrocarburos, ya que el nuevo texto pretende devolver a la Nación la potestad de adjudicar áreas petroleras.
Ante ese planteo, el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo salió a aclarar que había sido “un error en la redacción” y afirmó que no habrá ningún tipo de nacionalización de los recursos petroleros, que continuarán en poder de las provincias.
Sin embargo, el texto normativo contiene una serie de implicancias, de las que la mencionada es una de las más graves, pero no es la única. Esa situación motivó que los gobernadores patagónicos, que integran la OFEPHI junto a mandatarios de provincias productoras de otras regiones, emitiera un documento en las últimas horas, durante una reunión en Villa La Angostura, para expresar el rechazo a los puntos que colisiona con el derecho de las provincias petroleras a manejar sus propios recursos.
Los derechos que Nación pretende quitar a las provincias petroleras
El texto fue difundido tras la reunión en la que participó el gobernador Ignacio Torres junto a sus pares de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de La Pampa, Sergio Ziliotto; y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, incluye los puntos más polémicos del proyecto de ley.
Uno de los primeros puntos que aborda es el vinculado a la potestad de las provincias en materia hidrocarburifera. Más allá de las expresiones periodísticas de Rodríguez Chirillo, el texto aún no fue modificado en su redacción original:
El proyecto de ley dice, en su artículo 298, que es facultad del Poder Ejecutivo Nacional decidir sobre temas de su competencia, entre los que incluye “otorgar permisos, concesiones y autorizaciones” en materia de hidrocarburos.
Al respecto, los gobernadores advierten que ese artículo es inconstitucional, ya que vulnera la ley corta, que se creó en respuesta a la Constitución reformada en 1994. Dicha norma establece:
“Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren”.
Cambios en el sistema de concesiones
Los gobernadores advierten otro punto polémico, ya que el proyecto de ley habla del objetivo de “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país”.
Si bien los mandatarios comparten ese objetivo, añaden que el mismo “debe ser cumplido asegurando no sólo la sustentabilidad económica de los inversores, sino también la sustentabilidad social y ambiental de las poblaciones y las regiones donde se desarrolla esta actividad”.
En concreto, el documento aclara que también debe haber una renta social para asegurar el desarrollo del lugar donde se realiza la explotación: “Necesitamos imperiosamente el concurso del gobierno nacional y del sector privado para llevar adelante las obras de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento poblacional, el cual muchas veces suele ser exponencial”, afirma el texto.
Los gobernadores también rechazan el artículo 291 de la ley ómnibus, en el que se elimina como causal de quita de las concesiones, el incumplimiento de las inversiones comprometidas al momento de acceder a la concesión del área.
Otro de los artículos polémicos del proyecto es el que elimina la posibilidad de otorgar prórrogas de concesiones por 10 años, ya que el artículo 277 establece que “las concesiones de explotación existentes, al fin de su término, no pueden ser adjudicadas sin mediar un nuevo acto licitatorio. La licitación correspondiente podrá realizarse con un plazo mínimo de antelación de un año al vencimiento de las mismas”.
Según el análisis de juristas, esto obligaría a las provincias a llamar a licitación con celeridad ante el próximo vencimiento de áreas que, por ejemplo, caducan en el año 2025, eliminándose la potestad de la provincia para acordar la prórroga por 10 años más.
Los gobernadores piden además modificar el sistema de cánones de permisos, para posibilitar que sean actualizados en base a la evolución del valor internacional del petróleo, tal como se estableció en un decreto del año 2020. El proyecto de ley, en cambio, vuelve a fijar valores nominados en pesos para esos permisos, lo que suele quedar rápidamente desactualizado frente a la inflación.
En contra de una posible suba de retenciones a la exportación y la falta de incentivos para importar polímeros
El documento hace alusión a la posibilidad que queda abierta en la redacción del proyecto de ley ómnibus, para que las retenciones a la exportación de petróleo superen el tope del 8%, que se mantuvo actualmente para este tipo de producción, al igual que para la minería.
El artículo 207 del texto faculta al Poder Ejecutivo a elevar esas alícuotas, según las necesidades de sostenibilidad fiscal, por lo que el documento de los gobernadores pide establecer un techo para no superar el porcentaje que rige actualmente.
Hay otro punto que forma parte de la discusión, que no se llegó a incluir en el documento pero que preocupa especialmente a Chubut, Santa Cruz y otras provincias con áreas maduras. Se trata de las dificultades para importar polímeros y otros insumos utilizados en las técnicas de recuperación terciaria. Recientemente hubo una modificación normativa, por la que se elimina el impuesto PAIS (cuya alícuota se había elevado al 17,5%) para insumos utilizados en la elaboración de productos exportables, pero ese beneficio no tuvo en cuenta a los mencionados elementos químicos, que posibilitan producir petróleo en esta región, con fuerte inserción en el mercado internacional.
El tema formará parte de la discusión en las próximas rondas de encuentros, en tanto la OFEPHI convocó a una sesión especial de todos sus integrantes para la semana próxima. Además de los nombrados, la OFEHPI es integrada por los gobernadores de Santa Cruz (Claudio Vidal no estuvo presente en La Angostura), Mendoza, Salta, Formosa y Jujuy.
Hay que recordar también que otros aspectos contenidos en el proyecto de ley ómnibus sí son compartidos por los gobernantes petroleros. Entre ellos, la ya mencionada eliminación del ‘barril criollo’, tal como informó ADNSUR en un informe anterior.
